Fabián Estapé propugna que el Estado compre el 5% del capital de los siete grandes bancos

La toma de una participación representativa del 5% del capital de los siete grandes bancos nacionales, que a su vez controlan las tres cuartas partes de los depósitos y los créditos del sistema, costaría unos 21.000 millones de pesetas, a precios de mercado, es decir, el 2,1% del actual déficit, y representaría una de las pocas fórmulas efectivas para desarrollar una auténtica reforma del sistema financiero español, según manifestó el catedrático de Política Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona y ex comisario adjunto del Plan de Desarrollo, Fabián Estapé, durante una conferencia pronunciada en la Universidad Menéndez Pelayo en Santander.

Dentro del mismo ciclo de conferencias, Miguel Allué Escudero, director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), resaltó que la menor retribución que estas entidades perciben por sus inversiones obligatorias impide que se pueda retribuir a sus depositantes 1,5 puntos de interés más por sus fondos. Para establecer esta conclusión Allué se refirió a las diferencias en la rentabilidad que ofrecen los fondos cautivos y que representa el 54,75% de los recursos que recogen y administran estas entidades, en relación a las inversiones libres colocadas a tipos de mercado.Para el profesor Estapé es absolutamente necesario continuar ahondando en el proceso de reforma de las instituciones financieras de este país, preparando a los bancos para futuros procesos de concentración que les permitan resultar competitivos frente a la banca internacional. Su tesis sobre la necesidad de que el sector público, bien a través del Banco de España o bien mediante el Patrimonio del Estado tome una participación del 5% en el capital de los siete grandes bancos, y designe tres consejeros en cada uno de ellos, tiene su fundamento en el predominante papel que desempeña este sector en la economía nacional. Más concretamente se refirió a que los siete grandes bancos mantienen las tres cuartas partes del volumen total de depósitos del sistema y conceden una proporción similar de los créditos.

Para Estapé la propuesta de que el Estado adquiera el citado 5% del capital de los grandes bancos pagando por ello su precio de mercado no representaría ninguna medida nacionalizadora, y recordó los casos del Banco Exterior y de Telefónica en los que la participación pública se establece en torno al 50% de su capital y nadie se escandaliza por ello.

Aparte señaló que la operación resultaría muy barata, ya que tomando como referencia los precios de las acciones de estos bancos en bolsa, el 30 de diciembre del pasado año, el importe total de la operación podría representar unos 21.400 millones de pesetas.

Tras reconocer la mayor eficiencia de la empresa privada frente a la pública, Fabian Estapé, señaló que lo que pretendía con su propuesta era buscar fórmulas que ampliasen la cooperación entre el sector público y la banca privada apuntando que si no se acomete la reforma bancaria, cuya crisis sólo esta en la mitad de su camino y cuyos problemas afectan al resto del sistema, se puede desencadenar un clima en el que resulte extraordinariamente duro el diálogo.

Estapé reconoció que lógicamente esta medida encontraría una cierta resistencia entre los banqueros, pero citó el factor de "estado de necesidad" como argumento para llegar a un acuerdo. En este sentido recordó que el plan de estabilización de 1959 "se realizó sin convicción pero se asumió por necesidad".

Por su parte, Miguel Allué expuso una vez más las quejas del sector de cajas de ahorros al tratamiento, en su opinión, discriminatorio que reciben por parte de la Administración indicando una vez más que es necesaria su equiparación total, especialmente en el capítulo referido a las inversiones obligatorias, con la banca privada para conseguir dotar al sistema de una mayor eficacia.