Fuerte control policial en la subasta de bienes por impago de la Seguridad Social Agraria

Con un impresionante control policial se celebró en la mañana de ayer, en el municipio de Láncara (Lugo), la subasta de bienes de Julián Rodríguez Río, por impago de la cuota empresarial de la Seguridad Social Agraria, que ya había sido aplazada el día 30 de marzo, y que quedó desierta ante la ausencia de licitadores.

Más de quinientos campesinos se concentraron en las proximidades del lugar de la subasta, no pudiendo acceder a él por los rígidos controles de la Policía Nacional, que tomó prácticamente el lugar. En las carreteras de acceso, fuerzas de la Guardia Civil establecieron también controles, por lo que la casi totalidad de los campesinos concentrados se vieron en la necesidad de utilizar atajos de montaña.En ningún momento se produjeron incidentes, pese a las protestas de un sector de campesinos que reclamaba presenciar la subasta, por tener carácter público. Esta subasta estaba prevista para las 16.30 horas en Puebla de San Julián, adelantándose para las 9.30 horas en la parroquia de Carracedo, un lugar de difícil acceso y fácilmente controlable.

La subasta quedó desierta

Tras ser leídas las bases por las que se rigió el embargo, se marcó un plazo de una hora para la presentación de ofertas por los posibles licitadores; ante la ausencia de éstos, se marcó otro plazo de media hora, rebajando el tipo de licitación en un 75%; de nuevo, ante la falta de ofertas, se declaró desierta, comunicando esta resolución a la tesorería de la Seguridad Social para que actúe como en derecho crea oportuno. Tanto los campesinos concentrados como los responsables del sindicato nacionalista del campo Comisios Labregas (CCLL) -principal promotor de la lucha contra este impuesto- se mostraron sumamente satisfechos del resultado final de la subasta, que fue recibido con aplausos y la ratificación de no hacer efectivo el importe que adeudan otros campesinos.Finalizada la subasta, las Fuerzas de Orden Público concedieron permiso para celebrar una asamblea, en la que se informó de lo ocurrido y en la que también se solicitó a los concentrados que se disolvieran pacíficamente "para demostrar que cuando no nos atacan, no atacamos", refiriéndose a los graves enfrentamientos del 29 de abril ocurridos en Lugo, y en el que resultaron contusionadas sesenta personas y heridas de importancia otras diez.

También se realizó una convocatoria informal para realizar una concentración el próximo domingo en Lugo, coincidiendo con la visita que se prevé realice a esta ciudad el ministro de Agricultura, José Luis Alvarez. Julián Rodríguez Río declaró que la subasta realizada era ilegal por no habérsela notificado a su cónyuge, propietaria también de los bienes; por haberse cambiado el lugar y la hora de la celebración tres días antes, no cumpliéndose el plazo establecido de quince días cuando los bienes a subastar sobrepasan las 50.000 pesetas, y por no realizarla en los locales del juzgado y sí en unos provisionales y elegidos a última hora.

Con estos argumentos ha presentado ya dos recursos de ilegalidad ante la Delegación Provincial de Hacienda.

Por otra parte, hay que señalar que mientras la subasta se realiza por un importe total de 86.206 pesetas, según un informe pericial, los bienes embargados tienen un valor de 297.000 pesetas.

El único momento de tensión se produjo en el enfrentamiento dialéctico mantenido por el afectado y el recaudador de tributos del Estado, Ezequiel Rodríguez, al negarse éste a que accediesen al salón de la subasta el mismo interesado, herederos y sus representantes legales. El incidente quedó zanjado al serle permitida la entrada a Julián Rodríguez y a uno de sus representantes.