Irregularidades sin sentencia

El Gobierno comunicó al fiscal la situación de Fidecaya en agosto del año pasado, al decidir liquidarla. Un año antes hizo lo mismo y el expediente fue archivado. La segunda vez fructificó en querella por supuestas estafas y una reclamación de, al menos, 4.500 millones de pesetas, por operaciones que, según los implicados, conocía la Administración.Detenidos en enero los dos últimos propietarios, Miguel Soriano fue procesado y enviado a la cárcel hasta julio, Edmundo Alfaro quedó en libertad provisional bajo fianza de diez millones de pesetas; un ex inspector de seguros, que había inspeccionado Fidecaya y luego pasó a su consejo de administración, fue procesado con libertad provisional.

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El expediente de liquidación forzosa e intervenida en que basó el Gobierno su decisión del 4 de septiembre, sin embargo, reflejaba también numerosas irregularidades anteriores a 1980 y de cuando los administradores eran públicos.

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