Nacionalización contra monopolio

Si el PSOE gana las elecciones, nacionalizará la red de transporte primario de energía eléctrica. Según dicho partido, tal medida eliminará las actuales prácticas monopolistas. El partido socialista recoge en su programa electoral como una de las medidas concretas a poner en práctica una vez alcance el poder la nacionalización de la red de transporte primario de energía eléctrica. El coste de tal medida no ha sido cuantificado, aunque portavoces socialistas afirman que no supondría más allá de 5.000 millones de pesetas, ni tampoco han explicado cual sería la fórmula a utilizar para llevarla a la práctica.La red de transporte y distribución de energía eléctrica que enlaza los centros productores de electricidad, es decir, las centrales de cualquier tipo -hidraúlicas, térmicas convencionales o nucleares- con los consumidores finales, sirve al tiempo para la interconexión con Francia y Portugal y, especialmente, para que la utilización de la energía primaria y de las instalaciones disponibles se realice con criterio único, como si se tratase de una sola unidad de producción.

En opinión de medios cercanos al sector eléctrico "los medios de producción nacionales se utilizan con un criterio unificado al servicio de la cobertura de la demanda de electricidad, cualquiera que sea el lugar o el momento en que se produzca dicha demanda". Dicha unidad de criterio se produce antes en las dos primeras fases del conjunto del sector: la planificación inicial, a través del Plan Energético Nacional en el que se decide el número, potencia y ubicación de las diferentes centrales generadoras de electricidad a instalar en un período determinado, y a través de la programación diaria de ASELECTRICA (Asociación de Empresas para la Explotación del Sistema Eléctrico) establecida en base a las directrices generales emanadas del Ministerio de Industria y Energía y que deben ser revisadas y controladas por el propio ministerio.

ASELECTRICA está formada por las principales empresas eléctricas nacionales, habiendo un delegado del Gobierno, el subdirector general de energía eléctrica del ministerio, que forma parte del consejo de la misma y tiene derecho de veto para todas las decisiones que pueda tomar. Según este esquema, una vez que los poderes públicos, a través del Parlamento, aprueba los planes de construcción de las centrales, se controla su utilización cuando entran en funcionamiento a partir de las decisiones diarias que se toman en ASELECTRICA y en las cuales se establece qué centrales producirán electricidad, durante cúantas horas y en cúales de las veinticuatro que tiene el día. La red de alta, según esto, no sirve para otra cosa que para posibilitar el transporte de la energía eléctrica desde las centrales que estén funcionando en cada momento a los centros de consumo.

65.000 kilómetros forman la red

La red de transporte y distribución de energía eléctrica está constituída por 65.245 kilómetros de circuitos distribuídos en 8.904 kilómetros de la red de transporte a 380 kilovoltios (kV) de tensión y algo menos de 14.000 kilómetros a 220 kV; 17.382 kilómetros transportan y distribuyen la electricidad a una tensión de 110/ 132 kV y los 25.000 kilómetros restantes corresponden a líneas por las que circula la electricidad a tensiones comprendidas entre los 45 y los 100 kV. Además de ello se puede considerar que forman parte de la misma red las cuarenta subestaciones existentes en la España peninsular con tensión primaria de 400 kV y las de 220 kV.

Esta red, cuyos propietarios reales son las compañías eléctricas concretas que las han construido físicamente, está controlada por ASELECTRICA, ente constituido en noviembre de 1979 con personalidad jurídica pero sin carácter lucrativo. Su función principal es coordinar la explotación del sistema eléctrico peninsular para conseguir el máximo aprovechamiento de los recursos energéticos, optimizando la explotación del equipo generador y de las instalaciones de transporte primario de energía eléctrica.

Para ello el partido socialista considera imprescindible la constitución de una empresa con mayoría de capital público para explotar en régimen de propiedad el monopolio nacional de la red peninsular de transporte primario de energía eléctrica, desarrollando y absorbiendo al mismo tiempo las funciones de ASELECTRICA, sus medios materiales y su personal. La red de transporte primario está constituída, según el PSOE, por todas las líneas de 400 kV, todas las subestaciones de esa misma tensión y algunas líneas y subestaciones de 220 kV que se consideran importantes para el transporte de la producción eléctrica.

De los 8.900 kilómetros que conforman la red de transporte, 1.300 son ya de propiedad pública y de las cuarenta subestaciones de alta tensión, diez son estatales. Ello quiere decir que la nacionalización afectaría a 7.600 kilómetros de la red y a treinta subestaciones, aparte de las decisiones que se tomen sobre partes concretas de la red de media tensión.

Los objetivos a conseguir desde la óptica socialista con la nacionalización consisten en "garantizar verdaderamente la asignación de los bloques de producción y consumo de energía eléctrica", optimizando los balances de producción según la oferta diaria y los costes reales; de consumo, según las necesidades y posibilidades de transporte, y de este último mediante el establecimiento de peajes objetivos.

Por otro lado se persigue desarrollar la estructura conveniente de la red de transporte primario en su conjunto, mejorando su estabilidad y garantía, al tiempo que se busca explotar el monopolio del transporte de energía eléctrica, restableciendo la competencia real entre las centrales productoras, que de esta forma tendrán acceso a todo el mercado peninsular.

Las tesis socialistas que abogan por el establecimiento real del monopolio de transporte en la red de alta tensión se basan en su existencia natural y en que su dirección y control exigen una gestión pública directa y eficaz que haga prevalecer continuamente los intereses nacionales sobre los particulares.

El deseo de que exista una competencia real en la explotación del sistema eléctrico peninsular exige que cada empresa pueda concurrir en todo el mercado nacional, en lugar de seguir ejerciendo sin riesgo un monopolio efectivo sobre sus actuales áreas de suministro. Ello daría a la Administración, se dice, un conocimiento más directo y transparente de los costes reales de producción, de los márgenes de beneficio en la distribución y del fundamento objetivo que puede existir en las subvenciones. De esta forma sería más fácil impulsar los intereses nacionales a medio y largo plazo por encima de los particulares inmediatos; así, el apoyo a la autogeneración eléctrica, el desarrollo de nuevas energías y el aumento de las interconexiones sería más fácil.

Por su lado, diversos representantes del sector eléctrico han manifestado en repetidas ocasiones que consideran innecesaria la nacionalización de la red de transporte de alta tensión, toda vez que existen ya los controles necesarios por parte del Estado, ya que "tanto la programación del desarrollo del sector, como la explotación del sistema y la venta de la electricidad se hallan controlados por los poderes públicos", como declaró recientemente Juan Alegre Marcet, presidente de Fuerzas Eléctricas de Cataluña (FECSA) y de Unidad Eléctrica (UNESA), agrupación de las empresas eléctricas.

Las directrices concretas emanadas del Plan Energético Nacional en cuanto a construcción y control de centros de producción deberían bastar para acabar con las prácticas monopolistas que el partido socialista quiere eliminar mediante la nacionalización de la red de transporte de alta tensión.