Gómez de Salazar arresta a dos generales que formaban parte del tribunal que juzgo a los golpistas del 23F

El teniente general Federico Gómez de Salazar, presidente en funciones del Consejo Supremo de Justicia Militar, ha arrestado a dos de sus consejeros, los generales togados Justo Carrero Ramos y José Barcina Rodríguez, por protagonizar un incidente violento contra su persona en una reunión ordinaria del citado organismo celebrada ayer, en el curso de la cual fue votada desfavorablemente una propuesta de dos letrados del 23-F, que solicitaban prisión atenuada (cumplir la condena en su domicilio) para sus defendidos. En medios militares solventes no se descarta una próxima reunión de la Junta de Jefes de Estado Mayor para tratar el tema y que en las próximas horas se proceda a la destitución de ambos militares, precisamente dos de los seis consejeros que votaron contra la sentencia del 23-F, que condena, entre otros, al teniente general Jaime Milans del Bosch y al teniente coronel Antonio Tejero a penas de treinta años de prisión.

La reunión se desarrolló en un clima de fuerte malestar y estuvo precedida por cierto descontento materializado por un sector determinado del Consejo, que interpretaba que el cese, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado, de dos consejeros militares suplentes, los generales de división Alberto Barrio Balán y Manuel González Fuster, obedecía a un intento de hacer disminuir el número de consejeros que previsiblemente votarían a favor de la citada prisión atenuada.La votación se desarrolló en un ambiente acalorado y registró un empate, que resolvió el presidente en funciones con su voto de calidad, en este caso contrario a la propuesta, lo que originó mayor crispación en un sector del Consejo, produciéndose las actitudes violentas citadas que, según una fuente cercana al propio Consejo consultada por este periódico, fueron más allá de la palabras. Concretamente parece que el consejero togado Justo Carrero intentó avalanzarse contra el presidente, actitud de insubordinación que fue secundado por su compañero José Barcina, produciéndose un gran alboroto, que cortó rápidamente el teniente general Gómez de Salazar, ordenando el inmediato arresto de ambos.

El Ministerio de Defensa informaba anoche de estas sanciones, aunque eludía el incidente, mediante una nota oficial. Decía el citado departamento que "en la sesión ordinaria que celebra los jueves el Consejo Supremo de Justicia Militar le fue impuesto un correctivo de ocho días de arresto domiciliario al consejero togado José Barcina Rodríguez, por producirse en términos irrespetuosos para con la presidencia, y al también consejero togado Justo Carrero Ramos le fue impuesto asimismo correctivo de catorce días de arresto domiciliario por expresarse reiteradamente de forma irrespetuosa y términos graves, faltando al respeto y subordinación debidos al presidente".

Según la agencia Europa Press algunos de los asistentes profirieron frases tales como "Asesinos de ETA andan sueltos, mientras que unas personas que han sido juzgadas y que tienen derecho a la libertad siguen en prisión".

Esta misma agencia añadía, en otra información, un nuevo dato que ratificaba el ambiente enrarecido que inspiró el encuentro entre los máximos representantes de la Justicia militar.

El nuevo dato era la presencia en la reunión del titular del Consejo Supremo de Justicia Militar, teniente general Luis Alvarez Rodríguez, quien desde el pasado 24 de abril se encuentra de baja por enfermedad. Al parecer, siempre según la información de esta agencia, el teniente general Alvarez Rodríguez quiso reasumir en esta reunión la presidencia del Consejo, a lo que se opuso su sustituto el teniente general Gómez de Salazar. Europa Press añadía en esta información que el teniente general Alvarez Rodríguez no pudo reasumir la presidencia de este organismo por carecer en esos momentos del alta médica correspondiente.

Silencio oficial

Ni en el Centro de Relaciones Informativas y Sociales de la Defensa (CRISDE), organismo que se encargó de difundir la nota oficial, ni en el propio ministerio, en donde indicaron que su titular se encontraba ilocalizable, fue facilitada anoche información o confirmación de estos hechos, todos ellos revelados a última hora. Tan sólo se facilitó una información, también mediante agencia, en la que se advertía que los ceses de los consejeros militares Barrio Balán y González Fuster se habían producido de forma normal y reglamentaria. La explicación a esta afirmación la basaban en que ambos consejeros eran suplentes de otros dos titulares, los generales de división Manuel María Mejías y Juán Vigón Sánchez, que no pudieron formar parte del tribunal del 23-F por haber incurrido en incompatibilidad y añadían que el cese de ambos se produce coincidiendo con el término de la causa del 23-F.

Los arrestados, generales togados Justo Carrero, del Cuerpo Jurídico de la Armada, y José Barcina, del Cuerpo Jurídico del Ejército de Tierra, están conceptuados como personas vinculadas a los sectores más inmovilistas de las Fuerzas Armadas. El primero, de 62 años, lleva destinado varios años en el Consejo y es sobradamente conocido en la Armada por sus ideas, y el segundo, de 65 años, ha estado destinado en los servicios jurídicos de la Dirección General de la Guardia Civil. Este último es también muy conocido en el Club Militar de la Dehesa, donde ha ocupado cargos directivos desde hace once años. Precisamente fue uno de los miembros de la Junta directiva que expulsó a los socios militares que denunciaron y presentaron protesta formal contra la interpretación, en una fiesta celebrada hace casi un año en este recinto, de las llamadas Coplas de Tejero, cuyo contenido ensalzaba a la persona que asaltó el Congreso y secuestró a sus diputados.

De los dos arrestados, sólo uno se encontraba en su domicilio anoche, concretamente Barcina, que declaró que "no sabía ni podía decir nada". Los familiares de Carrero manifestaron que éste no se encontraba aún en su domicilio e indicaron que desconocían lo sucedido. La petición de prisión atenuada fue formulada por los defensores de los capitanes Enrique Bobis, José Cid y Carlos Lázaro, condenados a dos años de prisión.