Se reanuda el juicio del 23-F con la lectura del informe del fiscal
El juicio que se sigue contra los 33 procesados por el fallido golpe de Estado del 23 de febrero entra hoy en su cuarta y última fase, tras un paréntesis de una semana, que ha sido aprovechado por el fiscal togado y los defensores para repasar las pruebas practicadas y preparar sus conclusiones definitivas. La principal novedad en la jornada de hoy, que se inicia con el informe del fiscal, es la presencia del teniente general Federico Gómez de Salazar en la presidencia del tribunal. Este militar, consejero de dicho organismo, sustituye con carácter provisional al presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar, teniente general Luis Alvarez Rodríguez, que tuvo que ser internado el pasado sábado en un centro hospitalario de Madrid aquejado de una dolencia gástrica.
Las sesiones quedaron interrumpidas el pasado martes día 20 al acabar la fase correspondiente a las pruebas testificales con la declaración del diputado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Enrique Múgica. La cuarta etapa se inicia con la lectura del informe sobre los hechos que se juzgan por parte del fiscal José Manuel Claver Torrente y la exposición de las peticiones que estime pertinentes para cada uno de los procesados.Dos jornadas para el informe del fiscal
Es probable que el fiscal togado emplee dos jornadas para informar ante la sala, a cuyo término formulará su petición definitiva de penas, que podría variar, a la vista de todo lo actuado hasta el momento, respecto a su escrito de acusación.
Las penas hasta ahora solicitadas van de los treinta años de reclusión, caso de Jaime Milans del Bosch, Alfonso Armada y Antonio Tejero, hasta un año y seis meses, única pena mínima. Este último caso es el referente al capitán de la Guardia Civil Francisco Ignacio Román, actualmente en libertad provisional por orden del Consejo Supremo de Justicia Militar. El capitán Ignacio era uno de los mandos del cordón exterior de seguridad de la Guardia Civil que apoyaba la acción de Tejero y fue arrestado y trasladado a la Dirección del Instituto cuando llegó al lugar de los hechos el máximo responsable de este organismo, teniente general José Luis Aramburu, por lo que su presencia en los alrededores del Congreso fue menor en tiempo que la de sus compañeros, que permenecieron en él hasta su rendición.
Tras la lectura del informe del fiscal, que podrá ampliar de palabra antes o después de oír a los abogados defensores, corresponderá a estos últimos exponer sus conclusiones. El primero en hacer uso de la palabra será el defensor del militar de mayor graduación procesado, en este caso el coronel Salvador Escandell, abogado del teniente general Milans del Bosch. Estas conclusiones de la defensa se podrán también modificar o ampliar verbalmente o por escrito.
Ocho días para dictar sentencia
El tribunal pedirá posteriormente a cada procesado que exponga lo que tenga que alegar, si lo desea, y tras ello se reunirá en sala de Justicia para dictar sentencia, que lo hará en el término de ocho días. Veinticuatro horas después se notificará a las partes interesadas, que tienen derecho a presentar recurso de casación ante la sala segunda del Tribunal Supremo.
En la fase ya pasada coincidieron una serie de hechos jurídicos al margen de las distintas pruebas testificales, algunas de la cuales no se llevaron a cabo por renunciar la defensa a algunos testigos. Uno de estos aspectos, entre los que también se encuentra la concesión de libertad provisional para el capitán Ignacio Román, fue la denegación de la libertad provisional a los ocho tenientes de la Guardia Civil procesados. Los abogados defensores basaban su petición en el denominado pacto del capó, que eximía de responsabilidades de la misma manera a los tenientes de la Guardia Civil y de la División Acorazada, estos últimos no procesados.
El pacto del capó fue sacado a relucir por el teniente coronel Eduardo Fuentes Gómez de Salazar, testigo citado a declarar, que tuvo una destacada participación en la concreción de las condiciones que aceptaron los asaltantes del Congreso de los Diputados para deponer su actitud. Este militar aseguró en su testimonio ante el tribunal que al realizar el documento de capitulación se daba por supuesto que los tenientes de la Guardia Civil quedaban exentos de responsabilidad, al igual que los de la División Acorazada Brunete número 1.
