Una política agraria para Andalucía

Andalucía abre, en mi opinión, una nueva etapa clave en el proyecto constitucional de construcción del Estado de las autonomías.Sin entrar en consideraciones -por otro lado ociosas- sobre la quiebra de los modelos de Estados centralistas que definen la histórica Edad Moderna, ni en la asunción de pautas de comportamiento descentralizado o federal que ven la luz en las postrimerías del siglo XVIII con la independencia de los Estados Unidos de América y la Revolución Francesa, configurando la Edad Contemporánea del mundo occidental, cabe preguntarse cuál debiera ser el papel que, en nuestra comunidad nacional, esté reservado a la región más extensa, culta y variada, a la vez que marginada, del soporte geográfico español.

En este sentido, pienso que la prudencia y la moderación -dentro necesariamente de una irrenunciable exigencia de progreso- presidirán el marco de acción política global a desarrollar por el primer Gobierno autónomo andaluz.

Al hilo de estas coordenadas, no se puede hablar de política sectorial alguna -como es el caso de la agraria- sin sucumbir a la tentación previa de unas reflexiones generales. La oportunidad del momento justifica y, avala el comentario.

En lo que a operatividad se refiere, creo que hay tres objetivos prioritarios que deben regir las actuaciones de la Junta de Andalucía:

Primero, institucionalizar la Administración autonómica, esto es, organizar sectorial y funcionalmente una infraestructura administrativa que, evitando las conocidas deficiencias de las Administraciones públicas, dé cumplida respuesta a la demanda de transparencia y eficacia que reclama el administrado.

Segundo, articular una política en la que la interdependencia departamental dote de coherencia a las acciones sectoriales, desbordando la concepción del compartimento estanco que genera espacios funcionales vacíos -bolsas de autonomía administrativa dentro de la propia organización autonómica-, corriendo el peligro de convertirse en feudos de gestión incontrolada. La interconexión departamental es pieza fundamental, para la unidad de gestión.

Tercero, asumir progresivamente aquellas competencias contempladas en la Constitución y recogidas en nuestro Estatuto, teniendo siempre presente que la transferencia formal debe ir acompañada de una instrumentación sustantiva, es decir, con la plenitud de medios humanos, materiales y financieros que garantizan el ejercicio real del poder. No se olvide que no existe autonomía política sin autonomía económica.

En estos tres puntos genéricos habrá de subyacer una filosofía de eficacia que permita atajar, en el menor tiempo posible, el más grave y angustioso problema con el que se enfrenta Andalucía: el paro.

Cada medida de política que se adopte ha de contemplar esta lacra social e intentar modificar su tendencia.

Si de las formulaciones globales descendemos al terreno de la política sectorial aplicada, debo señalar que, dentro del sector agrario andaluz, destacan unos pilares sobre los que, a mi juicio, habrá que cimentar el ejercicio político en la materia.

La política sectorial

De un lado, es premisa indispensable que la, ordenación del sector sea pactado. De otro -en íntima relación con lo anterior-, hay que afrontar decididamente el desafío de la reforma de las actuales estructuras agrarias. Por lo que al primer punto respecta, la constitución de un Consejo Agrario Andaluz, de composición tripartita y paritaria -patronal, organizaciones sindicales y Administración-, sería el instrumento de concertación. Su participación, con carácter consultivo, en la toma de decisiones ampliaría el espectro de éstas y garantizaría el apoyo de las fuerzas sociales y económicas a las medidas adoptadas.

Por lo que a reforma estructural concierne, creemos que la aplicación efectiva de la vigente legislación (IRYDA, Fincas Mejorables, Arrendamientos Rústicos, etcétera), desde una perspectiva de progreso acorde con la función social de la propiedad que sanciona la Constitución, supondría un claro avance que propiciaría la modificación cualitativa de los sistemas agrarios andaluces.

Complemento obligado a las líneas esbozadas es el esfuerzo en la creación de una firme industria agroalimentaria y en la remodelación de las estructuras comerciales que, conjuntamente, dinamicen la generación de puestos de trabajo y valor añadido dentro de Andalucía.

Sus efectos directos e inducidos se haría sentir en la reorientación de los cultivos, cuya ordenación natural debe sustentarse en el trinomio investigación-experimentación-divulgación.

La responsabilidad de coordinación debería recaer en el Consejo de Investigaciones Agrarias de Andalucía y la ejecución del último punto, asumida, como es su función, por el Servicio de Extensión Agraria.

La regulación integral de las cuencas hidrográficas andaluzas será la base de una política de regadíos que fomente la intensificación e incremento de la superficie irrigada, racionalizando la administración de las aguas públicas. Esta política demanda:

- El trabajo unificado de los entes públicos -confederaciones hidrográficas, IRYDA-, para que los servicios comunitarios ya existentes -comunidades de regantes- queden integrados en la administración de los sistemas de distribución, obligando a desarrollar y mantener éstos más allá de la simple pasividad a que hoy parecen estar sometidos.

- Iniciar esta labor con un estudio crítico de todas y cada una de las zonas regadas con aguas públicas.

- Regular la distribución de este recurso, cada vez más escaso, en función, igualmente, de la limitación de recursos económicos disponibles.

Un desarrollo armónico de este proyecto de aprovechamiento integral necesita una particular sensibilidad hacía los problemas de equilibrio ecológico, conservación y mejora del medio ambiente. A esos efectos, es obligada una especial atención a las repoblaciones forestales con especies de crecimiento lento -no se olviden los desafueros que ha causado el eucalipto- y a la lucha contra la erosión, sin cuya contribución el proceso de desertización, tan agudizado en las provincias orientales, continuaría con sus devastadoras consecuencias.

En el dominio de la ganadería, el impulso ha de ser paralelo al planteado en el ámbito agrícola, es decir, a través de un apoyo a la investigación seguido, de un lado, de la divulgación de conocimientos entre los ganaderos y, de otro, de aquellas ayudas técnicas y económicas que potencien la transformación y comercialización de: productos de origen animal, con lo que se trasciende la clásica concepción de la ganadería enfocándola hacia una dimensión industrial.

Agricultura asociativa

Si los aspectos hasta ahora delineados, en los que prima el perfil tecnoeconómico, los conjugamos con los de proyección social, el fomento y tutela de las actividades agrarias de carácter asociativo se perfila como objetivo de primera magnitud. La crisis del modelo de agricultura tradicional conlleva no sólo un cambio en las funciones técnicas de producción, sino que obliga necesariamente a la modificación de lo que llamaríamos funciones socioinstitucionales. Desde mi punto de vista, la variable estratégica del cambio viene determinada por la agricultura asociativa.

En este orden de ideas se hace preciso que la Administración autónoma dedique atención preferente a la expansión e integración, tanto vertical como horizontal, de este tipo de agrupaciones en el sistema productivo agrario. Para ello serían aconsejables, cuando menos, las siguientes medidas:

- Apoyo a la tecnificación de las fórmulas asociativas.

- Promoción, tutela y orientación con funcionarios especializados.

- Protección financiera, que aliente la constitución y ampare la gestión..

Para concluir, unas consideraciones finales:

1. Cuanto antecede debe incardinarse en el horizonte estatal. de una futura y deseable integración en las Comunidades Europeas e impregnarse de una decidida voluntad política de hacer frente -como cuestión de absoluta prioridad- al creciente espectro del paro.

2. Las agriculturas andaluzas -en afortunada expresión y análisis del Grupo ERA- reclaman tratamientos diferenciales que eliminen el denominador común de la dependencia. La potencialidad de sus recursos, naturales y humanos, suponen un claro reto al primer Gobierno autónomo andaluz, que ha de saber reorientar esas capacidades infrautilizadas hacia la función social que la profundización en la democracia exige y los andaluces esperaron y esperan desde siglos.