Nuevos rumores de crisis en el Gobierno portugués

El Parlamento portugués se reunirá los días 12 y 13 de agosto para votar la ley sobre la revisión constitucional. Mientras los diputados aprovechan este corto plazo para unos días de vacaciones, la actividad política está lejos de registrar este año en Portugal la habitual tregua veraniega. Rumores contradictorios circulan en Lisboa acerca de un próximo cambio ministerial en el Gobierno.Dos superministros, el socialdemócrata Meneres Pimentel, titular de las carteras de Justicia y de Reforma Administrativa, y el democristiano Basilio Horta, que acumula los ministerios de Agricultura y Pesca y de Comercio, parecen haber dimitido, aunque no hay por el momento confirmación oficial. Sí está confirmada la renuncia de la secretaria de Estado del Ambiente, la monárquica Mar garita Borges de Carvalho.

Toda la Prensa portuguesa comenta la eventualidad de una anticipación, para la segunda semana de agosto, de las cambios gubernamentales previstos para octubre, después de la promulgación, por el presidente Antonio Ramalho Eanes, de la nueva Constitución.

El presidente de la República, hacia quien converge la atención en este momento, recibió ayer separadamente al primer ministro y al presidente del Parlamento. Con el segundo, el general Eanes pretende obtener informaciones sobre el desarrollo de la revisión constitucional. El jefe del Estado, que se comprometió a promulgar la nueva Constitución "siempre que hayan sido respetados todos los trámites legales", no ha sido formalmente informado de las disposiciones adoptadas por la mayoría del Parlamento, especialmente en lo que se refiere a la limitación de las prerrogativas presidenciales.

Sobre un punto, al menos -el de la doble responsabilidad del Gobierno ante el Parlamento y el presidente de la República-, el texto constitucional adoptado es objeto de interpretaciones contradictorias por parte de Alianza Democrática y de los socialistas, los segundos afirmando que seguirá siendo necesaria la confianza política del presidente para que el Ejecutivo se mantenga en funciones.

Entretanto, el Consejo de la Revolución, reunido el lunes bajo la presidencia del general Eanes, ha desmentido una vez más las acusaciones, según las cuales un sector de la oficialidad está conspirando contra las decisiones adoptadas por el Parlamento en materia de revisión constitucional. Reafirmó una vez más su compromiso de acatar los actos legítimos del poder democrático civil, el Consejo de la Revolución se limita a ejercer, hasta el fin de su mandato constitucional, las funciones que le son atribuidas por ley.

Acerca de la reunión de oficiales del día 25 de julio y de otra, de sargentos, que se celebró el pasado sábado, con cerca de quinientos suboficiales, el teniente coronel Víctor Alves, portavoz del Consejo de la Revolución, se limitó a alertar a la opinión, en general, y a los militares, en particular, contra una cierta "histeria", que, según él, se ha apoderado de algunos medios políticos, que han llegado a pedir sanciones disciplinarias contra los asistentes a dichas reuniones. El consejero de la Revolución afirmó que "los militares no pretenden ostentar ninguna representatividad especial", pero "como ciudadanos no aceptan ser tratados como portugueses de segunda clase. No aceptan que les sean negados derechos democráticos reconocidos a todos los ciudadanos, como el derecho de reunión".