Peticiones de 6 y 20 años para un guardia civil por la muerte de un joven
Seis años de prisión y el pago de tres millones de pesetas a los familiares de un joven muerto en Ponferrada, hace dos años, fueron las peticiones del fiscal durante el juicio celebrado el miércoles en la Audiencia Provincial de León contra el guardia civil Marcelino González Sánchez, autor de los disparos que acabaron con la vida del joven.El fiscal calificó los hechos como un delito de homicidio con la eximente parcial de cumplimiento del deber, mientras que la acusación particular, a cargo del diputado socialista José Alvarez de Paz, optó por la calificación de asesinato sin ningún tipo de atenuante, pidiendo para el guardia civil veinte años de cárcel y el pago de seis millones a los familiares de la víctima. La defensa, por su parte, pidió la absolución de este último.
Las versiones de los hechos ofrecidas durante la vista oral del juicio por testigos y abogados coinciden en una serie de puntos: durante la madrugada del 4 de agosto de 1980, tres jóvenes se encontraban manipulando un coche Mini Morris, abandonado años atrás en una calle próxima a la estación de ferrocarril, con el objeto de desmontar algunas piezas para otro automóvil similar, propiedad de uno de ellos.
Al observarlos desde la ventana de su domicilio, el guardia civil bajó a la calle en pijama y zapatillas y armado con una pistola, haciendo un disparo al aire que provocó la huida de los primeros. El guardia detuvo poco después, con la ayuda de unos vecinos, a Gonzalo Antelo, de poco más de veinte años, que luego resultaría muerto.
A partir de este punto, las versiones difieren ostensiblemente. Según la defensa, el joven agredió al guardia para huir nuevamente, y éste, al caer sobre un automóvil allí estacionado, disparó accidentalmente el arma, hiriendo de muerte al agresor. A pesar de la herida, éste consiguió correr unos trescientos metros, siendo perseguido por el guardia, que todavía hizo otros dos disparos al aire.
El fiscal y la acusación particular sostienen, por el contrario, que el joven resultó muerto durante la persecución por uno de estos disparos, dirigidos no al aire, sino al cuerpo de la víctima. Esta tesis aparece avalada por varios testigos que observaron la escena desde unas viviendas próximas y, parcialmente, por las pruebas forenses. Estas señalan que el disparo fue hecho por la espalda, lo que contradice la versión de la defensa.
En el automóvil de la víctima, que fue llevado inmediatamente después al cuartel de la Guardia Civil, apareció una pistola sin huellas dactilares, motivando la protesta de la acusación particular, según la cual fue colocada allí con posterioridad a los hechos. Y, finalmente, el Mini que manipulaban los jóvenes la noche de los disparos fue incendiado posteriormente por personas desconocidas.
