Algunos ministros se consideran desinformados respecto de los planes electorales de Leopoldo Calvo Sotelo

El presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, discutirá hoy con sus ministros los planes sobre disolución de las cámaras legislativas y la consiguiente convocatoria de elecciones generales, que tendrán lugar, con toda probabilidad, en el próximo mes de noviembre. Varios ministros del Gabinete manifestaron, privadamente, su malestar ante la desinformación a que se ven sometidos, ya que algunos de ellos se han enterado, desde sus residencias veraniegas, de los planes políticos presidenciales a través de las especulaciones y comentarios aparecidos en la Prensa.

El propio presidente de Unión de Centro Democrático, Landelino Lavilla, manifestaba ayer en Santiago de Compostela: "Creo que las elecciones serán antes de diciembre", aunque agregó inmediatamente que la decisión corresponde al presidente del Gobierno, "con el que he hablado ya de esa posibilidad, aunque, desde primeros de agosto no he vuelto a tratar con él de ese tema".En conversaciones privadas, como la mantenida con el presidente de la UCD balear, Jerónimo Albertí, Lavilla abordó la posibilidad de que los estatutos dei autonomía pendientes (Extremadura, Baleares y Castilla-León) no lleguen a ser tratados, es decir, que las Cortes no se reabran en septiembre.

Esta parece ser la posibilidad más real en estos momentos, y la que eventualmente acordarán Lavilla y Calvo Sotelo en la entrevista que deben mantener a primera hora de esta mañana (el encuentro estaba inicialmente fijado para anoche). Pese a las constantes declaraciones de buen entendimiento entre los presidentes del Gobierno y de UCD, lo cierto es que en la sede del partido, en la calle de Arlabán, continúa hablándose de reticencias entre ambos y continúan circulando los más variados rumores.

14 de noviembre, víspera de San Leopoldo

En medios políticos se comentaba ayer insistentemente la posibilidad de que el decreto de disolución de las cámaras se produzca poco antes de la fecha convenida en que debería reanudarse la legislatura (14 de septiembre). Entre este plazo y el de la votación deberá mediar un plazo mínimo de 55 días, lo que haría viable la posibilidad de que las elecciones se celebrasen el primer domingo de noviembre, día 7, admitiendo que el Gobierno recogerá las sugerencias empresariales de celebrar las votaciones en jornada festiva.Sin embargo, hay que introducir en estas hipótesis una nueva variable: la visita del Papa a España. Sabido es que el Pontífice no desea que su viaje coincida con la campaña electoral oficial. Dado que este viaje concluye -a falta de confirmación oficial- el 22 de octubre, y dado que la campaña electoral debe durar veintiún días, de acuerdo con las normas constitucionales, las elecciones podrían celebrarse el domingo 14 de noviembre, y no el lunes 15, día laborable y, por tanto, maldito para el sector empresarial. Resulta impensable que el Gobierno piense en la celebración de elecciones el domingo 21 de noviembre, jornada que estará marcada por conmemoraciones ultraderechistas, y el domingo siguiente, 28 de noviembre, parece una fecha demasiado tardía, dado el desgaste que sufren el Gobierno y su partido. La fecha más razonable, por el momento, parece ser, por tanto, la del 14 de noviembre, víspera de la celebración de San Leopoldo.

Calvo Sotelo escuchará hoy el parecer sobre el tema del Consejo de Ministros, aunque se descarta casi por completo que tras la reunión del Gabinete se produzca cualquier anuncio sobre fecha de disolución y de convocatoria electoral. Entre otros datos, abona esta tesis el hecho de que Calvo Sotelo no ha relatado sus planes a los líderes de otros grupos políticos, como sería norma de habitual cortesía, una vez que los planes parecen estar definitivamente trazados.

En cualquier caso, la opinión mayoritaria de los restantes grupos políticos se mostraba ayer contrariada ante la precipitación y la sorpresa que han dominado esta última jugada gubernamental. Un portavoz del Centro Democrático y Social, de Adolfo Suárez, comentó a EL PAÍS que "este paso (anticipar la disolución) lo dan exclusivamente para evitar que nosotros sigamos creciendo y continúe el trasvase de militantes de UCD al CDS". "Pero", añadió, "con ello el Gobierno se mete en un buen lío. A ver cómo van a vender ahora la no discusión de los estatutos de autonomía y la posible no venida del Papa". Los restantes partidos centristas recientemente surgidos, aunque subrayando que "ya están listos" para afrontar una campaña electoral, reconocen que hubiesen preferido contar con más tiempo para organizarse.

Mientras el PSOE mantenía un cauto silencio, señalando tan sólo que hubiese preferido el agotamiento de la legislatura, pero que, tal vez, la debilidad del Gobierno aconseje una convocatoria anticipada de elecciones, Alianza Popular se pronunciaba tajantemente en contra. Ayer, AP hacía público un comunicado con siete razones por las que el partido de Fraga se muestra contrario a la disolución de las cámaras ahora. Entre estas razones se citan: que la crisis de UCD está desembocando en una auténtica sopa de letras, que quizá sería mejor que se decantara en opciones que fueran menos numerosas y más claras; que la celebración de elecciones en invierno favorece el incremento de la abstención en muchas zonas; que puede ser difícil disociar el viaje del Papa y as elecciones; que significa favorecer a la izquierda, dadas las trabas y oídos sordos que algunos partidos hacen a las llamadas de AP en favor de la mayoría natural, y, por fin, que hubiera sido muy interesante que el electorado español hubiera conocido con anterioridad el resultado de las elecciones municipales francesas, que tendrán lugar a comienzos de 1983, "y que van a demostrar un rechazo bastante previsible del electorado hacia la política que el partido socialista está siguiendo en Francia".

Aparte de ello, AP ofrece las ya conocidas razones de cansancio del electorado y coste excesivo de tres elecciones consecutivas (generales, regionales y municipales).

En el mismo seno de UCD existen posiciones discordantes acerca de la conveniencia de convocar elecciones con urgencia. Mientras la doctrina oficial, expresada ayer por el secretario general del partido en el Gobierno, Iñigo Cavero, consiste en afirmar que la legislatura está ya "sustancialmente cumplida", otras voces se alzan en contra de la disolución anticipada. El secretario de organización ucedista, Rodolfo Martín Villa, expresó sus preferencias de que se discuta el estatuto de autonomía de su región, Castilla-León, antes de disolver las Cortes. El diputado valenciano y cabeza visible del ala liberal ucedista, Joaquín Muñoz Peirats, reconocía que "la disolución anticipada de las Cortes es ya inexorable, aunque razones de polítíca general hubieran aconsejado prolongar la legislaturahasta concluir el mandato". Todo hace pensar que surgirán nuevas voces ucedistas discordantes en las regiones afectadas por la no aprobación de sus estatutos autonómicos, por entender que se trata de un compromiso incumplido por UCD.