Juicio contra los presuntos asesinos de Yolanda González

La vista oral y pública del juicio está señalada para los primeros días de la semana entrante, ante la sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, la misma que en febrero de 1980 juzgó y condenó al grupo ultraderechista que causó la matanza de abogados laboralistas en el despacho de la calle de Atocha, de Madrid.Ante el tribunal comparecerán los integrantes del grupo ultraderechista Comando 41: Emilio Hellín e Ignacio Abad, en primer lugar, acusados de ser los autores materiales del asesinato; Félix Pérez Ajero, José Ricardo Prieto y Juan Carlos Rodas, este último policía nacional, que ejercieron funciones de vigilancia durante el secuestro de la víctima en su domicilio de la calle Tembleque, en el madrileño barrio de Aluche, y, finalmente, David Martínez Loza, que era jefe nacional de seguridad de Fuerza Nueva cuando se cometieron los hechos. Los cinco primeros fueron procesados en los primeros días de marzo de 1980, un mes después del asesinato de Yolanda, mientras que el último lo fue en octubre pasado, tras una ardua batalla procesal de los abogados de la acusación particular mediante los correspondientes recursos contra las decisiones del juez instructor, Ricardo Varón Cobos.

La sección primera de lo penal de la Audiencia Nacional, tribunal ante el que comparecerán los acusados, llevó prácticamente la iniciativa de la investigación sumarial no sólo procesando a David Martínez Loza contra los criterios del juez instructor, sino también ordenando la práctica de toda una serie de pruebas indispensables para esclarecer los hechos, a juicio de la acusación particular.

La fase instructora del proceso, deteriorada por su larga duración, según la propia sección primera de lo penal de la Audiencia Nacional, se cerró en diciembre pasado, pasándose a continuación a la calificación provisional de los hechos por el fiscal, los abogados de la acusación particular y los defensores de los procesados. A lo largo de la fase sumarial declararon ante el juez instructor destacados miembros de Fuerza Nueva, partido al que pertenecen o pertenecían los procesados, que fueron citados a instancias de los abogados de la acusación particular con el fin de investigar otras posibles complicidades, y, muy fundamentalmente, el apoyo económico del grupo y el origen de las armas y del material electrónico que utilizaban.

Sin embargo, la investigación sobre estos puntos fue declarada legalmente impertinente" en varias ocasiones por la sección primera de lo penal de la Audiencia Nacional.

Cambio de actuación

El ministerio fiscal, que en los primeros meses mantuvo una actitud pasiva muy criticada en los medios de la acusación particular, y que llegó en un primer momento a calificar los hechos de homicidio, cambió radicalmente su actuación posteriormente, solicitando también el procesamiento de David Martínez Loza y calificando la muerte de Yolanda González de asesinato al elevar su escrito de conclusiones provisionales al tribunal.

La muerte de Yolanda González es relatada así por el ministerio fiscal: "Una vez en el automóvil, los procesados Hellín y Abad, y su víctima, Yolanda González, se dirigieron a la carretera de Alcorcón a San Martín de Valdeiglesias y, al llegar al kilómetro tres, se desviaron por un camino y detuvieron el vehículo a unos 125 metros, lugar carente de edificaciones y de todo género de alumbrado, donde Abad salió del automóvil, mientras Hellín, en su interior, intentaba más información de Yolanda.

Por último, también salieron éstos, quedando todos en el camino, en cuyo momento Yolanda se separó de los otros dos, sin que haya podido acreditarse si pretendía huir, sacando entonces los procesados Hellín y Abad las pistolas que llevaban y disparando a corta distancia, de modo imprevisto, sobre Yolanda, dos disparos Hellín y uno Abad, que alcanzaron a Yolanda; los de Hellín, ambos en la región temporal derecha, con sendos orificios de salida en la región occipital izquierda, y el de Abad, en la cara externa del antebrazo derecho, con orificio de entrada y salida que posteriormente produjo contusión erosiva en la mano izquierda. De resultado de los disparos se produjo la muerte inmediata de Yolanda González".

Por este hecho, el fiscal pide sendas penas de 28 años de reclusión mayor para Emilio Hellín e Ignacio Abad, para los que también solicita alrededor de catorce años más por los delitos de coacciones, allanamiento de morada, depósito de armas y tenencia de explosivos,

Para Félix Pérez Ajero y José Ricardo Prieto solicita un total de once años y cuatro meses por los delitos de coacciones, depósito de armas de guerra y tenencia de explosivos, y para David Martínez Loza, procesado por los delitos de coacciones y de omisión del deber de poner en conocimiento de la autoridad la comisión de un delito contra la vida, un total de ocho meses de privación de libertad.

Sobre este último, la Audiencia Nacional declaró, cuando lo procesó, que no existe "por ahora ningún indicio suficiente para suponer que tuviera intención ni pretendiera se diera muerte a Yolanda, sino simplemente que la obligaran a declarar sus actividades".

La muerte de Yolanda González es relatada de manera similiar a la del fiscal por los acusadores privados, José Mariano Benítez de Lugo, en representación de los padres de Yolanda, y de José María Mohedano, en representación del Partido Socialista de los Trabajadores, al que pertenecía la víctima, si bien ambos rechazan cualquier duda sobre la posibilidad de huida de la víctima respecto de sus secuestradores. La versión de los acusadores privados, que en general piden penas superiores a las del fiscal, se distancia de la de este último, fundamentalmente, en la descripción de la conducta de David Martínez Loza, para el que piden entre 16 y 18 años por los delitos de asociación ilícita, detención ilegal, allanamiento de morada y omisión del deber de impedir la comisión de un delito.

El acusador privado, José María Mohedano hace hincapié, en su escrito de conclusiones provisionales, en los lazos organizativos de los componentes del grupo que participó en la muerte de Yolanda González, los cuales, dice, "unidos por sus comunes vínculos ideológicos y por su activa militancia en el partido político legalizado Fuerza Nueva, constituyeron en los primeros meses de 1979 un comando o grupo organizado, secreto, ilegal y armado, que se autodenominaba Grupo 41, y que unas veces actuaba por su propia cuento. e iniciativa, y otras, bajo las órdenes e instrucciones del también procesado David Martínez Loza, quien, a su vez, era el jefe nacional de seguridad del partido político Fuerza Nueva".

Por parte de los procesados, sus abogados defensores, salvo el de Ignacio Abad, niegan su participación en los hechos y piden la absolución. Emilio Hellín, al que defiende de oficio un abogado tras la dificultades surgidas en las primeras semanas con los abogados de Fuerza Nueva, ya declaró ante el juez instructor los días 9 y 10 de abril de 1981 -declaración que supuso un giro de 180 grados respecto de las anteriores- que él no fue el autor de los disparos que acabaron con la vida de Yolanda, sino que ésta fue entregada, tras raptarla en su domicilio, en la calle de Tembleque, de Madrid, a los ocupantes de un Renault 5, uno de ellos apodado el Chino, militante de Fuerza Nueva, y el otro llamado Antonio, funcionario de Policía.

El defensor de Ignacio Abad reconoce los hechos y su participación en los mismos de su patrocinado, pero afirma que éste obró condicionado por "el gran ascendiente" que ejercía Emilio Hellín sobre él".