¿Hacia la crisis siderúrgica permanente?

En los próximos meses, tal vez semanas, estaremos en condiciones de saber si la Administración está dispuesta a reconvertir realmente el sector de la siderurgia integral, en el único sentido en que una reconversión industrial es efectiva, es decir, en el de restablecer, aunque sea a medio plazo, la rentabilidad y competitividad del sector.El real decreto de 8 de mayo del pasado año puso en marcha un dispositivo de saneamiento financiero, ajuste de costes y reparto de producciones y mercado, cuyo contenido y desarrollo merecen, sin duda, críticas de fondo.

Pero las decisiones de mayor trascendencia, en la medida en que definirán de forma irreversible el perfil industrial de nuestra siderurgia, serán las atinentes a inversiones en nuevas instalaciones.

Recordemos que los acuerdos tripartitos que constituyen el punto de partida del plan estimaban el conjunto de las inversiones básicas en una cifra del orden de 130.000 millones de pesetas de hace un año.

La Comisión Coordinadora de la Siderurgia Integral, órgano técnico del plan de reconversión, contrató en diciembre pasado como consultor, a efectos de definir las nuevas inversiones, a la empresa siderúrgica japonesa Kawasaki Steel Corporation (KSC).

El objeto del contrato era la elaboración de un estudio "profundo y completo sobre la explotación equilibrada de la industria siderúrgica integral española, estableciendo para la misma el plan de reestructuración más beneficioso, desde el punto de vista técnico y económico, para un período de tiempo que abarque hasta el año 1995". El estudio debería descomponerse en cuatro fases, denominadas estudio de mercado, evaluación de las instalaciones actuales de las plantas, instalaciones futuras e inversiones.

En principio no puede ponerse ningún reparo, antes al contrario, a que la comisión busque el respaldo de sus futuras decisiones en un informe riguroso, imparcial y presumíblemente a resguardo de los embates de los grupos de presión actuantes, sean económicos, políticos o territoriales.

El encargo podría hacer pensar que la Administración -que es, en definitiva, la que decide- había optado por remitir a criterios de racionalidad económica e industrial el sentido de las graves decisiones a adoptar.

Vana ilusión

En el punto quinto del propio contrato con la KSC, al establecer el método de trabajo, se dispone que, en relación con cada una de las fases del estudio, "el consultor preparará un informe previo, que será entregado al Ministerio de Industria y Energía, como documento de trabajo que permita, mediante el examen conjunto del mismo, llegar a la redacción de un informe final para cada etapa, que sirva de punto de partida para las fases posteriores.

El consultor hará el máximo esfuerzo para llegar a la redacción de dicho informe final". Y prosigue: "Si no se llega a un acuerdo en la redacción de alguno de los informes finales, se fijará la postura del Ministerio de Industria y Energía, que redactará un informe final que será aceptado por el consultor como punto de partida para las fases posteriores". Tan sorprendente cláusula merece un breve análisis:

1. La Administración no se conforma con influir en las decisiones que se adopten -para lo que, obviamente, está en su derecho-, sino que pretende justificar sus propias decisiones en un estudio supuestamente aséptico e imparcial, pero en realidad, interceptado y condicionado en sus conclusiones por la propia Administración.

2. La interceptación y condicionamiento serán de contenido político, puesto que supone que el aporte de racionalidad será el del consultor, esto es, el de KSC.

Lo que precede, constituye, sin duda, un mal presagio en orden a una respuesta satisfactoria a la pregunta inicial de si el Gobierno estaba dispuesto a que las nuevas inversiones se atuvieran a criterios de rentabilidad y competitividad (es decir, de racionalidad económica).

Pero hasta aquí todo queda en un juicio legítimo de intenciones; legítimo, porque si se ha puesto la cláusula es porque se prevé, o al menos no se descarta, hacer uso de ella.

Ahora bien, es posible ir más allá; porque la KSC ya ha entregado el resultado de las dos primeras fases del estudio (mercado y evaluación de las instalaciones actuales) y, en relación con ellas, el Ministerio ha hecho uso de la facultad establecida en la cláusula examinada.

Detengámonos solamente en dos episodios de la parte del estudio ya entregada. El primero es el referente al grado de apertura intemacional del mercado siderúrgico. Comparemos las conclusiones iniciales de la KSC, las rectificadas por el Ministerio y la realidad en la CEE. Es decir, las rectificaciones van encaminadas a reducir tanto la previsión de las importaciones como de la capacidad exportadora, situándolas, en todo caso, a un nivel muy inferior al de la CEE o, lo que es lo mismo, a limitar (voluntariamente, por supuesto) el grado de apertura al mercado internacional.

Lo que, a su vez, es inequívocamente sintomático de renuncia a la competitividad del sector a medio y a largo plazo, esto es, tras la aplicación de las medidas de reconversión.

Previsiones de suministros

Examinemos el segundo dato, incluido en la tabla B-1 del estudio de mercado de KSC, referida a la distribución de la producción entre los distintos tipos de productos. En él se contienen, entre otras cosas, las previsiones de suministros de la siderurgia integral.

¿Qué significan estas previsiones? A primera vista, al menos, el sostenimiento en niveles estables de algunas producciones alimentadas hoy por instalaciones que tienen un techo de vida industrial limitado (en el caso de los comerciales, la producción actual procede de un tren que en 1985 tendrá más de treinta años de vida) sugiere la idea de que se proyecta mantener incluso por encima de su ciclo natural de vida gran parte de la actual estructura industrial siderúrgica en lugar de renovarla a sustituirla.

De uno y otros datos es válido extraer la conclusión de que el Gobierno parece apostar no por una efectiva reindustrialización, cerrando lo que haya de cerrar e invirtiendo en nuevas instalaciones adecuadas a las nuevas exigencias del mercado, que es en lo que consiste una verdadera reconversión, sino por una conservación de la estructura actual, renunciando a la rentabilidad y competitividad y recurriendo a un nuevo proteccionismo.

¿Se producirán nuevas y sesgadas interceptaciones en las dos partes pendientes del informe, precisamente las más relevantes? Un dato significativo, por ahora: los dos últimos estudios debían haber sido entregados, con redacción final, el 18 de marzo (instalaciones futuras) y el 16 de abril (nuevas inversiones). Todo parece indicar que las interferencias ministeriales no son ajenas a este retraso.

El dilema está planteado así: reconvertir-competir o remozar-proteger.

- Y está planteado en el sectorbásico del aparato productivo de un país industrial. Si la opción es la segunda, probablemente se ahorrárán gastos de inversión, pero a cambio de pagar cada año la crecida renta de pérdidas del sector, de su degradación industrial y, en definitiva, de la crisis siderúrgica permanente. El suceso puede ser todo un síntoma: ¿se ha renunciado acaso a remontar la crisis industrial y, como sustitutivo, se opta por perpetuarla?