En cuatro años se han duplicado las ayudas del Presupuesto del Estado a la enseñanza privada

El Gobierno surgido de las elecciones de 1979 trajo al ámbito educativo la sorpresa del desdoblamiento del departamento de Educación y Ciencia, con la creación del Ministerio de Universidades e Investigación. La medida fue interpretada como una fórmula salomónica del presidente Suárez para equilibrar el peso de las diversas familias de UCD. Al frente de este hasta entonces inédito departamento situó a un miembro destacado del sector socialdemócrata, Luis González Seara, mientras la cartera de Educación era encomendada al democristiano José Manuel Otero Novas.

La decisión fue contradictoriamente recibida, pues si algunos llegaron a ironizar sobre el hecho de que la Educación se quedaba "sin Ciencia", otros, más optimistas, pensaron que podría contribuir a sacar de su secular ostracismo los eternos problemas de la universidad y de la investigación, aunque ya en el Gabinete anterior ambas cuestiones habían sido elevadas al rango de secretaría de Estado, desempeñada por González Seara.

Pero, desde una perspectiva estrictamente política, el desdoblamiento del Ministerio de Educación y Ciencia quiso entenderse como un tímido intento de sustraer una mínima parte de la política educativa de la esfera de in fluencia del confesión católica. Se rompía así, aunque sólo muy parcialmente, con una tradición, jamás alterada durante la dictadura, que quería ver siempre a una personalidad de incuestionable militancia católica al frente de los destinos de la enseñanza.

La escuela, para la derecha, y la universidad, para la izquierda; el Estatuto de Centros para los católicos y la ley de Autonomía Universitaria para los librepensadores. Tal parecía ser el sentido final del reparto de la dirección de la política educativa del país entre dos sectores del partido del Gobierno, que ya en la primavera de 1979, recién ganadas las elecciones, a duras penas conseguían disimular sus desavenencias.

El Estatuto de Centros, sin sobresaltos

Si hubo algún pacto concreto entre los dos grupos en torno a las dos grandes leyes educativas de desarrollo constitucional que el Gobierno proyectaba sacar adelante, en esta legislatura, es algo que pertenece a la intrahistoria de UCD. Lo único que consta, a la postre, es que el Estatuto de Centros, con la lógica oposición de los partidos de izquierda, se convirtió en ley sin el menor salto atrás en su recorrido parlamentario, mientras la LAU todavía hoy permanece inédita tras un camino plagado de dificultades, y después de haber causado el cese de dos ministros, el propio González Seara (5 de abril de 1979 26 de febrero de 1981), Juan Antonio Ortega y Díaz-Ambrona (9 de septiembre de 1980 -26 de febrero de 1981) y el deterioro considerable de la imagen política de un tercero, Federico Mayor Zaragoza. Sin olvidar que la LAU ha sido uno de los factores determinantes de la ruptura de UCD, tanto por la izquierda como por la derecha, y un su mando decisivo en el cúmulo de datos que determinaron el fin anticipado de la legislatura.

El primer proyecto de ley de Autonomía Universitaria, quizá el texto legal más antiguo de la democracia española, había sido redactado por González Seara cuando desempeñaba la secretaría de Estado de Universidades e Investigación en el Ministerio de Educación y Ciencia que dirigía Iñigo Cavero. Este primer texto, que había sido aprobado por el Consejo de Ministros en agosto de 1978 y remitido a las Cortes en el mes de noviembre de ese mismo año, fue retirado por el nuevo Gobierno, con el pretexto formal de que tenía que ser adaptado a la Constitución, particularmente al hecho absolutamente nuevo de las autonomías.

En otoño de 1979, el ya ministro González Seara lleva un nuevo texto al Parlamento, pero su tramitación ha de todas las prioridades al Estatuto de Centros, por lo que no va a ser debatido en la correspondiente comisión del Congreso hasta diciembre de 1980. Los trabajos de esta comisión, realizados contra reloj con el afán de concluir el dictamen antes de las vacaciones parlamentarias de Navidad, transcurren en medio de un clima de tremenda tensión entre las distintas familias del Grupo Parlamentario Centrista.

Se avecina el II Congreso de UCD, suenan cada día con mayor insistencia las voces a favor de la mayoría natural y de la gran derecha y, aunque se llega al final del dictamen merced a un precario consenso con el grupo parlamentario socialista, es fácil advertir que el proyecto de ley orgánica de Autonomía Universitaria está ya, desde entonces, definitivamente herido de muerte.

El otoño caliente de 1979

Antes de llegar a esta situación, la vida estudiantil, no sólo en la universidad, se había visto convulsionada por acontecimientos cuya gravedad es sólo equiparable a la de los momentos más dramáticos de la oposición al franquismo. En el primer trimestre del curso 1979-80 confluyen, de una parte, la oposición a dos proyectos de ley (situados por los partidos de izquierda en un mismo saco y sin duda equívocamente equiparados, por que no respondían a una misma concepción política), y, de otra, una oleada de indignación que se produce en la mayor parte de las provincias españolas al comprobar que el titular de la cartera de Educación, José Manuel Otero Novas, ha iniciado decididamente una política de reducción de efectivos en la escuela pública. A la tradicional improvisación que caracteriza todos los comienzos de curso en el sector estatal, y que contrasta visiblemente con la apacible rentrée de los colegios privados, se une este año la "guerra de los cupos».

La Administración asegura que todo está estudiado al detalle que no ha habido reducción de plantillas, sino acomodación estricta a las necesidades reales, pero al final se comprueba que los cálculos no han sido tan estrictamente hechos como se pregona: Y se produce lo inevitable. En la mayoría de las provincias, sobre todo aquellas que cuentan con gobiernos preautonómicos, se inicia una dura brega con el titular del departamento de Educación para ir arrancando poco a poco los incrementos de plantillas que permitirán la normalización de las clases con semanas y hasta con meses de retraso.

Manifestaciones de padres y de alumnos con la solidaridad de los ayuntamientos —que están en manos de los partidos de izquierda— y semanas de lucha organizadas por las mismas corporaciones locales apoyan las negociaciones de las autoridades regionales con Madrid. Hay ayuntamientos que llegan a aprobar mociones en sus plenos o comisiones permanentes solicitando en cadena la dimisión del ministro Otero Novas.

Este clima de tensión y desasosiego, sobre todo en el sector estatal de la enseñanza, culminaría, al final del primer trimestre del curso, con una serie de acciones más o menos simultáneas de los estudiantes de enseñanza media y de universidades frente a las dos leyes educativas —los dos estatutos, según la terminología estudiantil—, que alcanzaría su cenit en una gran manifestación celebrada en la mañana del día 13 de diciembre, probablemente la más multitudinaria concentración estudiantil que pueda recordarse en cualquier distrito universitario español en muchas décadas.

El pacífico desarrollo de esta manifestación, mínimamente alterado al final de la misma por algunos enfrentamientos entre las fuerzas de orden público y grupos reducidos de estudiantes, tuvo, sin embargo, un dramático epílogo en la tarde de ese mismo día, cuando dos jóvenes caían muertos en las proximidades de la madrileña plaza de Embajadores como consecuencia de disparos efectuados por la policía al repeler, según la versión oficial, nunca suficientemente aclarada, la presunta agresión de un grupo de estudiantes que iban desprovistos de armas. Estos habían decidido prorrogar esa tarde la manifestación de la mañana, con la intención de hacerla coincidir con otro desfile obrero contra el proyecto de ley del Estatuto de los Trabajadores.

El Estatuto de Centros (cuestionado en parte por el Tribunal Constitucional y en uno de sus aspectos más conflictivos, que es el que afecta a la regulación de los centros privados subvencionados por el Estado), ha servido para legitimar un principio constitucional, la llamada libertad de enseñanza, pero no ha resuelto ninguna de las dudas que plantea la financiación del sistema educativo, a la luz tanto de dicho principio como el de la necesaria supeditación de toda la planificación del sistema a una política de prioridades absolutamente inevitable en un momento de crisis económica prolongada.

Esa puede ser fundamentalmente la razón de que el proyecto de ley de Financiación de la Enseñanza Obligatoria, corolario lógico del Estatuto de Centros, no haya llegado a tramitarse a lo largo de los casi cuatro años de duración de la legislatura, y ello con igual descontento de la derecha y de la izquierda, aunque por razones no sólo distintas, sino, obviamente, contrapuestas.

Y si la falta de una ley universitaria ha dejado a la universidad en la misma ambigüedad jurídica en que se encontraba hace cuatro años, la carencia de una ley de financiación ha servido, paradójicamente, para permitir el crecimiento constante de las subvenciones al sector privado, mientras no se han podido atender necesidades absolutamente perentorias del sistema, de cuya baja calidad, por otra parte, han sido los propios ministros de los sucesivos Gobiernos centristas los principales diagnosticadores.

70.000 millones de pesetas para subvenciones

No puede olvidarse que, desde 1970, año de promulgación de la ley general de Educación, que estableció la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza desde los seis hasta los catorce años, el mayor esfuerzo inversor en el sector público se produjo en 1978, como consecuencia de la aplicación del plan de construcciones escolares derivado de los Pactos de la Moncloa; pero ese esfuerzo ha ido evolucionando en sentido negativo y con una clara tendencia al estancamiento, mientras el apoyo al sector privado se mantiene en progresión constante. No es en modo alguno minimizable el salto de 1.300 millones de pesetas, que su puso el capítulo de subvenciones a la enseñanza privada en 1973, a los 70.000 millones del presente ejercicio.

Por lo que respecta al periodo concreto de los cuatro ejercicios de la última legislatura, las subvenciones al sector privado se han casi duplicado, mientras que los presupuestos de Educación han crecido en torno a un 25% el porcentaje de participación de los mismos en los Presupuestos Generales del Estado, así como los índices de crecimiento anual, han llevado una línea francamente regresiva.

Donde se ha producido una acción más claramente favorable al sector público es quizá en el nivel preescolar, puesto que la matrícula estatal ha seguido el ritmo de crecimiento que se inició entre los años 1977 y 1978, hasta llegar a invertir por completo la relación de fuerzas entre un sector y otro. Así, si en el curso 1975-76 la oferta superaba en más de 100.000 puestos a la estatal, durante el curso pasado el sector público matriculaba a un cuarto de millón largo de alumnos más que el privado.

Dentro del capítulo económico, aunque los presupuestos para la universidad se incrementaron en un 18% entre 1980 y 198l, también es cierto que se inició una política de fuerte y progresivo incremento de las tasas, no suficientemente compensada con un reforzamiento del sistema de becas. Este hecho, que ha producido un incremento acumulado del 100% en un período muy corto de tiempo, al cabo parece estar dando la razón a la brusca reacción de los estudiantes ante los primeros proyectos de ley de Autonomía Universitaria.

También es verdad que el tema fue intencionadamente manipulado desde determinadas instancias, y así pudo darse el caso de que en algunas asambleas masivas de estudiantes se informó directamente a los mismos de que las tasas, que entonces estaban entorno a las 6.000 pesetas en las carreras no experimentales, se iban a elevar de golpe hasta cubrir el costo real de la enseñanza universitaria, que ya en aquellos momentos se calculaba en torno a las 100.000 pesetas.

La incógnita reside ahora en saber si se va a poner fin a esta progresión casi geométrica en el aumento de las tasas, sin compensarla con una política de becas que saque del terreno de la mera declaración de intenciones el tópico principio de la igualdad de oportunidades.

Vacío legal en la universidad

Por lo que a la universidad respecta, y aunque no puede negarse que cada día ha sido más abierta la predisposición de los diversos ministerios hacia una progresiva democratización de sus estructuras, también es cierto que, actualmente, cualquier grupo de profesores puede sentirse legitimado para plantear una querella por el nombramiento de un decano, o cualquier estudiante puede pleitear frente a sus rectores cada vez que se aplican peculiares medidas de selectividad, no legislada en parte alguna, para el acceso a los estudios de determinadas carreras.

En el terreno concreto de la universidad, y al margen de todo el tortuoso y estéril camino recorrido por la LAU, junto a pasos positivos como el que representa la duplicación de las plantillas del profesorado universitario, persiste la realidad de un sistema de formación y de acceso constantemente criticado pero nunca mejorado, junto a la existencia de un porcentaje de profesorado contratado que representa, en muchos casos, más de las tres cuartas partes de las plantillas.

En este sentido, el problema es particularmente agudo en el ámbito de las escuelas de formación del profesorado de Educación General Básica, de las cuales, como es obvio, depende el buen funcionamiento de la base del sistema escolar, que es el nivel obligatorio de la enseñanza.

A este respecto conviene recordar que no ha habido un solo ministro de Educación que no haya iniciado su mandato poniendo en sus declaraciones el énfasis en la necesidad de perfeccionar los procedimientos de formación y de acceso a la función docente, así como en que toda la eficacia del sistema educativo descansa sobre el profesorado, sin que se hayan dado pasos verdaderamente significativos en coherencia con esta filosofía.