Vecinos de El Ferrol se oponen a la ampliación de un campo de tiro con terrenos comunales

Los vecinos de la parroquia de Cobas, en El Ferrol, mantienen una disputa con el Ejército de Tierra por la propiedad de veinte hectáreas de monte comunal, donde se están realizando unas obras de ampliación y cierre del campo de tiro que se utiliza como instalación permanente de los campeones de tiro interejércitos. Los vecinos reivindican la propiedad comunal de los terrenos, y mientras esperan el dictamen de la Comisión Provincial de Montes, que preside el gobernador civil de la Coruña, todas las tardes de esta última semana se concentran, en un número superior al medio centenar, con su ganado, ante la presencia de la policía, que en dos ocasiones los dispersó con medios antidisturbios.

La disputa por la propiedad de veinte hectáreas para la ampliación de un campo de tiro, cerca de El Ferrol, surgió hace algunos años, pero no tomó fuerza hasta el mes de agosto, en que la Capitanía General de la VIII Región Militar, con sede en La Coruña, decidió realizar unas obras de ampliación del campo de tiro, así como el cierre del mismo. Las obras afectan a unas sesenta hectáreas, veinte de las cuales son reivindicadas, por su carácter comunal, por los vecinos. Tanto el Ejército de Tierra como la Asociación de Vecinos de Cobas ofrecen a la Comisión Provincial de Montes documentos que certifican la propiedad del terreno en litigio. La Capitanía de la VIII Región asegura poseer un documento de cesión del terreno, del año 1938, del antiguo Ayuntamiento de Serantes, en la actualidad absorbido por El Ferrol. Los vecinos enfrentan a ello documentos de expropiación del año 1946, en los que el propio Ejército reconoce como límite oeste del campo de tiro los montes comunales.Los habitantes de Cobas, que poseen, por otra parte, las mejores playas del municipio, y que es una zona de veraneo y proliferación de chalés y casas de campo, comenzaron a protestar por las obras y por la supuesta usurpación del terreno a través del alcalde, el socialista Jaime Quintanilla.

Sin embargo, el escaso éxito de las gestiones del alcalde ferrolano dio paso a una serie de acciones de protesta de los propios vecinos, que, por el momento, tan sólo están logrando que la Comisión Provincial de Montes retrase más la solución, ya que, según el gobernador civil no se va a dar un dictamen en plena campaña de presión vecinal.

La protesta de los vecinos comenzó con las fiestas de Cobas, en honor a santa Comba. Se organizó entonces un desfile de carrozas, una de las cuales representaba alegóricamente el contencioso que los vecinos vienen manteniendo con el Ejército de Tierra. Posteriormente, el lunes día 30 de agosto, fueron encontradas derribadas las columnas de las obras de cierre del campo de tiro, y se supone que fueron los vecinos.

A partir de entonces, todas las tardes, los vecinos invaden el terreno en litigio, e incluso se acercan a las instalaciones militares con su ganado, y en más de una ocasión fueron desalojados del lugar por la Policía Nacional, que desde entonces monta un servicio de guardia en la zona. Las presiones, no obstante, tras una semana de concentraciones continuadas, están remitiendo, una vez que el gobernador civil no aceptó ni entrevistarse con los portavoces vecinales.

Apenas a dos kilómetros de distancia, en una zona también rural y al lado de una laguna de alto interés ecológico y una playa que viene siendo escenario de los campeonatos gallegos de surf, en Doniños, en el Ayuntamiento de El Ferrol, está localizado otro campo de tiro, éste propiedad de la Armada. Ello da idea de la importancia de la zona en materia de defensa. Por esta razón, el Ayuntamiento de El Ferrol viene exigiendo, de forma reiterada, una compensación económica del Gobierno.

La compensación, hasta el momento, no ha sido ni anunciada, pese al documentado estudio que realizó sobre esta cuestión el anterior alcalde -en la actualidad, presidente del comité- comarcal de AP-, Francisco Caamaño, -coronel retirado de Intendencia de la Armada. En 1978, Francisco Caamaño, ante la carga honrosa, pero carga al fin y al cabo, de ser base naval y dedicar un porcentaje elevado del espacio urbano a la Armada", exigió del Gobierno de UCD una compensación económica, que ahora exigen también los socialistas, que en la actualidad gobiernan el Ayuntamiento.