La Caja Rural de Baleares presenta querella criminal contra dos dirigentes socialistas

La Caja Rural de Baleares presentó ayer una querella criminal contra dos dirigentes de la Federación Socialista Balear-PSOE como consecuencia de las declaraciones que habían hecho en el sentido de que en esta entidad crediticia se "habrían producido irregularidades presuntamente fraudulentas". Los directivos de la caja calificaron tales afirmaciones de "intolerable intromisión, lo que significa una politización que este consejo rector denuncia".

Un portavoz de la Caja Rural de Baleares declaró que la querella criminal fue presentada en la mañana de ayer en el Juzgado de Guardia de Palma de Mallorca contra Juan March, secretario de organización de la Federación Socialista Balear, y contra José Luis Martín, secretario de imagen del mismo partido. Añadió el portavoz que ambos políticos socialistas han cometido un presunto delito de injurias graves, vertidas por escrito y con publicidad, en contra de la gestión y de algunas de las personas que dirigen la Caja Rural de Baleares.El presidente de la caja rural, Eduardo Blanes (hermano de Carlos Blanes, director general de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares Sa Nostra), señala en el comunicado mencionado que la petición de investigación solicitada por la FSB-PSOE es "anticonstitucional" por la forma, a la vez que destaca los resultados positivos de los controles que sobre la entidad ha realizado el Banco de España.

El comunicado de la Caja Rural de Baleares, que va firmado por su presidente, entre otras cosas, dice: "La intolerable intromisión del PSOE en la toma de decisiones y gestión de esta caja significa una politización que este consejo rector denuncia, a la vez que rechaza de forma categórica. El hecho de que algunos miembros de esa cooperativa militen en partidos políticos o centrales sindicales no la identifica en forma alguna con ninguna tendencia política o sindical, por lo que las reiteradas tentativas de injerencia del PSOE son totalmente inadmisibles.

El consorcio, a petición de la propia caja, realizó una inspección a causa de un cambio en la gestión de la misma.

A causa de la total y absoluta desinformación del PSOE, éste solicita una intervención del Banco de España cuando un funcionario del departamento de inspección de esta entidad actual realizó una completa y exhaustiva inspección en esta caja desde el 22 de febrero hasta el 18 de marzo, ambos de este mismo año, siguiendo la sistemática de dicho organismo respecto al control y seguimiento de todas las entidades de crédito en general, y muy especialmente las cajas rurales no calificadas, para proceder en su día a su definitiva calificación oficial, uno de cuyos trámites es precisamente haber pasado con éxito, a juicio del Banco de España, varias de sus inspecciones oficiales.

Sólo los socios de esta cooperativa, el Banco de España, el Consorcio de Cajas Rurales y los Tribunales de Justicia pueden inspeccionar, intervenir y controlar esta caja. La petición socialista es plenamente anticonstitucional y, además de una interferencia rechazable, está fuera de cualquier normativa legal.

Entendemos que esta incalificable e intolerable campaña socialista, efectuada tan reiteradamente contra esta caja y, por extensión, todos los socios de la misma, así como cuantos hombres del campo de las Baleares han depositado su confianza en ella, obedece única y exclusivamente a fines partidistas, ocultos en un falso interés social, que esta caja, por su carácter totalmente despolitizado, denuncia públicamente y rechaza expresamente con toda energía".

Respecto a la solicitud de la FSB-PSOE del cese inmediato del director general de cultura del Consejo General Interinsular (CGI), Juan José Alemany, a la vez presidente de IBASA y secretario de la Caja Rural de Baleares, Miguel Capó, consejero de agricultura del CGI, ha declarado que no piensa cesarlo ni pedir su dimisión, ya que sigue gozando de la misma confianza que tenía cuando fue nombrado en 1979, y que está satisfecho de su actuación.

Por su parte, el Partido Socialista de Mallorca (PSM) se ha adherido a la solicitud realizada por la FSB-PSOE "de constituir una comisión investigadora sobre el asunto, así como la intervención del Banco de España".