Gobierno y PSOE tratarán hoy de superar los problemas financieros del transporte municipal

Para el mediodía de hoy ha sido concertada en Madrid una reunión entre representantes del Gobierno, PSOE y ayuntamientos gobernados por los socialistas, con el fin de buscar soluciones a los déficit del transporte público municipal. La mayoría de los medios administrativos y socialistas consultados ayer coincidían en la impresión de que es muy difícil el acuerdo. Casi todos los ministros implicados se muestran contrarios a admitir el sistema propuesto: 50.000 millones de pesetas en créditos blandos para el trienio 1980-1983 y subvenciones decrecientes en los dos años posteriores, mientras los ayuntamientos empiezan a recibir los recargos en hasta cinco impuestos.

Las impresiones menos pesimistas procedían de medios allegados a quienes encargaron el dictámen técnico para superar la ruptura del pacto Gobierno-UCD sobre el proyecto de Ley de financiación del transporte público urbano de superficie. Se trata del ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, y del secretario federal de Política Municipal del PSOE, Luis Fajardo.Los socialistas esperan que acudan también a la cita alguno o varios de los ministros que deben decidir por el Gobierno: Transportes, Economía y Administración Territorial. Noticias no confirmadas señalan que los cuatro miembros del Gobierno citados se reunieron a última hora del lunes pasado en la Moncloa. La reunión fue desmentida ayer por un portavoz de Administración Territorial

Según las impresiones recogidas en medios del PSOE, el titular de Administración Territorial, Rodolfo Martín Villa, es quien mantiene una actitud más dura, hasta el punto de rechazar las recomendaciones del dictamen técnico y propugnar el texto pactado el pasado verano (cubrir los déficit con aumentos de tarifas y/o un recargo de hasta el dos por mil en la contribución urbana, por el uso de inmuebles). En el lado opuesto se encontraría Jaime García Añoveros. La actitud de los responsables de Economía y Transportes parece que se centra en considerar excesivas las ayudas económicas sugeridas por el dictamen, que han sido incrementadas por el PSOE aproximadamente en una cuarta parte (de 40.000 a 50.000 millones en créditos más blandos y un año de demora en la implantación de los recargos en impuestos).

Una versión aproximada ha sido obtenida del portavoz de Administración Territorial, quien dijo que no hay decisión del Gobierno, sino opiniones personales. A su juicio, el dictámen, no vinculante, fue una táctica dilatoria para salvar las diferencias entre los representantes del PSOE que negocia con los pactos autonómicos (es el primer roce surgido entre las dos fuerzas firmantes) y los gobiernos municipales socialistas de las grandes ciudades, como Barcelona y Madrid.