La economía de la oferta y la distribución de la renta

Desde la economía de la oferta se mantiene, que se deben reducir los impuestos, especialmente de aquellos que tienen una elevada capacidad de ahorro; esto es, de los individuos con niveles elevados de renta, así como de las emptesas, pues de esta forma se acrecentará la inversión, y el crecimiento. Desde esta perspectiva se argumenta que una estrategia apropiada para reducir el desempleo, además de reducir los salanos, consiste en alcanzar un crecimiento sostenido del producto nacional mediante un aumento de la formación de capital, para lo cual se consideran imprescindibles las medidas antes citadas. Aunque como consecuencia de estas reducciones impositivas se admite que la distribución de la renta resultante será menos equitativa, le señala, sin embargo, que esto sólo será así de forma temporal, ya que las iniciativas tomadas aumentarán la tarta a repartir, y al final todos resultarán beneficiados.Ante la aparente contundencia y originalidad de estos argumentos debe ofrecerse una serie de precisiones. En primer lugar hay que señalar que los mismos no son nuevos, sino que han sido profusamente empleados en la literatura del crecimiento y el desarrollo económico, y que desde,. esta misma literatura llega una primera llamada de alerta. A la luz de la reciente experiencia se observa que, a pesar de las fuertes tasas de crecimento experimentadas por algunos de los países menos desarrollados, la distribución de la renta, en la mayor parte de los mismos, reflejó mayores desigualdades. Sin embargo, el supuesto habitual, entre los defensores del desarrollo mediante medidas similares a las citadas, era que habría un aumento de la desigualdad hasta un cierto nivel y luego mejoraría la distribución de la renta. La evidencia muestra, sin embargo, que ese proceso no ha tenido lugar y no parece, por tanto, que una tasa creciente de desarrollo sea una garantía contra la pobreza ni contra una injusta distribución de la renta.

Reducción fiscal

En segundo lugar, piénsese, que las reducciones fiscales propugnadas ocasionarán, al menos, a corto plazo, una disminución de los ingresos del Gobierno, y para evitar aumentos excesivos en el déficit público se propugnarán, paralelamente, reducciones en los gastos públicos. Dada la naturaleza del gasto público, las partidas que sufrirán las mayores presiones para verse reducidas serán los pagos de transferencia y ciertos programas de ayuda a colectivos poco favorecidos. La evidencia de la economía norteamericana lo demuestra así, y además los economistas de oferta lo justifican diciendo que dichos gastos tienen un efecto negativo sobre la productividad y los incentivos para trabajar.

Al analizar conjuntamente las reducciones en los impuestos y las restricciones en los gastos públicos resulta más evidente el efecto regresivo sobre la distribución de la renta. Por un lado, las tasas impositivas se reducen para aquellos individuos con niveles, de renta superiores y, por otro, se eliminan o reducen aquellas partidas de gasto dirigidas a colectivos situados en los estratos inferiores de renta.

Cabe argumentar en consecuencia que el hipotético aumento en la producción propugnado sólo a expensas de los menos productivos, como eufemísticamente se denomina a los individuos de menor renta, implicará un precio demasiado elevado en términos de equidad.

Rechazar o matizar las medidas propuestas no implica opción a favor del estancamiento. Debe señalarse que el nexo de unión entre desigualdad y crecimiento no es tan estrecho como sugieren los economistas de oferta. Puede haber crecimiento sin aumentos importantes en la desigualdad de la distribución de la renta. Así, ciertos países en vías de desarrollo, como Taiwan, Costa Rica o Singapur, han logrado tasas de crecimiento relativamente altas sin los aspectos pedudiciales del empeoríamiento en la distribución de la renta. En esos países se ha evidenciado que la preocupación por factores tales como el acceso generalizado a los medios productivos y el desarrollo de los recursos humanos ha contribuido a lograr una estrategia de crecimiento en la que las diferencias de renta no han aumentado. En su mayor parte, esta preocupación se ha concretado en ayudas a los pequeños agricultores, en términos de políticas de precios agrícocolas favorables y subvenciones financieras que les han facilitado el acceso a la propiedad de la tierra.

De cara a la problemática de buena parte de las economías occidentales, no parece desacertado tener presentes estas iniciativas y readaptarlas según las circunstancias. Un apoyo más activo al pequeño propietario y a la autonomía administrativa pueden ser medidas a tomar. Un mayor crecimiento, sin empeorar la distribución de la renta de las economías occidentales, se podría lograr potenciando proyectos y empresas cooperativas y ciertos programas de ayuda al pequeño industrial y comerciante. De esta forma se. fomentaría la iniciativa privada y se impulsaría a ciertos elementos dinámicos que no pueden desarrollar su capacidad productiva por la dificultad de acceder a la propiedad de los medios de producción.

Paradójicamente, la justificación de estas medidas se podría establecer en términos de uno de los argumentos clave de la economía de la oferta: la potenciación de los incentivos. Como se ha señalado repetidamente, el desarrollo de los derechos de propiedad es una pieza básica del crecimiento capitalista, pues estimula los incentivos humanos. Desde esta perspectiva, el apoyo al acceso a la propiedad de los individuos antes señalados no sólo contribuiría a mejorar la distribución de la renta, sino que también incentivaría el trabajo. Las iniciativas en favor del pequeño propietario contribuirían además a reducir el problema del desempleo, haciendo innecesarios ciertos pagos de transferencias y, a la vez, podrían afectar favorablemente a la inflación, pues aumentarían la oferta de productos disponibles.

Por supuesto que este tipo de medidas, aunque puedan justificarse empleando aumentos propios de la economía de la oferta, no resultarán gratas a los economistas de oferta o neoliberales, ya que implicarían una cierta dosis de intervencionismo en el libre juego del mercado, y ello supondría un claro sacrilegio contra la ortodoxia liberal.