¿Por que en 1983?

¿Cuándo deben ser las elecciones generales? He aquí un tema que merece seria reflexión, al margen de consideraciones electoralistas y de impaciencias que pueden volverse contra el sistema democrático mismo.Mi punto de vista es: elecciones dentro del plazo previsto en la Constitución. No es bueno en ningún país anticiparlas. En España, donde ya lo hicimos con las anteriores y donde además ha habido una cascada de elecciones y referendos en las comunidades autónomas, con amplios márgenes de abstención, este torbellino de consulta tras consulta podría empachar a un pueblo que no estaba acostumbrado a esta dinámica, y ello por razones obvias.

En primer lugar, habría que aprobar una ley electoral, y eso no puede hacerse atropelladamente. El decreto que sirvió para las de 1977 y 1979 no es utilizable en las próximas; este criterio fue defendido fogosamente en una emisión de La clave por los representantes del PSOE y AP. Hacer una nueva ley electoral requiere cierto tiempo. Creo que hoy esa ley tendría que eliminar la regla D'Hont y atenerse a un criterio de proporcionalidad más riguroso que reflejara la actitud auténtica de los electores, una ley por la que voten los hombres y mujeres de este país y no los kilómetros cuadrados.

Pero no es esta la única razón que aconseje apurar el plazo constitucional. Hay otra y de peso; me refiero a los presupuestos. Se ha argüido que los presupuestos no deben ser traídos a las Cortes por un Gobierno que va a dejar de serlo tras las elecciones, sino por aquellos que van a gobernar posteriormente. Bien, pero eso significa, lisa y llanamente, lo contrario, es decir, que el año próximo va a regir el presupuesto vigente, el actual, que habría que prolongar. Porque celebrando las elecciones en noviembre, como calculan los partidarios de anticiparlas, mientras se constituyen las Cámaras, se inviste a un presidente y se forma un Gobierno va a pasar algún tiempo; máxime si se tiene en cuenta que cualquiera que sea la minoría mayoritaria -porque dudo que ningún partido logre la mayoría absoluta-, esa minoría tendrá que aliarse con otros grupos políticos para gobernar, y un acuerdo de ese tipo no será posible de la noche a la mañana, sobre todo después de una confrontación que, planteada en términos de cambio, de enfrentamiento, va a hacer más difícil las aproximaciones.

En el mejor de los casos, habría Gobierno, el que fuese, en diciembre. ¿Cuándo iba a elaborar el proyecto de nuevo presupuesto? Un presupuesto es una cosa muy seria, no puede ser una chapuza. Y con mayor razón un presupuesto de cambio. Necesita tiempo. Para tener uno serio, discutido y aprobado en las Cámaras nos situaríamos ya bien entrado el año 1983. Por consiguiente, el nueve, Gobierno funcionaría con el presupuesto hecho para 1982 por el Gobierno y las Cámaras actuales. El argumento a que he aludido cae, pues, por los suelos. ¿No sería acaso mejor que prolongar el actual buscar un acuerdo amplio en estas mismas Cámaras para aprobar un presupuesto nuevo que corrija las deficiencias del actual y haga frente a los problemas sociales y económicos de 1983 más eficazmente? Resulta incomprensible que ahora se niegue toda posibilidad de acuerdo con el Gobierno por quienes a lo largo de más de un año no han hecho otra cosa que acuerdos de esa especie, a veces bastante sórdidos.

Por otra parte, esto daría lugar a completar la aplicación del ANE y a prever medidas que el año próximo permitan reducir el paro. O a establecer claramente el criterio de que el Estado, aquí, debe subvencionar el transporte urbano, como hace en otros países, considerando éste como una especie de salario social, poniendo fin al drama de los municipios de grandes ciudades, que se hallan ahogados por el déficit de dicho servicio actualmente. O bien a decidir que las pensiones mínimas se ajusten al salario mínimo interprofesional.

No cumplir el plazo constitucional, realizar elecciones anticipadas significa, de otra parte, hacerlas bajo el imponderable de lo que sucederá en el Tribunal Supremo con la sentencia del 23-F. ¿A quién conviene correr este riesgo? Creo, desde luego, que no a la izquierda. Bien utilizado -y la derecha va a hacerlo, aunque sea subterráneamente-, el imponderable puede tener efectos electorales serios.

Y en fin -aunque habría otros argumentos-, estamos en momentos de gran confusión política. Hay un proceso de redefinición del mapa político. Partidos importantes del arco constitucional, como UCD, están en una crisis que si la desembaraza del gran peso derechista que ha lastrado hasta aquí a ese partido podría ser beneficiosa para el equilibrio democrático. ¿Por qué no darle tiempo para redefinirse? Alianza Popular está en período de auge, pero en medio también de enorme confusión: está siendo el cajón de sastre de todos los retales derechistas.

Es importante que el electorado tenga tiempo para ver claramente lo que significa su oferta, porque si no puede votar creyendo que AP es un sucedáneo de UCD, lo que no es cierto, y podría resultar arriesgado para la democracia.

Los comunistas también -no lo oculto- necesitamos algún tiempo para superar las heridas de nuestra crisis. ¿Y a quién que de verdad quiera garantizar el equilibrio y solidez de las instituciones democráticas le interesa debilitar la presencia electoral de un partido, cuyo dinamismo vendría, inevitablemente, a manifestarse en otros terrenos?

Pero el PSOE mismo, aun con el viento electoral en popa, tiene que aclararse. Su oferta de una mayoría para el cambio no tiene credibilidad si no dice claramente con quién va a crearla al día siguiente de las elecciones. Por el momento, lo único que se sabe es que no lo hará con el PCE. Bien, está en su derecho. Mas, en tal caso, debe aclarar concretamente que la hará hacia la derecha y con quién. Otra cosa resultaría un fraude a su electorado.

De la confusión política actual no se puede salir aumentando más la confusión. No se puede salir con fugas adelante que no se sabe a qué conducen. Es un momento en que se impone la claridad, la serenidad y la responsabilidad. Y no se nos venga con que hoy no estarnos gobernados y no puede seguirse así, porque ya llevamos más de un año en esa situación y peor que prolongarla unos meses sería desembocar por irreflexión en una situación que resulte todavía más ingobernable. De ahí nuestro criterio: cumplir el plazo constitucional, llevar las elecciones a 1983.