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El empleo comunitario beneficia, sólo en Andalucía y Extremadura, al mismo número de parados existente en todo el campo nacional

Al finalizar el primer trimestre de 1982 el número de beneficiarios del seguro de desempleo en Andalucía y Extremadura era de 119.576 trabajadores, según datos del Instituto Nacional de Empleo (INEM). La cifra es prácticamente similar al número total de parados existentes en la misma fecha en todo el territorio nacional (122.000), de acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), correspondiente al mismo trimestre.Aunque los datos de la EPA pueden sufrir alguna desviación a la baja, al no contemplar el número total de parados, son también los que más fiabilidad merecen. Por ello, las cifras son suficientemente significativas de lo que en algunos medios se ha comenzado a denunciar sobre la picaresca existente entre algunos perceptores del empleo comunitario.

El número de beneficiarios resulta aún más sorprendente si se compara con el número de parados registrados en Andalucía y Extremadura, que en aquella época no llegaban a los 60.000. Fuentes del Instituto Nacional de Empleo señalaron la preocupación que la disparidad de cifras había causado en medios de la Administración. De acuerdo con estas fuentes, los datos vienen a demostrar, una vez más, la necesidad de abordar con carácter urgente la reforma del actual sistema de empleo comunitario.

No obstante, matizaron que tanto los datos de la EPA como los del paro registrado no reflejan necesariamente la situación real del campo andaluz y extremeño, aunque reconocieron que las- cifras resultaban en cualquier caso preocupantes. En los citados medios subrayaron que la reforma del actual sistema no es una labor que pueda abordar la Administración por sí sola, y destacaron que los sindicatos tienen en este sentido su parte de responsabilidad.

Al mismo tiempo hicieron constar las graves dificultades para la elaboración de un censo agrario, única posibilidad de conocer cuáles son las necesidades reales del campo. En poblaciones muy concretas -a este respecto se cita el pueblo sevillano de Marinaleda- se ha dado una negativa rotunda a proporcionar los datos del censo. Censo que, por otro lado, obra ya en poder de la Administración, en un primer borrador que está siendo objeto de detallado estudio para su depuración.

En fuentes sindicales admitieron que el actual sistema de empleo comunitario está dando lugar a situaciones de agravio comparativo entre las propias provincias, e incluso entre los mismos campesinos. Así, se dan casos que algunos medios no han dudado en calificar como escandalosos, frente a situaciones de "auténtica necesidad", que por diversas razones no tienen el privilegio de estar acogidos al empleo comunitario. Los sindicatos, sin embargo, no han dudado en culpar a la Administración de los retrasos sufridos para abordar la reforma de sistema en vigor, aunque reconozcan la existencia de situaciones de privilegio.

Silencio de algunos sindicatos

Los propios dirigentes sindicales han señalado que los intentos de denunciar el actual estado de cosas han chocado, en ocasiones, con la misma estructura del sindicato, que prefiere mantener esta situación antes que aplicar a rajatable criterios -siempre impopulares- de pura justicia en la distribución de los fondos.En el primer trimestre de 1982 se habían destinado a Andalucía y Extremadura un total de 5.052 millones de pesetas, de los 22.400 millones presupuestados para todo el año y para todo el territorio nacional. La cifra ha quedado superada con el envío de nuevos fondos hacia ambas regiones en los últimos meses. El pasado jueves, concretamente, se remitieron, según confirmaba el INEM, más de 2.200 millones que sumados a otras partidas libradas anteriormente sitúan en más de 12.000 millones de pesetas los fondos enviados hasta ahora a las dos regiones citadas. En esta situación, medios relacionados con la Administración y los sindicatos señalaron las dificultades para cumplir el compromiso asumido por el Gobierno de garantizar cuatro jornales a la semana. Los fondos, siguiendo el ritmo actual, se agotarán antes de finalizar el año y la Administración no parece dispuesta a completar los jornales pendientes por la vía de un crédito extraordinario.

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