El Gobierno ha pagado casi 2.000 millones en ayudas a los afectados por el síndrome tóxico, pero faltan otras medidas
El número de afectados por el síndrome tóxico es de 12.000, en calidad de personas atendidas en hospitales y consultas externas, a los que se añaden 6.000 personas potencialmente afectadas. Respecto a las ayudas sociales previstas, a fecha de 20 de abril se habían tramitado 14.814 expedientes, de los cuales habían sido pagados 13.060, con un importe de 1.723.513.972 pesetas.
Estos datos corresponden a la documentación del Ministerio de Sanidad y Consumo, puesta a disposición de las Cortes al cabo de un año de la enfermedad. Quedan hospitalizadas 282 personas, que no precisa el número de las internadas en las unidades de cuidados intensivos. Se matiza que gran parte presenta notable mejoría (hasta el 60%, según algunas obervaciones) de los enfermos que han precisado atención extrahospitalaria. El estudio prospectivo de la población en riesgo sigue pendiente.El análisis de la situación en que se encuentran las medidas ordenadas al Gobierno por el Parlamento, a raíz del debate parlamentario del pasado mes de septiembre, presenta el siguiente cuadro (resumido), según el informe del Ministerio de Sanidad y Consumo (Se publica en cursiva el resultado o aplicación de cada medida):
Unificar el tratamiento administrativo de los productos alimentarios y reestructurar los servicios de investigación, inspección y sanción. Se cambió la denominación del Ministerio de Agricultura y Pesca, añadiéndole la Alimentación. Se creó el Ministerio de Sanidad y Consumo. Decretos reguladores de las competencias al efecto.
Refundición y actualización de la legislación en materia alimentaria. Está pendiente de informe del Consejo de Estado un proyecto elaborado por el Ministerio de Sanidad y Consumo.
Plan de inspección de industrias y establecimientos alimentarios. Expresión del número de registro sanitario en los productos elaborados. Plan aprobado y parcialmente puesto en marcha.
Proyecto de ley general de Comercio, delimitadora de las competencias de las distintas Administraciones públicas. Avanzada elaboración del anteproyecto.
Plan general de mataderos, en colaboración con comunidades autónomas. Se han realizado varias reuniones de la comisión mixta Administración del Estado- Comunidades Autónomas-Administración Local.
Plan de inmovilización del aceite no apto para el consumo humano. Se han retirado 3.677.961 litros. Quedan pendientes de retirar, procedentes de la tercera operación de canje, 633.754 litros depositados en ayuntamientos, establecimientos comerciales o entidades sin finalidad de lucro. No se ha destruido, como prueba judicial.
Registro de empresas de esterificación de grasas y normativa sobre las mismas. Se contemplan estos aspectos en un real decreto de 2 de octubre de 1981 y en circulares de la Subsecretaría de Consumo.
Legislación sobre calidad y control de alimentos e inventario de los organismos públicos encargados de esta vigilancia. La Comisión Interministerial de Ordenación Alimentaria finalizará en breve plazo toda la legislación recogida sobre esta materia. El inventario se remitió al Ministro de la Presidencia el 29 de diciembre.
Inmediata puesta en marcha de un sistema integral de vigilancia epidemiológica. Se creó la Oficina de Coordinación del Síndrome y se dotó de rango de subdireción general a la unidad de Vigilancia Epidemiológica.
Creación de un Consejo de Coordinación de Planificación Sanitaria que informe definitivamente el Mapa Sanitario. El consejo fue creado el 27 de noviembre.
Actualización del calendario de Reglamentaciones Técnicas Sanitarias y sus modificaciones por la CIOA y terminación del Código Alimentario Español antes del 31 de diciembre de 1982. Se ha eleborado el calendario.
La CIOA determinará las sustancias que puedan utilizarse en la desnaturalización de productos que puedan ser desviados al consumo humnao. Continúan los trabajos en este sentido.
Las autoridades municipales pondrán en conocimiento de las autoridades centrales o autonómicas las industrias radicadas en sus términos municipales, a efectos de registro sanitario. No se ha recibido, hasta la fecha, en la Dirección General de Salud Pública, ningún expediente procedente de los ayuntamientos.
Publicidad a los datos del registro sanitario. Se ha dado carácter público a dicho registro y se mantienen contactos con asociaciones profesionales y consumidores para facilitar información.
Aprobado el Plan de Mataderos, determinar las ayudas para construcción o modernización de los mismos. El plan es previo y no se ha aprobado.
Dotar de presupuesto a las corporaciones locales para que creen servicios de control de alimentos. En el presupuesto del Ministerio de Sanidad y Consumo figura una partida de 266 millones de pesetas para toda clase de gastos, incluida la asistencia a las coporaciones, y 71.896.000 pesetas para ayudas a asociaciones de consumidores.
Indemnizaciones
La decimoséptima medida acordada por el Parlamento trata de las ayudas económicas y sociales a los afectados en cuanto a indemnizaciones por fallecimiento, desempleo, rehabilitación, censo de afectados y asistencia domiciliaria. Se aprobó un crédito de quinientos millones de pesetas, con carácter ampliable, para hacer frente a estas medidas. El censo se ha realizado. La infraestructura de rehabilitación se muestra insuficiente y la asistencia domiciliaria se lleva a cabo, aunque presenta dificultades jurídicas en la contratación de servicios.
Desarrollo coordinado de las líneas de investigación sobre las causas del síndrome tóxico. Existen 34 proyectos de investigación. Reconocimiento de carácter de utilidad pública de las asociaciones de afectados que lo soliciten. Se ha dispuesto el mecanismo y se han acogido tres asociaciones (Guadalajara, Getafe y Majadahonda).
Oposiciones para plazas vacantes de epidemiólogos y programa de ayudas a domicilio. La convocatoria ha sido efectuada (no se especifican cuantas plazas). La ayuda a domicilio se inició el 15 de septiembre. Se han concedido ayudas de este tipo a 1.405 familias, de 8.500.
Proyecto para garantizar la situación de los trabajadores de empresas paralizadas por actuación judicial. Publicado en el Boletín de las Cortes.
Medidas de ayuda a los afectados en edad escolar. Se han desarrollado varias resoluciones.
Trámite de urgencia para la reforma del Código Penal en los artículos que hacen referencia al fraude alimentario. El cumplimiento corresponde a las Cortes.
Competencia de las comunidades autónomal en estas medidas. Se les ha dado participación.
Inserción mensual en los medios de comunicación de la relación de productos adulterados y fraudes contra la salud. Se han publicado dos relaciones.
Realización de un Estudio Prospectivo para determinar la incidencia de la enfermedad en la población expuesta. Se ha establecido el contenido a desarrollar en este estudio epidemiológico.
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