Milans, Tejero y otros 16 presuntos rebeldes, trasladados a la penitenciaría militar de Alcalá

La sentencia por el juicio del 23-F puede hacerse pública en plazo muy breve, aunque anoche no habían sido convocados todavía los defensores de los procesados para notificarles el fallo del tribunal. El traslado de dieciocho de los encausados por el 23-F a la prisión militar de Alcalá de Henares -entre ellos el teniente coronel Tejero y el teniente general Milans-, efectuado durante la mañana de ayer, fue interpretado en medios políticos como la señal de que la sentencia estaba preparada. Sin embargo, el Consejo Supremo de Justicia Militar continuó sus deliberaciones durante la jornada, y los abogados de los procesados no habían sido convocados anoche para notificarles la sentencia, por lo que parece improbable que ésta sea conocida en las próximas horas.De acuerdo con las impresiones difundidas por Europa Press, el parecer mayoritario en el seno del Consejo Supremo de Justicia Militar era que la pena más alta sería para el teniente coronel Tejero -entre quince y veinte años-, quince en el caso del teniente general Milans y seis para los generales Armada y Torres Rojas. Las demás penas oscilarían entre cuatro y un años, y los tenientes de la Guardia Civil quedarían todos en libertad.

Medios cercanos al Gobierno ponían en duda la anterior cuantía de las penas y daban a entender que probablemente serían mayores las de los principales procesados. Caso de confirmarse las impresiones existentes, el fiscal recibiría instrucciones para presentar el correspondiente recurso ante el Tribunal Supremo. Las distintas fuentes informativas ofrecían ayer datos dispares sobre la posibilidad de que el tribunal haya tenido en cuenta el argumento de "obediencia debida" para dictar el fallo.

Por otra parte, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha dictado sentencia por la que otorga el amparo solicitado por el director de Diario 16, Pedro J. Ramírez, y anula la resolución del Consejo Supremo de Justicia Militar que suspendió la credencial de dicho periodista para informar sobre el desarrollo del juicio del 23-F. "El derecho de información", dice el Tribunal Constitucional, "no depende de la acreditación; ésta no es sino un medió de organizar el acceso a la sala". Pedro J. Ramírez declaró que esta sentencia "es un triunfo del poder civil ante el militar".

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