Una reparación
LA COMPAÑIA Telefónica y el Ministerio del Interior declararon oficialmente el pasado martes que "en ningún momento los directivos de Telefónica han rechazado o pedido aplazamiento de un plan especial de protección para las instalaciones de Ríos Rosas". El ministro del Interior y el Presidente del Gobierno reconocieron sin embargo paladinamente ante el Congreso de los Diputados que la inclusión de la central de Ríos Rosas en el plan de seguridad del Mundial-82 fue retrasada. Si no fue la Telefónica quien la retrasó, fue el Gobierno. Si el Gobierno es responsable de esta imprevisión, el Gobierno estaría incapacitado moralmente para pedir colaboración ciudadana en la prevención del terrorismo. Pero el propio Gobierno había establecido un servicio de vigilancia adicional -la operación Menta- al insuficiente de guardias jurados que mantenía la Telefónica. Según fuentes fiables de la policía, el retraso en el plan de seguridad se debió a criterios técnicos emanados de la Compañía Telefónica. La actitud de ésta, que primero abandona la seguridad de una central de semejante importancia, y en medio de una escalada terrorista, en manos de un par de vigilantes jurados, y luego esconde la cabezaba o el ala cuando la opinión pública pide explicaciones, merece una respuesta por parte de las autoridades. El presidente del Gobierno ha comparecido ante el Parlamento par, lamentar la insuficiencia del sistema de seguridad y dar explicaciones. El presidente de la Telefónica sólo se ha hecho visible para protestar, precisar, matizar, desmentir. Un contraste de actitudes que merece ser tenido en cuenta. El Gobierno es el principal accionista de la CTNE y viene recompensando con presidencias y cargos en ella antiguos servicios políticos, sean en la Administración del Estado, sean en el partido gobemante. Si es verdad que la Telefónica descuidó, por error o dejación, la seguridad, sus administradores deben una explicación a los accionistas y a los usuarios, que están sufriendo daños adicionales durante estos días debido a las dificultades de comunicación. Y á la sociedad española toda, víctima en muchos sentidos del atentado del domingo. La indefensión tradicional del usuario frente al oligopolio telefonístico de este país no debe ser acrecentada en este trágico asunto. Si el Ejecutivo sigue apoyando, desde su privilegiada posición en el propio accionariado, a los actuales administradores, entonces el propio Ejecutivo será cómplice de su ineficacia y de su arrogancia. Es imposible juzgar la gestión del ex ministro ucedista Sánchez Terán al frente del consejo de administración de la Telefónica sin evaluar las responsabilidades de imprevisión existentes en el caso de la central de Ríos Rosas. Y todas las palabras pronunciadas el jueves por el presidente del Gabinete y el ministro del Interior, todos los valiosos testimonios de apoyo que recibieron de la oposición, pueden resultar vanos si no se aclaran cuestiones como ésta y no se repara a la opinión pública del velo de silencio y distorsión informativa que en un principio se quiso extender.Por último, una reflexión añadida sobre el escaso control público que tiene en nuestro país un servicio come, este de las comunicaciones telefónicas. Una información. publicada por EL PAIS (véase página 55 de la edición. del 22 de abril) pone de relieve las diferencias flagrantes, que en este aspecto mantenemos con respecto a la Europa desarrollada. Quizá no estaría de más que el Gobierno aprovechase la ocasión para replantearse las condiciones en las que opera una compañía de vital importancia como ésta. La indefensión del usuario del teléfono, tantas veces denunciada por organizaciones de consumidores, echa sus raíces en el modelo de propiedad y de gestión que se ha venido manteniendo. La desgraciada actitud de los dirigentes de la compañía a la hora. de asumir públicamente sus responsabilidades -actitud de la que habla por sí sola la nota de precisiones que emitió el martes pasado- es todo un ejemplo de por qué no se puede seguir igual.
