Los bancos aseguradores se han quedado con 13.000 millones de la emisión de deuda pública a medio plazo

Según las primeras estimaciones realizadas entre el grupo de los ocho primeros bancos nacionales -Banesto, Central, Hispano, Bilbao, Vizcaya, Santander, Popular y Exterior- que aseguraron el primer tramo de la emisión de deuda pública a medio plazo, dos tercios de los 40.000 millones puestos en circulación se han colocado entre particulares y otras instituciones, mientras que los 13.000 millones de pesetas restantes han ido a engrosar la cartera de títulos de estos bancos. Ello supone una peor colocación que en años anteriores.

La distribución de la emisión, según estos cálculos, se habría repartido a partes iguales entre particulares, instituciones y grupo asegurador. En fuentes de estos bancos se reconoce que la emisión de deuda del primer semestre del año se coloca en peores condiciones que la de fin de año, en la que los particulares suelen comprar en mayores cantidades para poder desgravar posteriormente en la liquidación del impuesto sobre la renta.No obstante, y comparando los resultados de este año con los correspondientes a 1981, se observa un importante aumento de la parte que se ha quedado sin colocar en poder de los ocho aseguradores. En mayo del pasado año se pusieron en circulación 30.000 millones de pesetas, de los que 6.000 se quedó el grupo asegurador que, en aquella ocasión estaba formado sólo por los siete grandes bancos. En la emisión de este año, el grupo se ha visto aumentado por la incorporación del Banco Exterior de España.

Primas de colocación

La parte no colocada en la emisión de mayo de 1981 supuso el 20% de la misma, mientras que en este año el porcentaje ha subido hasta el 33%; y ello a pesar de que las instituciones interesadas en vender la mayor parte de los fondos llegaron a incrementar las primas de colocación, que inicialmente se habían fijado en el 2,75% y que posteriormente llegó a alcanzar el 6,5%.La reducción en la desgravación fiscal de que se beneficiaban los particulares que compraran deuda pública, pasando del 22% al 15%, en igualdad de condiciones que las demás emisiones favorecidas, podría ser una de las causas de este descenso en la aceptación privada. El hecho de que, si las instituciones quieren desgravar sobre el impuesto de sociedades el 10% de los fondos que compren es necesario que mantengan su volumen de deuda pública durante los cinco años de vida y no puedan amortizarlos al cabo de los tres primeros (como había sido habitual hasta ahora), también ha provocado un retraimiento por su parte.

Agravio comparativo

Con estos resultados, obtenidos con los primeros 40.000 millones de pesetas de deuda pública a medio plazo, en círculos bancarios próximos al grupo asegurador se afirma que existe una voluntad creciente de no asegurar el segundo tramo, que se sacará en los últimos meses del año. Como se sabe, quedan aún por poner en marcha 87.000 millones de pesetas, que en principio podrían incrementarse, ya que la deuda a corto plazo no está siendo comprada en el volumen necesario en las subastas que se realizan quincenalmente.Las cajas de ahorro han manifestado reiteradamente su voluntad de adquirir y asegurar la menor parte posible de las emisiones puestas en circulación, argumentando que si la deuda a corto no tiene aseguramiento no es razonable mantener esta situación en un producto similar que solamente varía en el plazo de amortización. Las instituciones bancarias, además, consideran que existe un agravio comparativo respecto a emisiones anteriores consistente en que este año ha desaparecido, por un error administrativo, la bonificación del 95% de que gozaban los fondos que se quedaban en las carteras de las instituciones financieras a la hora de liquidar el impuesto de sociedades. En años anteriores, la Administración, al hacer efectivos los intereses, devengados por los títulos de deuda pública, retenía el 16% a cuenta de dicho impuesto, cuyo tipo efectivo es el 33%. La diferencia entre el 16% retenido anticipadamente y el efectivo era la parte que tenía la bonificación del 95%.

En la disposición administrativa que regulaba las condiciones de emisión de deuda pública a medio plazo para este año no se hizo referencia a esta bonificación y, en contra de lo esperado por los bancos, no se ha aplicado. Esto ha motivado nuevas tensiones entre las partes.

Con todo ello, aumentan las posibilidades de descuelgues a la hora de asegurar la segunda parte de la emisión, protagonizados por algunos bancos, al tiempo que las cajas de ahorro tratarán de ver disminuir las cantidades adjudicadas a ellas.