El Banco de España marca directrices concretas a cada uno de los "siete grandes' para la regulación monetaria

A final de año, el Banco de España habrá tenido que colocar certificados de regulación monetaria por valor de 700.000 millones de pesetas, por encima de las cifras existentes a diciembre del pasado año, para financiar el déficit del sector público. La utilización creciente de esta forma de financiación, con lo que lleva de imposibilidad de que crezca el crédito al sector privado, motivó que algunos de los presidentes de los grandes bancos propusieran un acuerdo al Banco de España para frenar el deterioro de la situación.

A lo largo de lo que va transcurrido de año, la autoridad monetaria ha tenido que poner en circulación cantidades crecientes de certificados de regulación monetaria, alcanzando un máximo de 600.000 millones de pesetas a mediados del mes de junio para descender después, hasta situarse, a finales del pasado mes, en 530.000 millones de pesetas.Ante esta situación, dos de los siete grandes bancos propusieron al Banco de España, hace semanas, un acuerdo de principio mediante el cual la banca nacional proporcionaría los fondos necesarios a la Administración para que se financiara el déficit del sector público y para que la autoridad monetaria pudiera controlar el crecimiento de la cantidad de dinero en circulación, disparado desde hace meses, a cambio de una cierta remuneración de este dinero y la seguridad de que no se modificarían las previsiones existentes.

Los presidentes de los siete grandes bancos aceptaron esta proposición de Banesto y del Banco de Santander, haciéndola suya, y en posteriores conversaciones con el Banco de España decidieron que suministrarían las cantidades suficientes, a través de las subastas de certificados de regulación monetaria, para conseguir estos objetivos.

Distribución de cuotas

A raíz de este acuerdo, que no ha querido ser presentado como tal por las partes y que no ha satisfecho a todas, el gobernador del Banco de España, en carta dirigida a José María Aguirre Gonzalo, presidente de Banesto, fijaba las cantidades que cada uno de los siete grandes bancos del país tenía que dedicar para comprar certificados de regulación monetaria, los plazos en los que se debían ir cubriendo estas previsiones y el tipo de interés que al banco emisor le parecía ajustado para que no se produjeran distorsiones entre una buena remuneración al esfuerzo que hacían los bancos, destinando parte de sus fondos a financiar el déficit público a un tipo por debajo de los que marca el mercado en la actualidad, y a la situación de exceso de liquidez que existe.Aunque el principio de dicho acuerdo es compartido por todos los grandes bancos, la forma en que se ha establecido la participación de cada uno de ellos ha levantado ciertas suspicacias, ya que se piensa que, mientras algunos están realizando un esfuerzo inversor, facilitando recursos a las empresas privadas con proyectos, otros están esperando una recuperación de la iniciativa privada y mientras tanto se dedican de forma prioritaria a proporcionar fondos al sector público solucionando así su cuenta de resultados sin asumir riesgos excesivos, ya que el Estado es el mejor deudor que existe.

En este sentido, se piensa que la fórmula elegida por el Banco de España (distribución en función del pasivo de las entidades) no refleja la situación real de cada institución financiera y que sería mejor establecer las responsabilidades de cada uno de ellos en función de otros parámetros, como podría ser el activo en riesgo de cada uno de los bancos, es decir, la cuota de inversión real que tienen.

Las quejas a este procedimiento elegido por las autoridades monetarias se centran en dos aspectos: por un lado, se considera a todos los grandes en igual situación, cuando parece que unos se dedican a proporcionar inversiones mientras que otros obtienen sus beneficios de financiar el déficit, y además se vuelve a discriminar a la gran banca respecto al resto y a la banca extranjera.

Falta de liquidez

Según estas fuentes, hay algunos bancos que no tienen en estos momentos, y prácticamente a lo largo del ejercicio, liquidez para comprar los certificados de regulación monetaria que le han sido asignados por el Banco de España. En estas condiciones, y si la recomendación contenida en la carta del gobernador tiene un carácter ejecutivo, no les queda más remedio que acudir al mercado interbancario en busca de fondos con los que suscribir dichos certificados.En los momentos actuales, cuando el precio del dinero en el mercado interbancario se coloca por encima del 20%, realizar esta operación supone para estos bancos perder dinero, ya que el tipo propuesto por el Banco de España apenas supera el 16%.

Fuentes del banco emisor, por su parte, han declarado que en ningún caso se trata de imponer nada a los bancos y que las recomendaciones que se han hecho son puramente voluntarias y que "quien quiera seguirlas que lo haga y quien no que se descuelgue". No obstante, los bancos consideran que la cuestión no es tan fácil, y que en la propia carta de Alvarez Rendueles a Aguirre Gonzalo se contenían algunas advertencias soterradas para el caso de que los grandes bancos no siguieran las directrices diseñadas por la autoridad monetaria. La elevación en un punto en los depósitos obligatorios, la modificación del coeficiente de caja que tienen que cubrir los bancos y algunas otras actuaciones de este tipo aparecían entre líneas en la carta que, dirigida a Aguirre Gonzalo y con una copia para Alfonso Escámez, presidente del Banco Central, ha circulado entre el resto de los siete grandes bancos del país.

En esta situación, algunos de los baricos que se consideran maltratados por las indicaciones contenidas en la carta piensan que no tienen más remedio que seguirlas, aunque ello suponga una rentabilidad negativa.