Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Arrestos domiciliarios de militares en relación con el proyectado golpe del 27-O

Las ramificaciones de la operación Marte, programada por los golpistas para el 27 de octubre y que tenía su espoleta inicial en Madrid, estaban especialmente desarrolladas en la III y V regiones militares con sede en Valencia y Zaragoza, respectivamente, según fuentes gubernamentales. En las tres capitales se produjeron el miércoles arrestos domiciliarios de mandos que se consideran implicados en la intentona que, no han llamado la atención de los medios informativos. La lista de las personalidades a neutralizar por los golpistas incluía al Presidente del Gobierno, los ministros de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores, el director de la Seguridad del Estado, el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado; los líderes políticos Adolfo Suárez, Felipe González, Landelino Lavilla y Santiago Carrillo, y los dirigentes sindicales Marcelino Camacho y Nicolás Redondo.

El plan, a tenor de los documentos requisados, preveía la neutralización de los efectivos policiales, muy reforzados en la fecha elegida por la contingencia electoral, dejando en sombra durante los decisivos minutos iniciales toda su red de transmisiones y comunicaciones propias. El coronel Sicre y dos ex colaboradoras de la Presidencia del Gobierno, detenidas con ocasión de los hechos del 23 de junio de 1981, han sido citados como expertos en esta delicada y trascendental materia. Una de ellas, María Concepción Villagrasa, se afirma que actualmemte trabaja como secretaria del director del diario El Alcázar. Hasta un total de 134 comandos debían intervenir para cubrir objetivos específicos en la ocupación de los centros de poder y del mando militar y en la interrupción de todas las comunicaciones ciudadanas.Analistas cualificados subrayan las concomitancias de la última intentona con el golpe del 23-F. Así, por ejemplo, el propósito de impedir in extremis la votación de investidura en un caso y el sufragio de la población en otro. Y, también, la decisión de Tejero y sus fuerzas de elegir una fecha en que habían de encontrarse reunidos todos los representantes del poder ejecutivo y legislativo en el Congreso de los Diputados y la de sus epígonos de fijarse en la jornada del 27 de octubre, dedicada a la reflexión, en la que previsiblemente todos los líderes y candidatos de dimensión nacional estarían de regreso en Madrid, una vez concluida la campaña electoral.

Los conspiradors llevaron a cabo un verdadero juicio crítico del fracasado 23-F. Los oficiales de Estado Mayor comprometidos se expresaban en términos de indisimulado desprecio hacia las maneras, las improvisaciones y la impreparación del guardia Tejero. El nuevo esquema trazado para el 27 de octubre empezaba por establecer la forma de apoderarse inicialmente, con la movilización de 134 comandos, de los resortes del mando militar y, a continuación, de los posibles centros de reacción gubernamental: ministerios de Defensa, Interior, Asuntos Exteriores así como de los medios de comunicación social, Prensa, radio y televisión.

Pasa a la página 11

Se esperan novedades

Las ramificaciones de la última intentona estaban más desarrolladas en la III y V regiones militares

Se contemplaron otras hipótesis pero finalmente se prefirió la seguridad de obtener pruebas concretas de valoración segura por las instancias judiciales. Se fijaron los equipos de funcionarios que habían de intervenir y se les instruyó de modo preciso sobre la forma de proceder en la delicada operación de los registros domiciliarios. Luego se comunicó al capitán general de Madrid, Ricardo Arozarena Girón, quien designó al general y a los jefes militares que debían figurar al frente de cada uno de los tres grupos según marca el reglamento. La primera sorpresa llegó a las 8 de la mañana al conocerse que entre esas designaciones figuraba la del teniente coronel Joaquin Villalba.Las declaraciones prestadas ante el juez instructor, coronel togado de la I región, José Muñoz Sánchez, tuvieron un carácter lacónico sin que se plantearan, según ha podido saber EL PAIS, cuestiones indagatorias en busca de detalles complementarios, ni de nuevas implicaciones personales. La posesión de algunas listas fué directamente justificada como provinientes de la participación en cursos de inteligencia, organizados para componentes de los tres ejércitos, y a los planos y mapas se les restó importancia por sus poseedores, alegando en algún caso su condición de profesores de táctica. La actitud del fiscal puede considerar también pasiva. En su momento se descartó la aplicación de la Ley Antiterrorista porque en todo caso los encartados tenían que ser ingresados en establecimientos militares donde su efectividad se reduciría al mínimo. Donde se esperan novedades importantes es en el área de las informaciones ordenadas por el ministerio de Defensa. A estas alturas las autoridades tienen claro que las permanentes referencias a la Dirección rebasan el círculo de los tres jefes procesados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 15 de octubre de 1982

Más información