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El fiscal pide cuatro años de suspensión para doce funcionarios de la cárcel de Herrera

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, Jorge Sena, ha pedido cuatro años de suspensión para el ex director de la cárcel de Herrera de la Mancha Santiago Martínez Motos y otros once funcionarios de la misma, en sus conclusiones provisionales sobre el sumario instruido a raíz de las denuncias de numerosos internos por presuntas torturas y malos tratos. El fiscal menciona, entre otras prácticas con los presos, la existencia de patadas en el hígado, pisotones en la cabeza, golpes palizas con porras y amenazas de quemarles los testículos, todo ello con conocimiento y "delectación" del director de la cárcel.El ministerio público dice, asimismo, que los golpes y violencías risicas a que fueron sometidos los internos no fueron cruentos ni dejaron secuelas apreciables clínicamente, "porque los procesados se cuidaban de ello". Las vejaciones y malos tratos causaban en los presos, según el fiscal, una "profunda perplejidad". La petición de cuatro años de suspensión para cada uno de los inculpados se hace por aplicación del artículo 187.5 del Código Penal, que tipifica los delitos cometidos por funcionarios públicos contra los derechos de la persona.

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El fiscal acusa de malos tratos a 12 funcionarios de la cárcel de Herrera de la Mancha

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Los procesados en el sumario de Herrera de la Mancha son los jefes de servicio Manuel Arcila y José Antonio Barroso y los funcionarios Francisco José Campos, Salustiano Cartón, Vicente Fernández Pertejo, Eutiquio Gil, José Luis Malagón, Angel Luis Moreno, Jesús Pérez Redondo, Jaime María Pozas y Francisco Javier Seco, así como el director de la cárcel en el momento de producirse los hechos, Santiago Martínez Motos. El escrito del fiscal indica que los golpes y malos tratos los produjeron los anteriores "en compañía de otros que no se han podido identificar a través de este sumario".

Las conclusiones provisionales explican que, entre junio y agosto de 1979, se produjeron traslados masivos de internos a la prisión de máxima seguridad de Herrera de la Mancha, situada en las inmediaciones de Manzanares, en Ciudad Real. Los internos llegaban a la prisión en coches celulares, escoltados por la fuerza pública, y, en el patio de la cárcel, se hacían cargo de ellos funcionarios de Instituciones Penitenciarias, que debían conducirlos a las celdas.

Los funcionarios procesados y los que "no se han podido identificar" obligaban antes a los internos a pasar entre dos filas formadas por ellos y, mientras tanto, los golpeaban "sirviéndose de porras unas veces, otras con las palmas de las manos y siempre causando en aquéllos, por la continuidad de los golpes y la forma de practicarlos, una sensación vejatoria e indefensa".

Seguidamente procedían a cachearlos, actuación que iniciaban colocándolos frente a la pared con las piernas abiertas y apoyados en aquélla con los dedos índices de sus manos. "Acompañaban toda la actuación con fuertes golpes en diversas partes del cuerpo, casi siempre con porras, pero, desde luego, innecesarios, porque la postura física de los internos facilitaba absolutamente la práctica del cacheo".

El escrito del ministerio fiscal reconoce que "en este tipo de actos participaron abundantemente los procesados", y que "su comportamiento se prolongó, contra los internos, más allá de los momentos de los traslados masivos de aquéllos, creando, por tanto, en la población reclusa una sensación de inseguridad y miedo".

Vicente Fernández Pertejo "golpeaba con el pie, especialmente en el hígado" a un preso, y a éste y a otros tres les golpeó "muy especialmente" y "con saña". Después de incoada la causa, golpeó a otro interno porque había declarado en contra de él y de otros procesados. También el funcionario Jesús Pérez Redondo "ha maltratado ininterrumpidamente" a dos reclusos durante meses y a uno de ellos lo "ha humillado, propinándole, un día de octubre de 1979, un fuerte golpe en el hígado".

Quemarles los testículos

El funcionario Francisco José Campos "golpeó con variedad de medios, y siempre repetidas veces", a varios internos, a tres de los cuales les "hizo objeto de malos tratos, ensañándose" con ellos. A un preso "llegó a pisarle la cabeza una vez", y a otro, "al que también golpeó abundantemente", llegó a "arrebatarle la comida, privándole de ella". El también funcionario Francisco Javier Seco se sirvió de una porra para golpear "fuertemente" a un recluso y pegó a otro "algunas veces cuando se encontraba dormido".

Las narraciones de golpes, "especial y repetidamente", violencias "sin motivo", se repiten en todos los procesados. Algunos, como José Luis Malagón, propinó "abundantes bofetadas, sin ningún motívo", a ocho internos, y a uno de ellos le amenazó " en repetidas ocasiones con quemarle los testículos con un papel ardiendo, siempre sin motivo justificado". Palizas con abundantes golpes, utilización de porras y amenazas y humillaciones constantes, "feroces y desagradables", como dice el fiscal del funcionario Angel Luis Moreno, figuran insistentemente en las referencias de los procesados.

"Todos estos hechos", dice el ministerio público al final de sus conclusiones provisionales, "eran suficientemente conocidos por Santiago Martínez Motos", que entonces era director del establecimiento. "Y era sabedor de todo porque, repetidas veces, algunos de sus funcionarios le habían denunciado la conducta de los procesados, sin que el director tomara ninguna medida en relación con ellos, dejándolos actuar con libertad. Adémás, en repetidas ocasiones estaba presente en los patios de la prisión cuando se producía el traslado colectivo de los internos y observaba con delectación las violencias propiciadas por los procesados, a los que dejaba hacer". En el caso de un intemo en "precario estado lflsico", al que Martínez Motos obligó a cargar con su maleta, ordenó después "a algunos funcionarios a sus órdenes que lo desnudaran, lo pusieran cara a la pared y que le golpearan repetidamente en la diligencia de cacheo".

Fuentes de los abogados que se querellaron por estas actuaciones manifestaron estar de acuerdo en el relato de los hechos que hace el fiscal, aunque mostraron su discrepancia en cuanto a la tipificación del delito, que para ellos debería ser la recogida en el artículo 204 bis del Código Penal, referente a la tortura.

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