El retraso de la vigencia de la ley de Armonización puede materializarse en una cláusula adicional

Sin modificación alguna y exclusivamente con los votos de UCD y PSOE, los artículos uno y dos de la LOAPA quedaron aprobados ayer tarde por el Pleno del Congreso de los Diputados, en el que, por encima del debate del contenido de la ley, la atención se centraba en la propuesta hecha por Felipe González al Gobierno para que suspenda la aplicación de la norma hasta tanto el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la constitucionalidad de la misma. El ministro de Administración Territorial declaraba ayer a EL PAIS que la oferta de Felipe González podría materializarse mediante una cláusula adicional al texto."Dicha cláusula", precisó, "fijaría la entrada en vigor de la ley tres o cuatro meses después de su publicación en el Boletión Oficial del Estado, permitiendo así que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la misma". Arias Salgado señalaba, matizando lo que sobre la oferta de Felipe González dijo por la mañana, que, con independencia de que las comunidades autónomas planteen ante el Tribunal Constitucional recursos de impugnación de la ley por inconstitucionalidad, el Gobierno tenía pensado presentar un recurso previo de constitucionalidad al máximo tribunal.

La postura del Gobierno era calificada ayer por Alfonso Guerra como un intento de "ponerse por delante" de la oferta hecha por Felipe González. "El Gobierno", declaró a EL PAIS Guerra, "nos comunicó hace tiempo su intención de hacer una consulta previa sobre la LOAPA al Tribunal Constitucional y le dijimos que en la ley del mismo no existe esta figura y sí la del recurso previo. Pero no se entiende que un partido que apoya la ley presente un recurso contra ella".

En torno a la posibilidad de que la propuesta de Felipe González quede materializada en una cláusula adicional, Alfonso Guerra insistió en que "mejor que eso es simplemente que el Gobierno, como ha expuesto claramente Felipe González, conteste afirmativamente o se comprometa a no aplicar la ley hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso de inconstitucionalidad que previsiblemente va a presentar el Parlamento vasco".

Compartía este mismo criterio Miquel Roca, de la Minoría Catalana, que calificaba la propuesta hecha por Felipe González al Gobierno como "interesante" y con un contenido de cierto compromiso político. "Lo que no es aceptable es la propuesta hecha por el ministro Arias-Salgado en el sentido de que el Gobierno presente un recurso previo de constitucionalidad de la LOAPA al Tribunal Constitucional, ya que en el recurso va a incluir sus propios argumentos".

En una posición bastante distante, Marcos Vizcaya, de la Minoría Vasca consideraba que la oferta de Felipe González "no añade nada nuevo y carece de contenido, ya que es la reproducción de un artículo de la ley del Tribunal Constitucional que establece que la interposición de un recurso previo de inconstitucionalidad a los tres días de aprobada la ley en el Senado, supone la suspensión de su publicación en el BOE hasta tanto el mismo tribunal no se pronuncie. Eso es algo que ya pensábamos hacer".