Decretos en vez de leyes
LA APROBACION por el Consejo de Ministros de unas medidas de acción inmediata" trata de paliar la frustración sembrada por el Gobierno con la retirada de la Ley de Autonomía Universitaria (LAU) de las Cortes. Tras el dramático arranque de los dos muchachos muertos en una manifestación de protesta contra el primer anteproyecto de esta ley, cuatro años de discusión parlamentaria, las interminables negociaciones secretas entre UCD y PSOE y la caída de dos ministros -Federico Mayor Zaragoza prometió ser el tercero, pero se arrepintió más tarde- empedraron de aburrimiento, clandestinidad y confusión un camino que ya parece interminable: el de la modernización y reforma de la Universidad española.Las nuevas medidas están fundamentalmente dirigidas a enfriar la tensión universitaria y a satisfacer las exigencias más inaplazables de los profesores no numerarios, cuya situación de inestabilidad en el empleo no podía mantenerse por más tiempo sin riesgo de un estallido. El paquete no se ocupa de la regulación de los claustros y de los órganos de gobierno universitarios. Tampoco parece que las anunciadas normas de agilización en la gestión presupuestaria vayan más allá de una simple flexibilización de los controles de los interventores de Hacienda y puedan sentar las bases de una auténtica autonomía financiera universitaria. Probablemente esas lagunas se deban a razones jurídico-constitucionales dado que las materias omitidas en el paquete entran en la esfera de competencias parlamentarias mucho más claramente que la reglamentación sobre el profesorado. Ahora bien, si las medidas sobre los penenes pertenecen -como parece- a las competencias del poder ejecutivo, resulta intolerable que los anteriores Gobiernos de UCD, al no hacer uso de sus atribuciones a lo largo de varios años, hayan permitido el pudrimiento de la situación universitaria.
La única explicación de la pasividad del centrismo durante estos años es que los poderosos intereses corporativos que han presionado a los Gobiernos de UCD preferían mantener intacto un status quo gremialmente favorable antes que proceder a la más mínima reforma. De esta forma, la interminable tramitación de la, LAU era tiempo ganado para ese original filibusterismo parlamentario, cuyos portavoces estaban seguros de poder forzar, llegado el momento de la verdad, al presidente del Ejecutivo para que retirara el proyecto.
Las doce medidas urgentes poseen un valor desigual. Algunas son simples reajustes administrativos o nominales que afectan a los profesores de las escuelas de Bellas Artes y de las escuelas universitarias. Se anuncia también un incremento de los fondos para becas y la dotación de 2.700 millones de pesetas -hasta diciembre de 1983- para mejorar la tesorería universitaria, renglón que tal vez pudiera reforzar la mísera situación de las bibliotecas de la Universidad., Otra medida Parece consagrar la célebre bufanda, concedida por González Seara a los profesores con dedicación exclusiva, a través de una imprecisa financiación de la labor investigadora mediante contratos específicos. En una de las disposiciones anunciadas parece adivinarse el propósito de endurecer los mecanismos de selectividad universitaria y de reforzar las funciones dé criba en el COU. Aunque el párrafo final de la referencia del Consejo de Ministros anuncia la dotación de las plazas de numerarios creadas por la ley de ampliación de plantillas y todavía pendientes de ser cubiertas, no parece que el espíritu del paquete sea ocluir la vía de la contratación para el acceso a la universidad y consagrar el monopolio funcionarial.
Los problemas del personal docente constituyen, debajo de otras envolturas, el contenido fundamental del paquete. Los intereses de los catedráticos salen indemnes de la nueva regulación, salvo en el caso de que las modalidades de la integración del cuerpo de profesores agregados en el cuerpo de catedráticos no respetaran sus derechos a la prelación en la ocupación de vacantes. Las medidas más importantes, sin embargo, se refieren a los profesores no numerarios -los penenes- y apuntan a mejorar las condiciones de estabilidad de su empleo. Se crean 2.000 plazas de profesores adjuntos contratados en régimen de dedicación exclusiva par a la universidad (y otras mil plazas homólogas para las escuelas universitarias de grado medio) y se autoriza que tales contratos cubran un período de cinco años. Se elude, así, la contratación indefinida de profesorado fuera del escalafón que los numerarios vitalicios temían que pudiera convertirse en vitalicia, pero desaparece la angustia y la humillación de la renovación anual. La medida parece razonable, aunque seguramente las plazas a cubrir queden muy por debajo de las necesarias. Otra disposición redefine la figura del penene que da clase aunque sin dedicación exclusiva y anuncia la gradual transformación de esos antiguos encargados de curso en profesores asociados de tiempo parcial. Esa orientación puede ser positiva, ya que la actual plétora de personal docente universitario no tiene más vía de reforma que una diferenciación estricta entre los profesores contratados dedicados a la docencia a tiempo completó y los profesores esporádicos. Sin embargo, la lógica de la reforma tendría que extenderse también a los profesores-funcionarios, de forma tal que las débiles diferenciaciones actuales entre los catedráticos con dedicación exclusiva y sus colegas pluriempleados resultaran mucho más marcadas y pudieran llegar, incluso, a la excedencia obligada de los absentistas.
Este paquete de medidas viene a paliar, como decíamos al principio, la situación creada por la vergonzante gestión de los temas universitarios que la UCD ha practicado desde que subió al poder. La promulgación de la ley es, sin embargo, no sólo una cuestión de oportunidad, sino un mandato constitucional. La suposición de que el gobierno esté dispuesto en adelante a tratar de quitarse de encima esta clase de mochuelos a base de gobernar por decreto en todo lo que le sea posible se haya más que fundada. Pero esta es una perversión de los hábitos democráticos, y solo demuestra el poco respeto que existe todavía en los ámbitos del poder político hacia las tareas del legislativo, de cuya fortaleza depende empero la solidez institucional del régimen.
