Los partidos que rechazan la LOAPA estudian en Barcelona la presentación de un recurso previo de inconstitucionalidad

El Partido Nacionalista Vasco parece poco decidido a aceptar la fórmula del recurso previo de inconstitucionalidad contra la LOAPA, de cuya eventual tramitación tratarán hoy en Barcelona todas las fuerzas políticas con representación parlamentario que votaron contra la ley en el Congreso. La minoría vasca se muestra, en principio, más partidaria de que los Parlamentos autónomos presenten recursos ordinarios de inconstitucionalidad contra la ley, en tanto que Convergencia i Unió no se ha decidido aún por una de las dos opciones.

La reunión se celebrará en los locales del grupo parlamentario de Convergencia Uniò. Miquel Roca y Maciá Alavedra representarán a este partido; Xabier Arzallus, Marcos Vizcaya y el vicepresidente del Gobierno vasco, Mario Fernández, al PNV; Santiago Carrillo y Enrique Curiel, al PCE; Juan Carlos Aguilar, al PSA, y Albert Alay, a Esquerra Republicana de Cataluya. Asistirán también representantes de Euskadiko Ezkerra y PSUC.Por iniciativa fundamentalmente del Partido Comunista, estudiarán la conveniencia de presentar conjuntamente un recurso previo de inconstitucionalidad contra la ley orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, cuyo proyecto fue aprobado en el Congreso el 31 de junio y se tramita estos días en el Senado. Según el artículo 79 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional, el recurso previo, avalado por cincuenta firmas de diputados, debe presentarse en los tres días siguientes a la aprobación por la Cámara de la ley en cuestión, y supone que aquélla no podrá publicarse en el Boletín Oficial del Estado, y, por tanto, no entrará en vigor hasta tanto no se produzca una sentencia del Tribunal Constitucional.

Los representantes del PCE están firmemente convencidos de que pueden conseguirse las cincuenta firmas necesarias para avalar el recurso. En sus cuentas, consideran firmas aseguradas, además de las de sus veinte diputados, ocho de Convergencia i Uniò, siete del PNV, siete del PSA y las de Juan María Bandrés, Pí Suñer y Sagaseta, del Grupo Mixto. Serían 45 firmas. Pilar Brabo, Ramón Tamarnes y Andrés Fernández FernIández, del Grupo Mixto, están en la lista de "probables" que tiene el PCE, que confía, también, en obtener la adhesión a la lista de algún otro diputado de UCD o PSOE.

Pero estas cuentas pueden no servir de nada si los representantes del PNV mantienen su firme decisión de trasladar a los Parlamentos autónomos el protagonismo de presentar contra la LOAPA un recurso ordinario de inconstitucionalidad. Un recurso que aquellas instituciones pueden presentar en los tres meses siguientes a la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado y que, en ningún caso, supone la paralización de la vigencia dela misma.

Entre las razones esgrimidas por los nacionalistas vascos para apoyar esta fórmula está su convicción de que la paralización temporal de la entrada en vigor de la ley, efecto automático del recurso previo, está ya conseguida con la nueva disposición transitoria del texto de la LOAPA, que aplaza la entrada en vigor de la ley hasta cinco meses después de su publicación en el BOE. Afirman también que necesitan tiempo para preparar, "con serenidad y distancia de los debates parlamentarios", un recurso amplio, bien planteado y fundamentado exhaustivamente con nuevas aportaciones de expertos, que, en su opinión, no podría lograrse ahora por falta de tiempo y por las diferencias de argumentos que manejan los partidos que se oponen a la ley.