El futuro económico de Canarias

Hace dos años aproximadamente, y en estas mismas páginas, aparecía un artículo firmado por mí en el que se intentaba efectuar un análisis de las relaciones entre el Estado español y el archipiélago canario, englobándolo en la perspectiva de los últimos 130 años, es decir, desde la promulgación del real decreto de once de julio de 1982, por el que se reconocía a Canarias el régimen de puertos francos.La tesis contenida en dicho artículo se podría resumir como una crítica global a la postura adoptada hasta el presente por el Estado respecto a las islas, ya que, si bien desde un primer momento se reconocía la singularidad canaria, este reconocimiento no se vio nunca acompañado de una profundización en los problemas reales del archipiélago.

Repartir las cargas

El Estado, pues, durante este casi siglo y medio se ha ido inhibiendo de sus verdaderas obligaciones para con una región con unos problemas tan específicos como los que padece Canarias por su posición geográfica, orográfica y de fragmentación. Finalmente, en el artículo se proponía un cambio radical de actitud y el estudio de un nuevo esquema de relaciones entre la Península y las islas, basándolo en el análisis real de los problemas canarios, y todo ello enmarcarlo en el principio del reparto equitativo de las cargas sociales entre todas las regiones españolas.

Transcurridos estos dos años, escasa intención se ha podido vislumbrar por parte del actual partido en el Gobierno para la reconsideración de esta anacrónica situación, como lo viene a demostrar, entre otras muchas cuestiones vitales para Canarias, el aparcamiento del tema canario en las conversaciones con la CEE, la irracionalidad (yo diría irresponsabilidad) con que se ha redactado el denominado plan económico regional, la persistencia en la actitud discriminatoria para con el tabaco canario o las trabas impuestas a las tan demandadas subvenciones para la producción de exportación del archipiélago.

La convocatoria de elecciones y la posibilidad, bastante cierta, de que el Partido Socialista Obrero Español obtenga un alto grado de responsabilidad en el poder abre nuevas perspectivas de reencauzar estas desfasadas relaciones bajo otros supuestos, empezando por uno de los principios inmersos en la esencia del programa socialista: la solidaridad entre todos los pueblos y regiones de España.

Una nueva política

Tendrá, pues, el nuevo Gobierno, con la ayuda del Parlamento, que abordar la tarea, no emprendida por los anteriores Gabinetes, de encontrar nuevas fórmulas de estructuración de la economía y fiscalidad del archipiélago dentro del conjunto de la nación, para lo cual, por su ideología y por su desvinculación de los poderes económicos, se hallará más capacitado, sin lugar a dudas, un Gobierno de predominio socialista que cualquier otro presidido por la derecha.

Para el desarrollo de esta labor habrá que contar con la adecuada redacción y puesta en práctica de los instrumentos político-legales, actualmente ya aprobados o en fase de elaboración, que servirán para sentar las bases políticas, jurídicas y económicas en las que habrá de moverse el futuro del archipiélago en las próximas décadas. Estos instrumentos son: el Estatuto de Canarias, con sus textos legales complementarios, las negociaciones de España con la Comunidad Europea y la nueva redacción de la ley de Régimen Económico Fiscal de Canarias.

El primero de ellos, el Estatuto de Canarias, ha sido ya aprobado por el Parlamento y constituye, junto con la ley orgánica de Transferencias (Lotraca), un insrumento esencial que permitirá al archipiélago definirse sobre sus propias necesidades, desarrollar sus potencialidades según sus criterios y hacer que, por primera vez, el pueblo canario, a través de su Parlamento autóctono, haga oír su voz ante las instancias superiores del Estado sin tener que recurrir a la interesada intermediación de la oligarquía isleña.

La misión del futuro Gobierno a este respecto se concretará en la impulsión del desarrollo del amplio nivel de competencias contenidas en el articulado del Estatuto. Además, en la aplicación de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) se mantendrá un absoluto respeto a la singularidad político-administrativa canaria (Cabildos insulares) y en la aplicación del Fondo de Compensación Interterritorial contenido en la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) se reconocerá con suficiencia la valoración del hecho insular.

Régimen de excepcionalidades

En el segundo instrumento, las negociaciones con la CEE, se concederá al archipiélago el relieve debido dentro del paquete negociador español, de forma que bajo el nuevo enfoque apuntado no queden las propuestas canarias postergadas ante las presentadas por los intereses económicos sectoriales. Canarias podrá integrarse entonces con un régimen de excepcionalidades en la aplicación de la tarifa exterior común (TEC), que beneficiará a los productos de primera necesidad, mantendrá la reserva del mercado nacional para el plátano, obtendrá un trato singular en la aplicación del impuesto sobre el valor añadido (IVA) y se le reconocerán zonas francas portuarias de carácter industrial con las que potenciar su desarrollo.

Finalmente, la nueva ley de Régimen Económico Fiscal (REF), completará el esquema de los instrumentos legales que permitirán al futuro Gobierno cumplir su programa de solidaridad para con el archipiélago canario. Habida cuenta de que con la integración europea desparecerá en Canarias la franquicia aduanera con carácter general (salvo para las excepciones señaladas), el nuevo REF, incluirá medidas que compensen al consumidor canario de esta pérdida y que podrían concretarse en subvenciones para ciertos productos de consumo y en una aplicación singular para Canarias del impuesto sobre la renta de las personas físicas, que beneficiará a las rentas inferiores.

Otro apartado del nuevo REF lo constituirá la preservación de los ingresos obtenidos en Canarias por la aplicación del impuesto sobre el valor añadido (IVA), para la financiación de las corporaciones locales (Cabildos y Ayuntamientos), ya que la entrada en la Comunidad Europea supondrá la desaparición de los arbitrios insulares. Finalmente, el nuevo texto legal habrá de contener un paquete de medidas específicas de fomento de las actividades económicas. Se avecina, pues, si se cumplen los pronósticos electorales, un importante punto de inflexión en la trayectoria de Canarias, definido por la nueva perspectiva bajo la cual el Estado se dispone a abordar sus relaciones con el archipiélago.