Landelino Lavilla considera "legítimo" que las elecciones generales se rijan por el decreto-Iey de 1977

El decreto sobre disolución de las Cortes Generales y convocatoria de elecciones al Congreso y al Senado se encuentra ya redactado, sin fecha, en el ministerio de la Presidencia. En cambio, continúa sin haberse iniciado la elaboración del proyecto de ley electoral, a pesar de la exigencia constitucional al respecto. El presidente de la Cámara baja, Landelino Lavílla, ha asegurado que "no se puede negar legitimidad política a unas elecciones que se celebren con arreglo al decreto-ley de 1977".Lavilla calificó de inquietante, en un reciente coloquio, la cuestión planteada por un redactor de este periódico sobre las posibles acusaciones de falta de legitimidad política y constitucional de unas elecciones que sp convocaran sin previamente habeT llenado el vacío legal existente en materia electoral. Añadió que no puede considerarse correcta la hipótesis de que carecemos de ley electoral, ya que continúa vigente el decreto-ley de 18 de marzo de 1977, en lo que no se oponga a la Constitución.

El presidente del Congreso de los Diputados declaró que el derecho tiene que ofrecer soluciones a los problemas, y añadió: "sería un absurdo no poder celebrar elecciones porque no exista ley electoral, ni poder elaborar la ley electoral porque hayan sido disueltas las Cámaras encargadas de hacerla". Negó que sea posible legalmente homologar las normas electorales de 1977 mediante un nuevo decreto-ley.

Altas fuentes centristas y de la Administración manifestaron que no existe voluntad por parte del Gobierno -y en este punto, el PSOE tampoco "planteará batalla"- de elaborar un proyecto de ley electoral ni de dar vía libre a la p roposición de ley presentada en el Congreso el pasado 27 de noviembre de 1981, suscrita por un grupo de diputados de UCD, encabezado por Jesús Esperabé, y con el visto bueno del entonces portavoz centrista Miguel Herrero.

Entre las modificaciones al sistema electoral consideradas en la proposición de ley citada, destaca el desbloqueo de las listas, de modo que cada elector pueda modificar, dentro de la lista elegida, el orden en que las direcciones de los partidos colocan a los candidatos. En una reciente Conferencia, el exministro y secretario nacional de estudios y programas de UCD, Juan Antonio Ortega, propugnó una reforma electoral enla misma línea, como mejor antídoto contra el absentismo de los electores y el oligarquismo de los partidos.

El secretario general de UCD, Iñigo Cavero, descalificó esta propuesta, por prematura para nuestro país. Estimó que la reforma propuesta conduciría a que "la campaña electoral la realizaran unos candidatos contra otros, dentro del mismo partido". Aseguró que el decreto-ley de 1977 no será modificado para las próximas elecciones generales.

Mientras tanto, fuentes oficiosas de la Moncloa destacaron la previsión gubernamental en la preparación del decreto para disolver las Cortes y convocar elecciones, a cuyo borrador dió los últimos toques el subsecretario de la Presidencia, Eduardo Gorrochategui, en la tarde del pasado martes, día 11 de mayo.