Irán, El Salvador y Guatemala figuran a la cabeza de los países con un mayor número de ejecuciones políticas

"Soldados salvadoreños apilaron los cadáveres de veintidós jóvenes en un aparcamiento de San Salvador, en la noche del 10 de enero de 1981. Las caras de las cinco chicas estaban desfiguradas". Con esta y otras dos descripciones similares -relativas a Siria e India- se abre el Informe 1982, publicado ayer en Londres por Amnistía Internacional. Esta organización de defensa de los derechos humanos centra especialmente sus preocupaciones en las matanzas políticas. Miles de personas han muerto en 1981 "por orden de un Gobierno o con su complicidad", señala.En 320 páginas, el informe que cubre el año 1981 presenta una imagen documentada de la situación de los derechos humanos en el mundo. 2.600 ejecutados en Irán en 1981, desapariciones y tortura en Chile, campesinos indígenas en Bolivia, carteles murales en China, son tan sólo algunos de los puntos tocados.

El informe, subdividido por zonas geográficas, contiene apartados específicos sobre 121 países. La organización no dispone de suficiente información sobre algunas naciones corno para incluir secciones especiales sobre ellos. Durante 1981, Amnistía Internacional trabajó en favor de 4.952 presos de conciencia individuales -1.703 eran nuevos casos-, y 1.109 presos fueron puestos en libertad; pero una gran parte de la labor, indica la organización, fue realizada en defensa de grupos o individuos que no fueron necesariamente adoptados como presos de conciencia.

En Europa, el informe anual señala los abusos contra los derechos humanos bajo la ley marcial en Polonia -miles de detenidos- y en Turquía, el único país de Europa occidental donde se aplica la pena de muerte. En Turquía hubo "detenciones masivas y encarcelamientos, acompañados de torturas generalizadas y de denuncias de muertes".

Amnistía Internacional se queja de que en varios países occidentales -España, República Federal de Alemania, Irlanda y Reino Unido- las leyes antiterroristas han llevado a "la extensión de los poderes policiales y de los procedimientos especiales que aumentan los riesgos de malos tratos y procesos injustos". En Italia, "algunos presos habían estado detenidos desde hace dos años y medio a finales de 1981, sin fecha para su proceso". En la Unión Soviética se ha proseguido la campaña para suprimir la disidencia. En Yugoslavia aumentó el número de procesos políticos, y trescientas personas de origen étnico irlandés "fueron arrestadas en 1981".

Latinoamérica

En América hubo miles de matanzas políticas y secuestros cometidos por las fuerzas gubernamentales, especialmente en El Salvador -muchas mujeres y niños y 555 arrestados de los que se desconoce su situación- y en Guatemala -un mínimo de 11.200 personas muertas en 1981 -. En Honduras, cincuenta desapariciones en 1981. En Cuba y en Uruguay, diversos presos fueron reencarcelados al terminar de cumplir su sentencia. En Estados Unidos no ha habido aún respuesta sobre la censurable conducta del FBI (Buró Federal de Investigación). En América hubo, pues, detenciones políticas en la mayoría de los países, pero se dio también, "en 1981, una disminución en el número de denuncias de desapariciones a manos de fuerzas gubernamentales", señala Amnistía Internacional.

En Asia fueron también numerosas las violaciones de los derechos humanos, aunque "hubo una positiva disminución en el número de personas detenidas sin, proceso en Malasia y en Singapur". Se dieron ejecuciones en Pakistán y en China, pero es Irán quien más se destacó en esta actividad: 2.600 en 1981.

En Africa se prosiguieron los encarcelamientos políticos y las violaciones de los derechos humanos bajo todo tipo de sistemas políticos, y muy especialmente en Uganda. Refugiados políticos fueron obligados a regresar a, sus países de origen, ya sea Guinea o Suráfrica, pero Amnistía Internacional hace hincapié en que la lucha para proteger los derechos humanos "dio señales de mayor entendimiento y progreso, tanto a nivel nacional como internacional". El informe recuerda la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. "La magnitud del problema de las matanzas políticas y su repetición en diferentes países lleva a Amnistía Internacional a creer que el mismo debe ser ahora encarado por la comunidad internacional como un asunto súmamente grave y urgente", señala el informe.