Sobre las contrapartidas del programa FACA

TODO PARECE indicar que el próximo Consejo de Ministros tomará la decisión final sobre el programa Futuro Avión de Combate y Ataque (FACA), después de estudiar los informes de la Junta de Defensa Nacional y de la comisión asesora de armamento y material del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor del Aire. Dos factores de primera importancia disuaden de cualquier aplazamiento: los puramente defensivos o estratégicos y los económicos.El primer escuadrón del nuevo sistema F- 18 A o F 16 C no estará operativo hasta finales de 1986, según estiman los expertos, por lo que el Ejército del Aire tendrá que mantener en servicio los Phantom y los F-5 y los Mirage III más allá de su período de vigencia de veinte años, con las repercusiones sobre costes y la reducción de su eficacia. La capacidad de la fuerza aérea española queda a partir de 1984 notablemente mermada, con el consiguiente deterioro del poder aéreo, incapaz de asegurar la superioridad y ejercer una disuasión creíble sobre el espacio de soberanía y en el eje Baleares-Estrecho Canarias.

Las leyes norteamericanas bajo las cuales se regulan transacciones como las requeridas por el programa FACA exigen la aprobación del Senado de Washington. El actual período de sesiones concluye el 15 de agosto, fecha en que comienzan las vacaciones. Si la decisión española no es firme a finales de julio, el contrato no podrá ahora pasar el trámite del Senado y se perjudicarían los precios. En consecuencia, el "sino presupuesto alcanzaría para adquirir un número aún más reducido de aviones, y si se mantuviera el contrato por el mismo número de aparatos el presupuesto necesario habría de sufrir un considerable aumento; es decir, en todo caso, a igualdad de eficacia aumentarían los costes.

Desde la vertiente industrial se ha criticado a veces la propensión del Ejército del Aire a reclamar la adquisición de los modelos de aviones más caros y avanzados, pero el Estado Mayor, que hace más de un año estaba en condiciones de haber tomado las decisiones, formula otras consideraciones en su descargo. Sus expertos afirman que fueron ellos quienes alertaron a las autoridades competentes sobre las contrapartidas industriales susceptibles de obtenerse del programa FACA. Al mismo tiempo señalan que no es misión del Ejército del Aire negociar en ese terreno, y no dejan de observar que se carece de un inventario real de las posibilidades de la industria española,, y que en este campo de investigación y desarrollo tecnológico no se han tomado las decisiones estratégicas esclarecedoras para el futuro. Desde una racionalización superior otros países occidentales, como Canadá, han optado por subvencionar el capital invertido en determinadas industrias de la defensa y dejar después operar las leyes del mercado en los aprovisionamientos.

La discusión de las contrapartidas industriales de cada una de las ofertas ha sido penosa por las deficiencias señaladas y por la picaresca de las casas norteamericanas, siempre propensas a reducir a sus interlocutores al tercermundismo tecnológico y a sumar como compensaciones equiparables giras turísticas o convenciones de empleados o vendedores a su servicio. El Ministerio de Defensa ha escrito muy recientemente a la General Dynamics y a la McDonell Douglas, encareciéndoles que mejoren sus ofertas, de modo que mejoren los precios mediante el denominado rate benefit -abaratamiento del costo unitario, como consecuencia de la ampliación de las series de fabricación que implica el contrato con España- y que ha obtenido del Gobierno americano una bonificación en los costes que carga por unidad en concepto de investigación y desarrollo (I+D) y de arrendamiento de instalaciones a las casas fabricantes. En nuestra condición de miembros de la OTAN, este sumando, que por unidad- representa 1,4 millones de dólares, quedará reducido a 877.000 dólares. Algunas informaciones disponibles parecen indicar que el funcionamiento de la comisión interministerial asesora de armamento y material no ha realizado sus trabajos con la continuidad y eficiencia convenientes. Ahora que el momento de la decisión final se aproxima, es además obligado que el Ministerio de Defensa haga públicos los nombres de todos sus integrantes, en aras de la transparencia de un proceso que arrastra 330.000 millones de pesetas. También habría que asegurar cómo va a hacerse el seguimiento de las contrapartidas que teóricamente se obtengan y cómo va a poder presionarse para que su cumplimiento real se aproxime al máximo.

Estas breves consideraciones no pueden concluir sin hacer referencia al Parlamento. El programa FACA, iniciado hace cuatro años con una directiva del Estado Mayor del Aire, no ha recibido la atención parlamentaria que le debería haber asegurado su importancia para el cumplimiento de las misiones asignadas a la fuerza aérea. Resulta incomprensible que la comodidad del Ministerio de Defensa o la insensibilidad de los parlamentarios hayan sustraído el programa FACA al debate que merecía.