María Izquierdo acusa al ministro de Hacienda de 'turbias negociaciones insolidarias' en favor de Cataluña

El paquete legislativo más importante de la actual legislatura, el que configura el mapa autonómico derivado de la Constitución y de los pactos firmados por el Gobierno y el PSOE el 31 de julio de 1981, no ha dejado de plantear disidencias entre sus dos principales protagonistas, centristas y socialistas. Las acusaciones de incumplimiento de aquellos pactos tienen como autora destacada a la -secretaria de política autonómica del PSOE, María Izquierdo, quien ha atribuido al Gobierno "turbias negociaciones insolidarias" en favor de la Generalitat de Catalunya, negadas en todo momento por el ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros.Al margen de los problemas planteados por los pactos autonómicos "de puertas afuera", es decir, contra los firmantes del acuerdo desde las posiciones nacionalistas y comunistas excluidas del mismo -el caso más palpable es el rechazo de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA)-, también han existido numerosas disidencias entre el Gobierno centrista y el primer partido de la oposición sobre el grado de cumplimiento del compromiso político suscrito por Calvo Sotelo y Felipe González.

Con motivo de cumplirse un año desde la firma de aquellos pactos, la secretaria de política autonómica del PSOE, María Izquierdo, elaboró un documento -que, según manifestó a EL PAIS la pasada semana un portavoz de la comisión ejecutiva federal de este partido, mantiene toda su fuerza dos semanas después- en el que se hace balance del cumplimiento de los pactos y se realizan duras críticas en lo que se refiere a la actuación gubernamental respecto a los acuerdos de carácter económico-financiero. En cambio, los acuerdos político-administrativos se consideran "básicamente cumplidos" y se resalta el valor que este hecho supone de cara a "la institucionalización del Estado de las autonomías".

El informe afirma que, pese a la eficacia del sistema de financiación autonómica establecido en los pactos y de la dotación técnica, jurídica y política suficiente para su correcta aplicación, el Gobierno de UCD "ha venido dilapidando el caudal político que dichos acuerdos incorporaban". Las acusaciones apuntan a la debilidad parlamentaria del partido centrista, que ha obligado, según el PSOE, a buscar apoyos extraños, concretamente en Convergencia Democrática de Cataluña, desvirtuando el objetivo de los pactos.

Transferencias sobrevaloradas

La secretaria de política autonómica del PSOE acusa al Gobierno de incoherencia en la valoración de los servicios transferidos a Cataluña. En el proyecto de ley de participación, de Cataluña en los ingresos del Estado, según María Izquierdo, el porcentaje de reposición supera en algún caso el ciento por ciento. Otro miembrde la ejecutiva socialista manifestó a este periódico que la sobrevaloración de transferencias a Cataluña, en el caso concreto de la enseñanza, asciende a unos 30.000 millones de pesetas.Las fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por este periódico han atribuido estas acusaciones a la imaginación de algunos socialistas y de forma muy especial a "la manía persecutoria de María Izquierdo contra Jaime García Añoveros". Las mismas fuentes han pedido que se aporten pruebas de lo que se dice gratuitamente y han señalado finalmente que todo se debe a los problemas internos de los socialistas en Cataluña, en donde los delegados del PSOE nacional tienen que hacer "verdaderos equilibrios para mantener el espíritu nacionalista, sin chocar con ciertas exageraciones centralistas de la ejecutiva de Madrid".

Por otra parte, el PSOE acusa al Gobierno de no haber remitido a las Cortes proyectos de ley de la importancia de los siguientes: ley reguladora de las asignaciones presupuestarias destinadas a garantizar un nivel mínimo de prestación de los servicios públicos fundamentales; ley que establece el carácter de no deducible de los recargos fijados por las comunidades autónomas; ley del cupo del País Vasco para el quinquenio 1982-86, y ley que establezca la actualización de la aportación económica.

En definitiva, la denuncia socialista se resume en que la actuación del Ministerio de Hacienda ha conducido a que las comunidades autónomas "que iniciaron antes el proceso autonómico resulten beneficiadas". Con ello, agregan, a medió y largo plazo se producirá un grave problema, derivado de la discriminación. en contra de aquellos territorios que han iniciado más tardíamente el proceso autonómico. En el Ministerio de Hacienda insisten en negar estas acusaciones y, por el contrario, manifiestan que las valoraciones de transferencias empleadas con Cataluña se aplicarán a las comunidades autónomas, por lo que, afirmaron , carecen de fundamento los fantasmas que quiere ver la señora Izquierdo".

En todo caso, los socialistas valoran como "confusa e incoherente" la gestión gubernamental en materia autonómica económico-financiera, debido a lo que la responsable socialista califica de "turbias negociaciones insolidarias". Según el documento citado, el PSOE "denuncia enérgicamente esta gestión y exige al Gobierno la reconducción de su actuación dentro de los cauces de transparencia y solidaridad que establecen los acuerdos autonómicos".

El Gobierno denuncia al PSOE

En materia Político-administrativa es, en cambio, el Gobierno el que critica determinadas actitudes de los socialistas, en relación con las negociaciones derivadas de los pactos autonómicos. Así, según un documentó sobre el cumplimiento de los acuerdos, elaborado por el Ministerio de Administración Territorial, se acusa a los socialistas del retraso de la ley de bases de la Administración Local, prevista en los pactos de 31 de julio de 1981.Con motivo de la firma de estos pactos se había previsto que, dada la singular trascendencia e importancia de la citada ley, se estimaba conveniente "la consecución de acuerdos parlamentarios que permitan su aprobación por una amplia mayoría de ambas Cámaras". El documento gubernamental revela que en las múltiples reuniones entre parlamentarios centristas y socialistas y representantes de Administración Territorial, "nunca se llegaba a cerrar los temas por cuanto los negociadores del PSOE aceptaban determinadas redacciones que luego volvían a replantear en la siguiente reunión".

En febrero de 1982 en el monasterio de El Paular, y en abril y mayo, en el edificio anexo al palacio del Congreso de los Diputados, y más tarde en la sede de la Dirección General de Haciendas Territoriales, se celebraron reuniones para tratar de alcanzar acuerdos. Según el informe, sólo se alcanzó acuerdo respecto a las haciendas locales, excepto en lo relativo a la vía económico- administrativa. Falta por cerrar estos acuerdos en dos temas importantes: las diputaciones provinciales y la función pública local, especialmente en lo que concierne a cuerpos nacionales de Administración Local.