La cautela de la banca extranjera hacia España responde a su inseguridad jurídica ante las suspensiones de pagos

Al margen del impacto de la reciente intentona golpista, la supuesta pérdida del crédito exterior de España parece tener su origen en una serie de razones objetivas de tipo técnico y jurídico, a las que no son ajenas ni la crisis de inseguridad financiera que padecen a escala mundial las propias instituciones involucradas ni los planteamientos por los que se está intentando conducir la insolvencia momentanea de algunas grandes empresas españolas.

En este sentido, la nueva política de los bancos internacionales, tras la reunión del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Toronto, las recientes suspensiones de pagos registradas en España y la necesidad de legislación adicional que anule la inseguridad jurídica que ofrecen los créditos en divisas en este país, se decantan como los motivos más decisivos en los que se fundamenta la actitud de algunas instituciones extranjeras para enfriar su política crediticia hacia este país.Fuentes autorizadas de la banca extranjera instalada en España, sobre cuya opinión se basa fundamentalmente la calificación del crédito exterior de nuestro país, han restado importancia a la influencia que la reciente intentona de golpe de Estado o la eventualidad de un Gobierno socialista pueda estar teniendo en el nivel de crédito internacional de las empresas e. instituciones españolas. Por el contrario, las mismas fuentes, consultadas por este periódico, consideran dicho argumento como una aparente "cortina de humo" de otros problemas, que incluso podría provocar una indeseada crisis de confianza general y dar al traste así con los datos y constantes técnicas que ofrece la economía española y que son contempladas internacionalmente, pese a las dificultades existentes, como "bastante buenas".

En este sentido, algunas de los banqueros consultados enumeran por lo menos media docena de "razones objetivas" que pueden justificar lo que algunas fuentes del Gobierno actual han llegado a calificar como reticencias de estas instituciones en su política creditica hacia España. El sumario de estas razones comienza, no por casualidad, con la inseguridad jurídica internacional que ha generado, para los propios bancos, la crisis de insolvencia de varios países latinoamericanos y que ya ha forzado a las instituciones norteamericanas a crear su propio sistema de ayuda mutua, al margen del Sistema Federal de la Reserva, para protegerse en casos de quiebra de alguna de ellas. Algunos bancos incluso han dado órdenes a sus sucursales en el exterior para que limiten significativamente el volumen de créditos a determinados países y empresas como medida cautelar de propia protección ante la crisis.

Decisiones anteriores

Es significativo, en esta línea, que la decisión del First Interstate Bank de aplazar una operación de cien millones de francos suizos con Autopistas del Atlántico, SA, -y que ha provocado algunas interpretaciones sobre su significado exacto- fue decidida por el banco norteamericano un día antes de conocerse la detención de los tres supuestos golpistas. Lo mismo sucedió con el crédito a Fuerzas Eléctricas de Cataluña (FECSA), en la que ni siquiera se llegó a conceder el mandato, al aconsejársele al prestatario que, por razones de la inactividad que experimenta el euromercado, hiciese la operación en pesetas o la aplazase para mejor momento. En la misma medida quedó afectado otro crédito internacional que la Generalitat de Cataluña estaba preparando.

La crisis de Aluminio

Dentro de este contexto, algunas entidades consultadas aducen un motivo de preocupación real que tiene mucho que ver con la situación española. Se trata de las recientes decisiones de Unión Explosivos de Río Tinto (ERT) y de Aluminio-Alúmina Española de suspender pagos (intereses, en el primer caso). La política seguida por ambas empresas ha provocado una sorpresa general dentro de las instituciones extranjeras afectadas, que: argumentan que tienen escasos instrumentos jurídicos en sus manos para protegerse contra decisiones de este tipo. El nivel de descontento se ha incrementado con la decisión de Explosivos de no facilitar a algunos bancos acreedores una lista pormenorizada de sus deudas, que ha dado motivo a especulaciones en torno a una eventual negociación oculta, al margen del interés general, con alguno de sus prestamistas.Más preocupación incluso ha causado la política que está siguiendo el Instituto Nacional de Industria (INI) en la crisis del sector del aluminio español. La decisión de este organismo de resolver su legítima pugna con el grupo estatal francés por la vía de pasar, previamente, por la suspensión de pagos de una de sus empresas controladas no sólo ha dejado a los bancos acreedores con la duda sobre el eventual éxito de tal estrategia, sino también con el lógico enfado por haber roto lo que ellos consideran como una regla de oro en el negocio bancario internacional: la cobertura total de los créditos a empresas en las que participa mayoritariamente el Estado.

Algunas instituciones, que consideran comprensible la política del INI en "circunstancias normales", acusan ahora a sus responsables de traspasar gratuitamente a España, por un motivo banal, la crisis de confianza que la insolvencia de los algunos Estados latinoamericanos ha provocado en la comunidad financiera internacional. "Lo que ha sucedido con Aluminio es algo que puede compararse a lo pasado en algunos países latinoamericanos. De pronto, el Estado, o uno de sus organismos, deja de pagar. Hacer esto, aunque detrás se escondan motivos comprensibles, es una política muy arriesgada en la actual coyuntura internacional y puede conducir a interpretaciones erróneas", manifestó a este periódico un banquero extranjero.

Otras fuentes hacen referencia a la inseguridad jurídica que presenta la legislación española sobre cobro de créditos fallidos en divisas. El reciente case, de Urbis, junto a la polémica que mantiene una empresa acogida a un plan de reconversión sobre avales del Instituto de Crédito Oficial para sus créditos extranjeros, por citar sólo un ejemplo, todavía planea en la mentalidad de algunos banqueros extranjeros que, según su opinión, están desamparados legalmente para cobrar en casos de fallidos, existan o no avales institucionales en las susodichas operaciones. Es significativo, en este sentido, que en una reciente reunión de representantes de la banca extranjera, celebrada tres días antes del intento de golpe de Estado, varios bancos comunicaran su intención de congelar temporalmente algunas de sus actividades en España en espera de que se clarifique el problema de las suspensiones de pagos y se diluyan las dificultades inherentes a la situación financiera internacional.