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Pío Cabanillas explica el plan de modernización de la justicia española

"El Gobierno está absolutamente decidido a asumir el reto de la modernización de la justicia en España, como tarea que se advierte inexcusable para evitar lo que a corto plazo podría significar el colapso de la función judicial y, en definitiva, el fracaso de un estado de derecho Esa acción de reforma corresponde a todos, jueces y Administración como actuación conjunta asumida de modo urgente y eficaz". Con estas palabras, pronunciadas por el ministro de Justicia, Pío Cabanillas, en su reciente visita a Galicia, se ha referido al plan de modernización de la justicia española.

Las líneas maestras de la actualización de la justicia consisten, en primer lugar, en una clara definición normativa de cada una de las instituciones, tal y como se desprende de la Constitución, teniendo siempre en el punto de mira "evitar a cualquier trance los riesgos de su politización, para conservar su independencia y lograr su mayor dignidad y eficacia". También incluye la "adecuación urgente de las estructuras del aparato judicial a las necesidades presentes, mediante un esfuerzo presupuestario que aproxime los recursos destinados a esta actividad a los niveles de los países de nuestro próximo entorno". Para ello hace falta dinero, de ahí que el ministro de Justicia adelantara su voluntad de presentar al Gobierno una propuesta de presupuesto con destino a la administración de la justicia.Está considerada igualmente una nueva determinación de la demarcación judicial "que se ajuste a la real estructura social del país tras la promulgación de la ley de planta derivada, a su vez, de la orgánica del poder judicial". Y como prenda del planteamiento presentado anunció su intención de "proponer al Consejo de Ministros la creación de tres nuevos juzgados de primera instancia y siete de distrito, todos ellos en Galicia, conforme a lo estudiado por la audiencia territorial anteriormente".

Pío Cabanillas hizo referencia a la aprobación del anteproyecto de nueva ley de enjuiciamiento criminal, que el Gobierno ha remitido recientemente a las Cortes, así como a la aprobación en las próximas semanas de un plan escalonado de retribuciones complementarias del personal al servicio de la administración de justicia.

Capítulo importante del previsto plan de modernización de la justicia española constituye la dotación a las oficinas judiciales de un nuevo instrumental informático. La tecnificación anunciada, que comportará la instalación de terminales a lo largo del territorio nacional, se producirá en un período de diez años, que se iniciará en 1983. La inversión se elevará a unos tres mil millones de pesetas.

Finalmente, contempla el susodicho proyecto la urgente provisión de vacantes en las plantillas de los distintos cuerpos, una atención preferente a los profesionales colaboradores de la administración de justicia y la ordenación de mecanismos prelegislativos, mediante las oportunas reformas estructurales del propio Ministerio de Justicia, de la Comisión General de Codificación y del Instituto de Estudios Jurídicos.

Pío Cabanillas inauguró el sábado pasado el nuevo edificio de justicia en Tuy.

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