Los ingleses y la unidad europea

LA AMPLITUD de la crisis abierta el pasado martes en la Comunidad Económica Europea (CEE) con la decisión sobre los precios agrícolas no podrá ser valorada hasta dentro de algunas semanas. El elemento clave no es sólo la reacción del Reino Unido, sino la interpretación que se haga, a partir de ahora, de la llamada "regla de la unanimidad" o compromiso de Luxemburgo para tomar decisiones. La reacción británica a esta crisis podrá depender a su vez de la rapidez con la que los nueve sean capaces de ofrecerle un acuerdo satisfactorio en lo relativo a su aportación al presupuesto comunitario, es decir, al montante de la restitución anual que recibirá Londres.No parece posible, en ningún caso, que el Reino Unido opte por retirarse de la Comunidad teniendo en cuenta razones de política interna (los conservadores reconocerían que los laboristas tenían razón), y también razones económicas. El Reino Unido es miembro del Mercado Común Europeo desde 1973 y en casi diez años, su estructura comercial ha experimentado los cambios suficientes como para convertir la hipotética retirada en un "problema mayor". El peligro para la CEE llegaría de practicar una política de "silla vacía" semejante a la que efectuó De Gaulle en 1965. Esta política consistiría en la retirada por parte de los británicos de sus comisarios, sus jueces de la corte de justicia y sus representantes en otros organismos comunitarios, provocando una crisis "por bloqueo". Otra alternativa sería la de que el Reino Unido no aportase su parte anual del presupuesto de la CEE, lo que supone en la práctica situarse fuera del Mercado Común pero manteniendo sus derechos comerciales.

La presencia del Reino Unido en la CEE ha sido hasta ahora una fuente permanente de problemas para los nueve, y éstos, sin duda, habrán aprendido la lección de cara a futuras ampliaciones. El problema básico de la adhesión del Reino Unido ha sido su excesiva aportación al presupuesto de los diez, desequilibrio que los países comunitarios reconocen, aunque se niegan a aceptar el principio de "justo retiro", porque supondría quebrar uno de los elementos básicos del Tratado de Roma. La crisis presupuestaria, pretexto fundamental de la crisis política, no ha encontrado hasta el momento una solución diplomática, tal vez porque la señora Thatcher ha actuado con demasiada mano dura, sin flexibilidad, sin calcular la sensibilidad de sus contrarios ante el problema de los precios agrícolas y sin saber valorar en sus justos términos la alianza París-Bonn en cuestiones comunitarias. Londres se ha visto desasistida por Bonn, inicialmente comprensiva con las posturas británicas.

Elemento clave en la crisis de la CEE es, corno queda dicho, el futuro del compromiso de Luxemburgo. Francia se empeña en que la regla de la unanimidad, arrancada por De Gaulle en 1966 a sus cinco socios del Mercado Común, permanezca intacta y pueda ser invocada cuando una decisión comunitaria afecte a los intereses vitales de alguno de sus miembros. No lo estiman así otros países, como la República Federal de Alemania, ni otras instituciones de la Comunidad, como el Parlamento Europeo. El presidente de éste, el danés Piet Dankert, socialista, se ha felicitado "por el precedente" que supone el voto por mayoría. Los partidarios de la construcción de una Europa de segunda fase, apoyarán esta interpretación que permite desbloquear gran número de proyectos, al poder ser aprobados por mayoría cualificada. La desaparición de la "regla de la unanimidad" -que no figura en el texto del Tratado de Roma- es condición sine qua non para el desarrollo de Europa como comunidad, algo a lo que Francia se ha opuesto siempre.

Y no se puede olvidar el análisis de la desaparición del compromiso de Luxemburgo desde el punto de vista de los intereses españoles, cara a nuestra futura integración en la Comunidad. España será, dentro de la CEE, un país medio, a caballo entre los pequeños y los cuatro grandes, con una problemática muy específica y poco peso político. La regla de la unanimidad ha resultado hasta ahora preciosa a países como Dinamarca o Grecia -que se abstuvieron en la votación del martes- y que son, como España, casos especiales.