Ante el juicio de Almería

MAÑANA se inicia en Almería el juicio por la muerte a manos de miembros de la Guardia Civil de los jóvenes Luis Cobo, Luis Montero y Juan Mañas, en esa misma provincia y hace ahora poco más de un año. Son hechos conocidos que llenaron de angustia a la opinión pública; los tres jóvenes, residentes en Santander y en viaje ocasional por el sur son confundidos con los terroristas de ETA que días antes habían atentado en Madrid contra el teniente general Valenzuela, apresados por la Guardia Civil de Almería, interrogados, muertos y carbonizados en el curso de una conducción formal que los trasladaba a Madrid. El ministerio público pide para el ex-jefe de la Guardia Civil de Almería, teniente coronel Castillo Quero, 45 años de cárcel por homicidio y 27 años por el mismo delito para un teniente y un guardia, autores los tres de los disparos que acabaron con la vida de los jóvenes. La acusación privada mantiene la tesis del asesinato y solicita 90 años de prisión para cada encausado.Reciente la muerte por la Guardia Civil de un ciudadano en Trebujena y al calor del proceso sobre el golpe de febrero -del que unos cientos de guardias fueron brazo ejecutor- va a resultar harto dificil aislar los crímenes de Almería y no abrir una seria reflexión sobre este Instituto que, para seguir siendo reconocido como benemérito, tendrá que proceder a su reforma y adecuación a usos y formas naturales de una democracia de finales del siglo XX, olvidando su bien ganada tradición de cuerpo autoritario y represivo propio de la sociedad rural y bandolera del pasado siglo.

Pero la Guardia Civil, pese a toda la buena voluntad empeñada por el teniente general Aramburu Topete y su Estado Mayor, parece empecinada en abundar en sus propios errores de omisión. La Policía Armada, creación propia del anterior régimen, supo modernizarse y adaptarse a la nueva situación social. Trabajo admirable; en un tiempo reducido la Policía Nacional se ha ganado el respeto y el cariño de los ciudadanos hasta el punto de que los antiguos grises para la inmensa mayoría de españoles demócratas son ahora los maderos para ese uno por ciento que añora el franquismo. Pues la Guardia Civil, que sólo le debe a Franco una reducción de haberes y el haber estado a un paso de la disolución, parece sentirse incómoda o amenazada por las instituciones democráticas. Paradojas de la Historia. El caso es que arteramente muchos de los enemigos de la democracia han descubierto repentinamente un amor inusitado por este Cuerpo -por otra parte con tradición de lealtad a los poderes constituidos- y no pocos guardias y sus jefes han caído en la trampa de tan torpes e interesados halagos.

Bien es cierto que la Guardia Civil ha pagado y continúa pagando un precio muy alto en la lucha contra el terrorismo. Pero ese victimario no debe justificar el error. Y errores ha cometido la Guardia Civil no reformando a tiempo sus estatutos, sosteniendo una disciplina y una contundencia ante el orden público que ni ha beneficiado al país ni a ella misma. Criterios de razonamiento militar siguen usándose en calles y carreteras y caminos adscritos a la normalidad civil, con las trágicas consecuencias de todos conocidas. Y la Guardia Civil, si acaso no ya, se encuentra a las doce menos cinco de ser un cuerpo armado más temido que respetado por muchos ciudadanos. La lección de Euskadi no parece haber sido aprendida por los responsables de la Benemérita: ellos -los guardias- son los protagonistas de las esquelas y, al tiempo, el cashero no se acerca al cuartelillo a denunciar un robo por temor. Los guardias quedan aislados de la población civil y se sientan así los más caros principios de la guerra revolucionaria.

Y ante estos hechos la Guardia Civil parece encerrarse en sí misma en vez de reaccionar ante los nuevos retos que debe afrontar. Se siente perseguida cuando se reclama su modernización, y parece que busca y encuentra consuelo en las filas del oscurantismo político al que nada debe. El resultado son las muertes de Almería que ahora se ventilan judicialmente, la de Trebujena, los excesos graves en el ejercicio de la legítima autoridad, o personalidades y conductas como las de Tejero y sus hombres. El caso es que aquí nadie combate a la Guardia Civil sino todo lo contrario; de la misma forma que nadie arremete -por ejemplo- contra la Agrupación de Tráfico (querida y respetada) por más que algunos de sus miembros nuclearan el asalto al Congreso. Pero todos, ciudadanos y lo más sensato de la propia Guardia Civil, entienden que ésta debe ser a estas alturas otra cosa.

Y tan prolongado exordio es necesario para afrontar este crimen de Almería, bastante más truculento que aquel crimen de Cuenca en el que a la postre ni siquiera hubo crimen. Homicidio o asesinato lo dilucidará la Justicia, pero debería ser la propia Guardia Civil la primera interesada en repudiar de entre los suyos a hombres capaces de una comisión de errores y barbaridades como los que se dieron en Almería. Criminales y torpes se dan en todos los oficios y seguirá sumando errores el Estado Mayor de la Benemérita si ahora, por vergüenza corporativa, tratara de enterrar en confusión y maledicencias la solución procesal de este suceso desgraciado. Que un cuerpo de seguridad como la Guardia Civil, teóricamente experto en la identificación de personas, con ordenadores a la mano, confunda durante horas a tres viajeros pacíficos con tres etarras para terminar dándoles tan atroz e inexplicable muerte, alberga serios defectos en el diseño de sus mecanismos de trabajo. Ahora el juicio de Almería no debe ser el pretexto para sentar en el banquillo a toda la Institución; sólo se va a juzgar a tres presuntos asesinos u homicidas, pero tampoco es cuestión que entre asaltos al Congreso y extralimitaciones que terminan en la corte de lo penal, entre la obediencia ciega que llega a conculcar la Constitución y una contundencia profesional apropiada para bregar con los salteadores de caminos de hace una centuria, sigamos sin considerar el problema de fondo: un noble, digno y utilísimo instituto armado que está perdiendo el tren de la historia y al que no hay que dejar perder su credibilidad ante la sociedad a la que sirve.