Puntualización sobre la Universidad Pontificia
Ante la noticia aparecida en EL PAIS del día 21, página 27, donde se amenaza con la creación de un llamado Instituto de Estudios Europeos de San Benito en el marco de la denominada Universidad Pontificia de Salamanca, tengo el gusto de señalarles determinados extremos para su publicación en la sección de Cartas al director.1º La Universidad Pontificia, con estudios establecidos y reconocidos al amparo del obsoleto convenio suscrito entre la Santa Sede y el Estado español en 5 de abril de 1962, cuenta con secciones de filosofía, ciencias de la educación, filología, sociología y canónico (según sucesivos documentos de 7 de septiembre de 1963, 25 de abril de 1974 y 21 de mayo de 1976, entre otros), pero, afortunadamente, no cubre estudios de derecho o de ciencias económicas que están conectados con el derecho de las organizaciones regionales europeas, en concreto del Consejo de Europá y de las Comunidades Europeas.
2º La mencionada Universidad Pontificia no puede seriamente patrocinar estudio. alguno sobre tales organizaciones, al carecer de toda justificación por la naturaleza y contenido de los estudios realizados en la misma en una línea de reconocido confesionalismo, añadiéndose a ello la falta de una infraestructura mínima de servicios, documentación y personal docente e investigador propio sobre el derecho de las citadas organizaciones regionales europeas.
3º Aparte del evidente interés por la confusión y el engaño al lector al utilizarse con alegría y sin rubor la denominación indiscriminada de Universidad de Salamanca, se señalaba en tal noticia que uno de sus promotores era "profesor de Derecho Internacional público; tal señor, Eduardo Martínez Hernández, no tiene ni el doctorado en Derecho y es ayudante de un catedrático que, por razones bien conocidas de las autoridades académicas, está exento de docencia ordinaria.
4º La existencia de tales centros al amparo de universidades privadas tan privilegiadas durante el régimen anterior y con financiaciones escandalosas (como evidenció el conocido "caso Matesa" respecto a la llamada Universidad de Navarra), ha de preocupar seriamente a las universidades públicas y oficiales, únicos marcos adecuados para el estudio en condiciones de rigor cientifico de libertad y de tolerancia de las materias de derecho de las organizaciones regionales europeas, tanto de Estados de economía de mercado como de Estados de economía planificada. / catedrático de Derecho Internacional.
