El teniente general Alvarez Rodríguez reasume sus funciones en la presidencia del Consejo Supremo de Justicia Militar

La situación de interinidad existente desde el pasado 24 de abril en la presidencia del Consejo Supremo de Justicia Militar ha quedado resuelta al reasumir sus funciones el titular de este organismo, teniente general Luis Alvarez Rodríguez, ya repuesto de su dolencia gástrica. Este militar fue sustituido de modo provisional por el consejero Federico Gómez de Salazar, que asimismo ostenta el empleo de teniente general. La última reunión del Consejo, presidida precisamente por Gómez de Salazar, estuvo marcada por la tensión, y en el curso de ella se produjeron violentos incidentes, cuyos protagonistas fueron los consejeros togados Justo Carrero y José Barcina, actualmente cumpliendo arresto domiciliario. Con el retorno del titular a la presidencia, el Consejo Supremo de Justicia Militar vuelve a desempeñar sus funciones ordinarias, una vez concluidas sus competencias sobre la causa del 23F.

El teniente general Alvarez Rodríguez manifestó a EL PAIS que desde hace ya algunos días acude diariamente a su despacho para resolver asuntos pendientes, pero que hasta ayer por la mañana no ha reasumido con plenitud sus funciones. Explicó que, una vez repuesto de su enfermedad, que le impidió continuar en la presidencia del tribunal que juzgó a los condenados por el 23-F, ha preferido esperar a que concluyan todos los aspectos legales que le competen a este organismo en la citada causa. Precisamente la última materia a tratar en este asunto fue la decisión de conceder o no la prisión atenuada (cumplir las penas en los domicilios) a tres capitanes condenados, cuestión que fue resuelta de manera negativa para éstos y que provocó el alboroto antes citado, que zanjó el presidente en funciones.Alvarez Rodríguez calificó de fantasía las informaciones difundidas el pasado jueves por la agencia Europa Press, en el sentido de que, en el curso de la violenta reunión, intentó reasumir la presidencia, a lo que se habría opuesto Gómez de Salazar, aludiendo que para ello necesitaría presentar la correspondiente alta médica. Esta información fue desmentida por el Centro de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa (CRISDE) en el comunicado que sobre los incidentes facilitó a media tarde de ayer. Este militar, que ayer presidió un pleno del Capítulo de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, confirmó que el jueves se encontraba en la sede del Consejo, pero precisó que en ningún momento tomó posición ni intentó asumir la presidencia.

En esta misma línea se expresó también a este periódico el teniente general Gómez de Salazar, que ratificó las declaraciones de Alvarez Rodríguez sobre su retorno a la presidencia del organismo, en el sentido de que aguardaba a que se liquidaran los aspectos que le competían al Consejo sobre la causa del 23-F. Manifestó el hasta ayer presidente en funciones del Consejo que la información difundida por Europa Press sobre un supuesto enfrentamiento entre él y Alvarez Rodríguez no tenía fundamentos, calificándola de tontería, y recordó que son amigos desde hace algún tiempo, precisamente cuando él ostentaba el mando de la División Acorazada, y el actual presidente, una de las dos brigadas. "Cuando terminó la reunión", indicó refiriéndose a Alvarez Rodríguez, "le fui a dar la novedad y a continuación reasumió sus funciones".

Reacciones en los cuarteles

Las primeras reacciones dentro de las Fuerzas Armadas a los violentos incidentes de la reunión del Consejo Supremo de Justicia Militar se produjeron inmediatamente después a la lectura de los hechos en los diferentes periódicos de. la mañana, ya que las principales informaciones sobre lo sucedido fueron ofrecidas por las agencias de noticias a última hora del jueves, por lo que no existía un ambiente previo a favor o en contra. En algunos acuartelamientos se ha recordado la reciente orden de la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM), en la que se advierte, además del acatamiento de la sentencia ya dictada, de la improcedencia de "todo comentario de cualquier género que entrañe menosprecio a la actuación del Consejo Supremo de Justicia Militar".

Sin embargo, el tema del día entre los cuadros de mando fue el incidente del Consejo, aspecto este que fue discutido en líneas generales con bastantes reservas. En medios militares de reconocida trayectoria democrática se comentaba con cierto disgusto el contenido de la carta que, dirigida al Rey, cinco de los abogados del 23-F habían difundido de madrugada a través de la agencia Europa Press. Esta carta era interpretada por estos medios como un intento de cargar aún más el incidente, del que se sentían avergonzados, "ya que todos estos sucesos lo que hacen es enturbiar cada vez más de cara a la población civil el funcionamiento interno del colectivo militar, que en su mayoría está al margen de las pasiones y actitudes individuales".

Otro de los temas mayoritariamente comentados ha sido la trayectoria de los dos arrestados, los generales togados Justo Carrero, del Cuerpo Jurídico de la Armada, y José Barcina, del Cuerpo Jurídico del Ejército de Tierra. El primero, de 62 años, por ser representante de la Marina de Guerra es menos conocido, aunque personas que han coincidido en destinos con él, le consideran un hombre bastante pasional. Distinto, sin embargo, es el caso del general togado José Barcina, sumamente conocido entre los militares destacados en Madrid, ya que, aunque no pertenece a ninguna de las cuatro armas, por ser jurídico, sí ha sido durante once años directivo del Club Militar de la Dehesa.

Este militar, de 65 años, fue relevado junto con toda la junta directiva de este club, el pasado mes de abril por el entonces capitán general de Madrid, teniente general Guillermo Quintana, en relación con la actuación de un grupo en este club que cantó las llamadas Coplas de Tejero, que ensalzaban al militar que asaltó el Congreso y secuestró a sus diputados. Este incidente fue denunciado por un grupo de militares, que, sin embargo, fueron expulsados del club. Una fuente próxima al Consejo indicó en la madrugada del viernes a este periódico que el enfrentamiento sostenido entre los dos sancionados y Gómez de Salazar no sólo fue verbal, sino que tuvo consecuencias mayores de insubordinación, una de las faltas por la que ha sido arrestado catorce días Justo Carrero. Al parecer, según la citada fuente, este consejero intentó abalanzarse contra el presidente, actitud que secundó Barcina. El incidente, que provocó un gran alboroto, fue zanjado rápidamente por el presidente, que ordenó el inmediato arresto de ambos consejeros togados.

Uno de los aspectos objeto también de comentarios, no sólo entre militares, ha sido el cese de los consejeros suplentes, generales de división Alberto Barrio y Manuel González Fuster, cuyas respectivas órdenes en este sentido fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado del pasado jueves. Ambos generales fueron nombrados en su día consejeros suplentes, en sustitución de los titulares, también generales de división, Manuel María Mejías y Juan Vigón, que fueron declarados incompatibles en sus respectivos destinos por haber sido citados como testigos en la causa.

Fuentes próximas a los abogados del 23-F indicaron que las declaraciones de estos dos militares en el sumario carecen de relevancia y reconocieron que la recusación formulada formaba parte en cierta modo de la estrategia de la defensa. Curiosamente, uno de estos consejeros, concretamente Juan Vigón, fue propuesto como testigo en la instrucción del sumario por el defensor del general de división Alfonso Armada. El otro consejero, Manuel María Mejías, prestó también declaración.