Los antiguos administradores de Banca Catalana manifiestan que su plan era el menos costoso

Los administradores recientemente dimitidos de Banca Catalana rindieron cuenta ayer de su actividad durante los meses en que estuvieron al frente del grupo y rechazaron algunas de las críticas. Al informar sobre su plan de viabilidad, explicaron que consideraban inconveniente el pase de Banca Catalana al Fondo de Garantía, y que Felipe González, informado de la cuestión por ser "un tema de Estado", comprendió sus razonamientos en el mes de septiembre, si bien el Gobierno no respaldó su proyecto, razón por la que el 2 de noviembre dimitieron, como habían anunciado dos meses antes.

Los antiguos administradores de Banca Catalana que asumieron funciones ejecutivas desde el 7 de julio, Eusebi Díaz-Morera y Jordi Mercader, en el equipo que sucedió al de Raimon Carrasco, sostuvieron ayer que su plan de viabilidad para la entidad, entregado el 11 de septiembre, era el menos costoso para el erario público, en una larga sesión informativa en la que, tras lamentar la filtración de su reciente dimisión, dieron cuenta de su gestión durante el tiempo en que estuvieron al frente del grupo bancario, "sin ánimo de entrar en polémica y por primera y última vez".Díaz-Morera resumió este periodo haciendo hincapié en que las estimaciones realizadas un mes después de su entrada, el de agosto, la situación reveló ser "mucho peor de lo que se preveía" y las ayudas ya previstas se revelaban insuficientes, razones por las cuales su equipo elaboró un nuevo y más ambicioso plan de viabilidad, "al que no conozco que se hayan presentado alternativas", y que consistía en la reordenación del grupo y su saneamiento sobre la base una gestión austera, de sacrificios de los accionistas, con reducción total del valor de parte de las acciones, y de ayudas oficiales. Recordó que durante el mes de agosto los depósitos se recuperaron en 6.000 millones "de los cuales sólo 1.600 eran institucionales" gracias a la renovada confianza y al enorme esfuerzo de la organización, y se detuvo en la explicación del porqué este programa excluía de antemano la incorporación formal de Catalana al Fondo de Garantía de Depósitos.

Según su razonamiento, las "específicas peculiaridades" (identidad catalana y vocación de independencia) del grupo hacían mucho más problemática una acción exterior que el saneamiento "desde dentro", que por otra parte sería "mucho más costoso en términos de recursos públicos" si bien en contrapartida se ofrecía a la autoridad monetaria una transparencia y control total a instrumentar según ésta decidiese. "Este planteamiento requería, sin embargo, una iniciativa política, pues considerábamos que se trataba de un problema de Estado, y no por el carácter de sus accionistas, sino por la propia identidad de Banca Catalana y por la magnitud del problema".

Un problema de Estado

Todo ello llevó a "conectar con el Gobierno y con el líder de la oposición" a quienes se explicó los grandes rasgos de la situación "porque es normal en una democracia responsabilizar a la oposición de los problemas difíciles y que requieren una solución rápida. Informaron también a la presidencia de la Generalitat. La actitud de Felipe González fue en septiembre "de comprensión", según el relato del ex presidente de Catalana, "si bien la determinación final fue tomada por el Gobierno" y el plan no resultó aprobado. Las autoridades rechazaron el plan de viabilidad, señalando que era condición indispensable el protagonismo del Fondo,"invocando para ello razones de orden legal", que la determinación debía tomarse una vez concluida la auditoría encargada en julio a la firma independiente Price Waterhouse y que la salida debía instrumentarse una vez "acabado el periodo electoral". El consejo reconoció que si bien el marco legal podía ser insuficiente para, sin modificarse, asumir sus propuestas, el pase al Fondo significaría un mayor coste de recursos públicos y dañaría seriamente a la entidad. En esa tesitura, "el consejo, como consta en acta, presentó la dimisión en pleno, por entender que la línea que se iniciaba no era la más apropiada ni en términos de dotación de recursos públicos, ni de identidad de la institución".Pero los nuevos consejeros, que accedieron en julio al puesto, aceptaron el nombramiento de administradores como "acto de servicio" y en la esperanza de que la postura oficial se modificase, según subrayaron Díaz-Morera y Mercader, anunciando que dimitirían en el plazo de dos meses, o en el momento de contar con la auditoría, si antes no se tomaban medidas que pusieran en peligro la independencia y identidad catalana del banco.

Así las cosas, el 2 de noviembre se conjugó la conclusión de la auditoría, que confirmaba los desequilibrios estimados el 5 de agosto, con "lo que parecía ya inevitable pase de Banca Catalana al Fondo" razones por las que hicieron efectiva su anunciada dimisión. Los antiguos administradores afirmaron haber "mantenido un hermetismo absoluto". Asimismo, indicaron que el proceso de recuperación iniciado en el periodo de julio y agosto pasados se truncó a partir del 17 de septiembre, "acelerándose el 1 de octubre, al vencimiento de los intereses trimestrales, y recibiendo un empujón importante" a partir de que se conocieron las reuniones de la gran Banca sobre el asunto.