El incómodo caso de Televisión Española

TRAS LA catástrofe electoral de UCD en Andalucía, la mayoría de los líderes políticos con sentido del Estado parecen estar de acuerdo en no provocar, antes de que las Cortes concluyan -el 30 de junio- su actual período de sesiones, una crisis que obligara a Calvo Sotelo a presentar su dimisión como presidente del Gobierno y a iniciar el trámite de investidura de un nuevo jefe del poder ejecutivo. Tratan, más bien, de que Calvo Sotelo obtenga el espacio de maniobra suficiente para disolver anticipadamente el Parlamento y convocar elecciones en otoño. Para alcanzar ese objetivo sería necesario que durante las próximas semanas ningún torpedo alcanzara al presidente del Gobierno en la línea de flotación y le forzara a tirar la toalla, como hiciera Adolfo Suárez en enero de 1981.La disolución de las Cortes Generales es improbable mientras se celebre el Mundial -que concluirá el 10 de julio-. Aunque el viaje del Papa, fijado en principio para la festividad de Santa Teresa, impediría unas elecciones en octubre o noviembre, algunos no descartan que las elecciones se anticiparán a finales de verano, otros hablan de la posibilidad de aplazar el propio viaje papal y, en cualquier caso, casi todo el mundo está hoy de acuerdo en que no acabará el año sin que los españoles seamos convocados a las urnas. La situación del actual poder ejecutivo, sometido a una sangría de diputados y senadores por la derecha y por la izquierda, no puede prolongarse, sea como sea, más allá del verano. Y el espectáculo de un Gobierno arrastrándose en la debilidad e inmerso en la duda improductiva no sólo acabaría por vaciar de autoridad a sus titulares, sino que además perjudicaría seriamente el aprecio de los españoles por el sistema democrático.

El nuevo Pleno de la colza ha carcomido todavía más el desfalleciente prestigio del Ejecutivo, pero mucho mayor peligro para el Gabinete encierra la garra de tenaza que le están aplicando Manuel Fraga, deseoso de entrar a formar parte de un Gobierno de coalición antes de la disolución de las Cortes, y la desolación existencial de aquellos diputados de UCD que temen perder su escaño en los próximos comicios y aspiran por eso a engrosar las candidaturas de la gran derecha. Cabe esperar que el sentido del Estado y la lealtad a las instituciones democráticas nos ahorren una nueva estampa de canibalismo político en la que Calvo Sotelo sustituyera a Suárez como víctima, en una paradójica -y quizá merecida- inversión de papeles.

Queda una última y peligrosa mina en el sendero que ha de recorrer el Gobierno de aquí a finales de mes. Algunos sectores de UCD atribuyen su derrota en Andalucía a lo que consideran desmesurada atención dedicada por Televisión a la figura de Fraga y a la propaganda -explícita o subliminal- de Alianza Popular, en desproporción -señalan- con la representación parlamentaria de esas siglas. La circunstancia de que la carrera política de Carlos Robles Piquer estuviera durante largo tiempo vinculada al líder aliancista -fue director general de Cultura Popular cuando Fraga era ministro de, Información y ocupó la cartera de Educación cuando su cuñado era el hombre fuerte del último Gobierno de Carlos Arias- ha multiplicado los recelos de los centristas descontentos. Los socialistas, los comunistas, la Minoría Vasca y el Partido de Acción Democrática vienen pidiendo, de tiempo atrás, el cese del actual director del ente público. Y la convergencia de todas esas posturas hace suponer la probable aprobación por.el Congreso de una mocion contra Robles Piquer. Si el presidente de la Cámara, Landelino Lavilla, no utiliza algún truco reglamentista para evitar que el debate sobre Televisión tenga lugar la próxima semana, esta reprobación resulta casi segura. Pero no se acierta a suponer qué precio podría exigir el propio Lavilla -que figura como uno de los jefes de filas del partido gubernamental y uno de los candidatos más obvios a presidenciable- a cambio de tan significativo servicio a la Moncloa. Ni se explicaría fácilmente por qué el presidente del Congreso, que ha procurado mantenerse al margen del descrédito de su propio partido, asumiría ahora el oprobio ajeno.

Por lo demás, no existe ninguna disposición que conceda fuerza vinculante a proposiciones parlamentarias de este tipo. Quiere decirse que, aunque las Cortes en pleno votaran contra el director general de RTVE, éste podría continuar en su cargo. Pero la práctica política hace suponer que una mayoría reprobatoria de la Cámara pondría al presidente del Gobierno en el disparadero de exigirle la dimisión, que el propio Robles ha ofrecido ya públicamente si es del interés del Ejecutivo. No podía ser de otra forma. Robles Piquer fue designado para el cargo por decisión personal de Leopoldo Calvo Sotelo.

Sin embargo, no conviene engañarse. Tras las elecciones andaluzas, la eventual victoria de la moción contra Robles sería, en realidad, una forma de moción de censura encubierta contra el propio Calvo Sotelo y podría desembocar en una crisis de imprevisible alcance. En una palabra: si el Gobierno decide mantener la actual situación de RTVE se arriesga a un debate de doble significado que amenaza con constituir una censura directa a un modo de proceder y a un contenido político que pertenecen en lo fundamental a las decisiones del jefe del Ejecutivo. Y la situación de éste rebasaría ya los perfiles de la crisis para enmarcarse en los que claman por la misericordia. Si decide solicitar la dimisión de Robles como sistema de evitar el debate, Calvo Sotelo habrá cantado la gallina en una de las decisiones que más le han erosionado desde su llegada al poder. Y si Landelino Lavilla evita, con un sonido de campana reglamentario, ese trance , será el principal responsable de que los representan tes parlamentarios y el pueblo español se queden sin el excitante espectáculo y con la actual gestión televisiva.