Encierro de ayuntamientos sevillanos por la falta de agua

Las corporaciones municipales de Marinaleda y de El Rubio, continuaron su encierro iniciado el pasado jueves, durante todo el día de ayer, la primera en la sede de la Diputación Provincial y la segunda en el propio ayuntamiento local. Ambas corporaciones protestan por la falta de solución al problema de agua que sufren los vecinos de las respectivas poblaciones de la sierra sur de Sevilla.

Algunos de ellos han anunciado su propósito de escribir mañana en las papeletas de voto ¡queremos agua! lo que, lógicamente, invalidaría estos votos.Actualmente, varios miles de habitantes de estos pueblos disponen de suministro de agua únicamente hasta mediodía, al negarse el Ayuntamiento de Jilena a compartir con estas dos localidades el caudal de un pozo situado en su término municipal. Según el acuerdo firmado por las partes el pasado verano, Jilena se reservaría el 60% del agua disponible y el 40% restante sería distribuida entre Marinaleda y El Rubio.

Se da la circunstancia de que el Ayuntamiento de Jilena está gob ernado por una agrupación de la izquierda extraparlamentaria que ganó las elecciones municipales en abril de 1979, bajo la etiqueta de Candidatura Unitaria de Trabajadores. En el Ayuntamiento de El Rubio es mayoritario el PSOE.

La actitud de encierro de los ayuntamientos se ha producido después de que se aplazase indefinidamente la reunión prevista para el día 11 de mayo en el Gobierno Civil, en la que se iba a solicitar formalmente al titular de este organismo que obligase a la Corporación de Jilena a cumplir el acuerdo.

Primer congreso sobre el derecho de aguas

Dos centenares de expertos en la legislación del agua en España participaron durante toda la semana, en Murcia, en el I Congreso Nacional sobre Derecho de Aguas. Se trata del primer encuentro que se produce entre expertos jurídicos sobre la materia, informa Isabel Llorens. El objetivo de este congreso es aportar documentación y estudios solventes para una urgente reforma de la Ley del Agua, ya que la vigente data de 1879, y se considera absolutamente obsoleta.Durante el congreso, que se celebró en la,Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, organizado por el Consejo Regional de Murcia y la Academia de Legislación y Jurisprudencia, los asistentes han coincidido en aceptar el concepto de que el agua, por encima de otras consideraciones, es un bien público.