El abogado del comandante Cortina niega cualquier relación de su cliente con el intento de golpe de Estado

En la sesión de la mañana de ayer del juicio por los hechos del 23-F terminó la defensa del comandante del CESID José Luis Cortina, a cargo del abogado Rogelio García Villalonga. Este negó cualquier relación de su defendido con el intento de golpe de Estado, y dijo que son falsos los hechos que se le imputan en ese sentido, para terminar pidiendo la libre absolución de sus defendidos. Entre otros testimonios contra su cliente que consideró falsos señaló el del sargento Rando Parra -también del CESID- contra quien pidió acción judicial por mala fe. Después se realizaron las defensas del capitán Acera y el teniente Alonso Hernaiz, de la Guardia Civil, y la del capitán Juan Batista, de la Acorazada, acusado de ocupar la emisora La Voz de Madrid, si bien su ahogado sostuvo que sólo fue a informarse.

De esta sesión estuvieron ausentes los procesados general Torres Rojas, el teniente coronel Tejero y los capitanes Dusmet y Alvarez Arenas, así como el civil Juan García Carrés. El letrado García Villalonga, que había comenzado su informe el día anterior, prosiguió su argumentación para negar que Cortina participase en varias reuniones preparatorias del golpe.Refiriéndose a la del día 21, en una oficina de la calle Pintor Juan Gris, en la que estuvieron el general Armada y el teniente coronel Tejero, según el testimonio de éste, Villalonga advirtió que el propio Tejero en ningún momento de su declaración dice que estuviera Cortina, y negó también que éste hubiera acudido previamente a la cafetería del hotel Cuzco, donde se habría encontrado con Tejero para llevarle al lugar de la cita.

También consideró extraño el defensor las afirmaciones de Tejero en el sentido de que Armada iba muy elegante, con un traje gris, ya que el general no se distingue por su elegancia vestido de civil; el que en la oficina se estuviese trabajando, siendo sábado, a las nueve de la noche, y el que en esa reunión se fijase la fecha del asalto, puesto que ésta había sido fijada ya antes. Finalmente, Villalonga afirmó que a esa hora del día 21 Cortina estaba a cincuenta kilómetros de Madrid, en El Escorial, con sus padres.

Sobre los apoyos técnicos del CESID -vehículos y radioteléfonos-, el abogado dijo que esto no aparece hasta la cuarta declaración de Tejero. El coche que presuntamente guió a los autobuses de la Guardia Civil hacia el Congreso, por el Paseo de las Delicias, no fue visto por ningún ocupante de esos autobuses. Según el letrado, aquel día el capitán del CESID Almenta había encargado un servicio a los cabos Monge y Moya. El primero de éstos se encontraba con su coche cumpliendo el servicio en la Plaza de la Beata María Ana de Jesús, cuando oyó por la radio lo sucedido y se dirigió al Congreso (en este caso habría seguido la misma ruta que los autobuses que provenían de Valdemoro).

Monge fue después al CESID, donde comentó lo que había visto. Esto es, según el abogado, lo que hizo que el capitán Rubio, sin darse cuenta de que se trataba del relato de Monge, declarase que en la unidad se había hablado algo del 23-F. Villalonga añadió que el sargento Rando Parra -afecto a Cortina- falseó su declaración y actuó como "resentido", y negó en este sentido que Cortina hiciera el día 24 comentarios jocosos sobre la actitud de los diputados. Por todo ello, pidió al tribunal que se deduzca testimonio de la declaración de Rando Parra, para proceder judicialmente contra él.

Dijo después que si Cortina hubiera intervenido en la operación del 23-F, la realización de ésta no hubiera sido tan deficiente, y no habría habido que mirar las direcciones de las emisoras de radio madrileñas en la guía telefónica. En cuanto a que Cortina fuera enlace de Armada con los que preparaban la operación, recordó que Milans testimonió que ninguno de los enlaces está procesado, por lo que Cortina no lo sería.

Finalmente, negó también que el hermano de su cliente haya estado vinculado a Alianza Popular ni haya tenido relación con el capitán Gil Sánchez Valiente, y agregó que de todas formas nada de esto tiene que ver con el 23-F. Terminó pidiendo la libre absolución de su defendido.

Acera se limitó a cumplir su deber

A las 11.30 horas, el presidente dio la palabra al letrado Dimas Sanz López, defensor del capitán Francisco Acera y el teniente Jesús Alonso Hernaiz, ambos de la Guardia Civil. Sanz López comenzó con un preámbulo en el que calificó la conducta del Rey de diáfana y congruente con su discurso de proclamación, e hizo suyas unas frases del periodista Augusto Assía que criticaba tanto a quienes atacan a don Juan Carlos como a quienes se ponen alegremente adefenderle de unas acusaciones espúreas.

También dijo que nadie tiene e poder y el derecho para hacer justicia fuera de la ley, que los partidos políticos son, entre otros, la causa de la enfermedad que padece la sociedad pluralista, y que la falta de opinión pública es el peor insulto para un pueblo, aunque en ocasiones la opinión comete errores. Afirmó después que los guardias civiles no pretendían alzarse en armas contra la nación. Cinco minutos antes del mediodía, el presidente suspendió la sesión por veinte minutos.

Reanudada la vista, el abogado se centró en la defensa de sus clientes, haciendo extensivas al teniene Alonso sus consideraciones sobre el capitán Acera. Dijo de éste que actuó sin voluntad de delinquir, ya que no hizo más que subir a los autobuses sin saber dónde iba, porque un amigo le había convencido de que participase en la operación. Creía que cumplía un deber bajo el mando de Tejero, y se le habían invocado para ello los nombres de prestigiosos generales.

El letrado negó que Acera ordenara a los guardias subir a los autobuses, como afirma el fiscal. El capitán llegó junto a la plaza de las Cortes a las 18.30 horas, cuando ya se había consumado la ocupación, y durante la noche oyó decir que el Rey había dado un mensaje, pero no pudo conocer su contenido completo, ni siquiera cuando salió al hotel Palace para informarse.

Ni Acera ni Alonso incurrieron en suma, en irresponsabilidad, porque creyeron que su obligación era seguir las órdenes de Tejero, a pesar de que suponía la retención de los diputados en el Congreso Alonso, particularmente, seguía las órdenes de su jefe, que era el capitán Muñecas. En virtud de ello, el letrado pidió la libre absolución de sus defendidos, y agregó que al tribunal le incumbe valorar la importancia del pacto de capitulación, por el que se eximía de responsabilidad de tenientes para abajo.

Batista fue a buscar información

En la última parte de la sesión intervino el abogado José Zugasti defensor del capitán de la División Acorazada Juan Batista, acusado de ocupar en la noche del 23-F la emisora de radio La Voz de Madrid. Después de proclamar su fe ciega en la justicia española, también en nombre de su defendido dijo que la primera vez que éste acudió a la emisora cumplía órdenes, y en la segunda -hecho por el que se le procesó- sólo trataba de recabar información y facilitarla a la división, porque la situación era confusa hasta que habló el Rey.

En todo caso, su actitud debiera ser considerada como desobediencia, si bien actuaba, aunque a iniciativa propia, con el permiso de su jefe natural, que era el coronel San Martín. Además, no se dieron en los hechos las circunstancias necesarias para ser considerados como ocupación de la emisora, porque Batista no la dirigió, ni cambió la programación, ni se hizo obedecer. A las dos de la tarde, y dado que el letrado todavía tenía previsto intervenir unos tres cuartos de hora, el presidente levantó la sesión hasta las cuatro.

En la sesión de la tarde -a la que faltaron seis procesados y numerosos invitados, periodistas y observadores- continuó su informe el abogado Zugasti, quien destacó que de todos los empleados de La Voz de Madrid sólo Miguel Angel Ruiz Butrón, responsable entonces del medio, testificó contra el capitán Batista, y hay tres declaraciones contrarias a la suya, que le descalifican. "Ese testimonio", agregó, "refleja los temores y miedos de un señor ante la presencia de un oficial del Ejército; temores y miedos que él sabrá por qué los sintió".

Antes de pedir la libre absolución de su cliente, el abogado le describió como hombre de grandes inquietudes, propiciador de un gran movimiento cultural en el seno de las Fuerzas Armadas y "un lujo para el Ejército", y advirtió que si se le condena "la luminosa y brillante franja azul que lucen los hombres de Estado Mayor saltará por los aires y se convertirá en un trapo, en un guiñapo".

Intranquilidad en la Guardia Civil

Poco antes de las cinco de la tarde comenzó el capitán Miguel Caballero Montes, último en intervenir ayer, la defensa del capitán de la Guardia Civil Juan Pérez de la Lastra. Caballero se disculpó en primer lugar por carecer de la formación jurídica de los letrados que le habían precedido en el uso de la palabra, y dijo que los sucesos del 23 y 24 de febrero hay que enmarcarlos en la situación que España vivía entonces, una situación que provocaba intranquilidad en las filas del Ejército, por las posibilidades de desmilitarización de la Guardia Civil, por los continuos ultrajes a la ba:ndera y por el peligro que corría la sagrada unidad de la patria.

El capitán Caballero agregó que era mayor la intranquilidad en la Guardia Civil, que era atacada no sólo por el terrorismo, sino también por quienes desconociendo la realidad de ese cuerpo y lo que sucede en numerosos países civilizados pedían su desmilitarización, cuando, con seguridad, a la Guardia Civil le quedan todavía numerosos y grandes servicios que prestar a España. Al mismo tiempo, la unidad de España era cuestionada, y pese a llevar en vigor la Constitución ya unos meses, el Estado no se había articulado y se ignoraba si a España se la consideraba o no una nación.

El defensor dijo también que por aquél entonces comenzó a hablarse de la posibilidad de un Gobierno presidido por un militar, posibilidad que incluso llegó a expresarla a un grupo de periodistas el presidente Suárez, durante uno de sus viajes por Latinoamerica, y se comentó el nombre del general Armada, llegándose a hablar en Cataluña de que el Gobierno lo presidiría él.

Sobre la conducta de su defendido, afirmó que se ajusta a lo dispuesto en la Constitución, en las Reales Ordenanzas y en el reglamento de la Guardia Civil, pues se le invocó el nombre del Rey, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, y él no tenía oportunidad de confirmar esta invocación. El defensor advirtió que se trataba de un caso de obediencia, y que si el Ejército no se cimenta en ella, sino en moldes democráticos, se convertiría en cualquier cosa menos en Ejército. Finalmente, pidió la libre absolución.

A las 17.50 horas el presidente del tribunal levantó la sesión, hasta el próximo lunes a las diez de la mañana. Hoy, viernes, no se celebrará juicio, ya que el Consejo Supremo de Justicia Militar se reunirá para despachar asuntos pendientes.