Desaparecidos

UN NUEVO delito de estado -allá donde los estados están constituidos sobre una práctica delictiva- aflige especialmente a los países latinoamericanos: las desapariciones. Reunida en Lima una conferencia de delegados de la asociación de familiares de detenidos y desaparecidos ofrece una cifra aproximada -el mismó carácter del delito impide la exactitud- de las víctimas de desapariciones en el subcontinente desde hace diez años: unas 90.000. El crimen así realizado tiene unas relativas garantías de impunidad. Las cárceles oficiales o improvisadas sierripre se prestan a recuentos, por mucho que se las oculte; los cadáveres en las esquinas también. Las ejecuciones oficiales, por aplicación de pena de muerte, están abolidas en la mayor parte de las constituciones como un tributo meramente formal a una civilización en la que no se cree: son eliminaciones en las que el estado no puede negar su participación. La desaparición de enemigos reales o supuestos, de simples contradictores, o de personas desagradables tiene notables ventajas. Las policías recogen cuidadosamente las denuncias y con el mismo cuidado las archivan; las responsabilidades se derivan hacia grupos supuestamente clandestinos, en todo caso a organizaciones parapoliciales o paramilitares ajenas al estado; los jueces suelen declararse incompetentes. Siempre cabe la hipocresía de achacar la desaparición a la propia voluntad del que se ha ido. El desaparecido es, simplemente, tina persona que no está, que se ha desvanecido. Los familiares que les buscan se encuentran con la nada, con el vacío, muchas veces con pistas falsas, y algunas con amenazas más o menos veladas para que cesen sus pesquisas. Los espectadores de cine españoles tienen buen ejemplo de todo ello, para meditar, en la película Missing.

La conferencia de Lima ha relatado cásos concretos. Cada una de estas 90.000 desapariciones es una tragedia de enorme envergadura humana. Pide, sobre esos relatos y sobre esas cifras, una definición clara del delito de desaparición por parte de las altas instancias jurídicas internacionales; los allí reunidos pretenden que el tema de los desaparecidos se equipare al genocidio -para lo cual se basan principalmente en la desaparición de niños, incluso de recién nacidos-, que se culpe directamente a los estados en que se practica. Se oponen a que los poderes bajo los cuales este genocidio se ha cometido o se está cometiendo se indulten a sí mismos o a que las oposiciones pacten un. olvído a cambio de la modificación del régimen: este último caso es de Argentina, que figura, con Chile, a la cabeza de esta delincuencia. Brasil, como paso previo a una probable suavización del régimen en torno a las elecciones del próximo día 15, ha decretado ya una amnistía que si teóricamente está hecha para legalizar la oposición, en la práctica borra los delitos de desaparición y otros favorecidos por las estructuras oficiales. El Gobierno de Chile se amnigtió a sí mismo en 1978. La asociación teme que las investigaciones que ha iniciado Bolivia después del traspaso del poder de los mílitares a los civiles tengan que detenerse ante el miedo de provocar un nuevo golpe. Preocupa por otro lado que, en países donde conservan vivos pero ocultos a los desaparecidos, se apresuren a matarles para que su testimonio no alcance a los culpables.

Muchos políticos de la oposición en esos países temen que este tema esté impidiendo el fin de algunas dictaduras: el miedo a la responsabilidad aferra a sus puestos, y a continuar ejerciendo la violencia, a quienes por otra parte estarían quizá dispuestos a regresar a sus cuarteles como si no hubiera pasado nada y dejar a otros la administración de la ruina en la que han dejado a sus propios países. Pero la asociación de familiares de desaparecidos no quiere aceptar esa solución. Porque, como dicen no pocos de sus delegados, un nuevo régimen implantado sobre esa tristísima amnesia no estaría capacitado en ningún caso para gobernar limpiamente.