"No me voy a dejar influir por presiones corporativas"

Pregunta. ¿Cómo se puede explicar que después de cuatro años y de tres pactos sucesivos con el principal partido de la oposición, por parte de tres ministros diferentes, no pueda sacarse adelante una ley y que ahora se empiece a hablar de unos decretos que habrán de pactarse con los colectivos de profesores? ¿No es lógico extraer la conclusión de que la universidad está secuestrada por algunos de sus funcionarios?Respuesta. Para mí ha sido una gran contrariedad el que esta ley no haya salido adelante. Tengo que decir que ha habido una auténtica oleada en contra. Es cierto que únicamente se han oído las voces discrepantes y que estas voces eran, en la mayoría de los casos, contradictorias entre sí, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Porque se ha escrito constantemente en la Prensa que todo el mundo estaba contra la LAU, pero lo que no se ha ponderado es esta contraposición entre las críticas de unos y las de otros.

P. Pero esto precisamente es lo que debería avalar la validez de la ley. Se dice siempre de la Constitución que lo interesante de ella es que no pertenezca a ningún partido concreto.

R. Efectivamente, pero yo no quiero olvidar que en la carta famosa de los catedráticos se acababa diciendo que todos estaban en contra. Ha habido una excesiva ponderación de las voces, y no se han valorado los silencios. En medio de la avalancha de críticas, se ha llegado a decir que yo era ya el único que defendía obstinadamente el proyecto de ley, acompañado de algún miembro del partido socialista, tan obstinado como yo, al que por cierto se le achacaba la atribución en exclusiva de la ley, y eso tampoco es cierto. Como no lo es la afirmación de que este era un proyecto socialista.

Esta no era, evidentemente, una ley socialista. Había lógicamente una coincidencia de puntos de vista, porque, como usted acaba de decir, este es un proyecto que, de acuerdo con la actual distribución del poder en España, debía ser acordado con el gran partido de la oposición. Y así es como creo que deberá seguir procediéndose. Se ha tensado mucho el arco y se ha roto. Sería ingenuo, por otra parte, ocultar que ha habido una oposición firmísima a la ley dentro de UCD y por un grupo muy reducido, pero qué ha afirmado su punto de vista discrepante de manera constante y muy pertinaz.

P. Se ha hablado de la culpabilidad del PSOE en la retirada de la LAU, pero se sabe que ha habido miembros destacados de UCD que se han pasado los últimos meses ironizando sobre el tiempo que tardaría usted en dimitir. Parece que en su partido se practica con verdadera fruición el deporte del tiro al blanco con el ministro de Educación de turno.

R. Yo he estado trabajando tan intensamente no sólo en la ley de Autonomía Universitaria, sino también en muchas otras cuestiones de mi departamento, que no me he ocupado de lo que podíamos denominar la táctica del rumor y a veces incluso de la invectiva contra la labor del ministro de Educación y Ciencia, y concretamente contra sus planteamientos sobre la ley.

Creo que conozco suficientemente bien la universidad. Yo ahora estoy de ministro, pero soy universitario desde los veintidós años. Tengo la ventaja de conocer otros modelos universitarios, y no me voy a dejar influenciar por posiciones radicales de quienes consideran que el cambio es imposible, porque confunden el cambio de los elementos esenciales con el cambio que las instituciones requieren para adecuarse a las demandas de nuestra época. Yo le puedo asegurar que no me voy a dejar impresionar por toda esta serie de presiones y de adherencias a modelos absolutamente periclitados. A la universidad hay que dotarla de un cambio y hay que enfrentarlo de una manera prudentemente innovadora. Y no me voy a dejar influenciar ni por posiciones que no aceptan el cambio por principio, ni por quienes están llenos de recelos porque temen perder los privilegios que en estos momentos puedan ostentar, ni tampoco por posiciones de ideologías que yo no comparto y que tienden a otros modelos de universidad y de sociedad que tampoco comparto.

'No he hablado en ningún momento de culpabilidades'

P. Pese a que se ha hablado de la culpabilidad del PSOE en la retirada de la ley, ésta se ha venido pactando con este partido siempre, con mayor o menor acuerdo, por un ministro socialdemócrata, por un ministro democristiano, por un ministro... independiente, si es que usted acepta esta clasificación, dentro de lo que se vienen llamado habitualmente las familias de UCD. Entonces, uno se pregunta: ¿Qué alternativa queda ya? ¿Qué clase de ley se puede hacer para la universidad, desde el punto de vista de UCD? Parece esto un callejón sin salida.

R. No. Yo creo que la solución está en volver a dar a la institución universitaria el papel y la participación que quizá ha ido diluyéndose a lo largo del período tan dilatado de tiempo que hemos gastado en esta ley. Lo que ha pasado es que se ha estado constantemente alrededor de un mismo eje y que el remedio estaba en salirse del laberinto y empezar a pensar de nuevo en la solución del problema.

Pero debe quedar claro que yo no he hablado de culpabilidades en ningún momento. Yo he dicho que estábamos en un punto que, a pesar de todo, no se podía seguir adelante y que los equilibrios propios de una ley que necesita un respaldo suficiente estaban contribuyendo a estropearla, y que yo no podía contribuir a prolongar ni por un día más las expectativas de la universidad. Entre otras cosas, lo que no se podía hacer es decirles a los profesores no numerarios que vamos a esperar ocho, nueve meses, un año, que es el tiempo que vamos a necesitar para disponer de una nueva ley, para empezar a resolver sus problemas.

P. Bien, pero quizá no habría que hablar sólo para los universitarios. Usted dice que no ha habido culpabilidades, pero el hombre de la calle tal vez quiera saber cómo es posible que los intelectuales, quienes están en la teórica cúspide de la intelectualidad, no sean capaces en cuatro años de hacer una ley para adecuar la universidad a los tiempos que vivimos, que se pueda hacer una ley para el mundo del trabajo, para el Ejército, para la escuela, y que no se pueda hacer una ley para la universidad. ¿Qué es lo que pasa?

R. Pues lo que pasa es que debe reconducirse a través de quienes representan democráticamente a las universidades. Lo digo con toda sinceridad. Yo creo que precisamente por esta larga andadura ha llegado un momento en que han pesado más cuestiones que ya no tenían un contacto directo con la realidad universitaria que aquellas que emergen de la propia vida universitaria de cada día.

Yo comprendo muy bien su insistencia en la pregunta. ¿Qué pasa con la LAU, qué maleficio tiene? Pues el maleficio es que lleva demasiado tiempo fuera de su ámbito y fuera de su verdadero manantial, si es que en algún momento esta ley ha tenido este origen y este manantial de la propia institución universitaria...

'Las universidades son plenamente democráticas'P.

Pero -perdón por interrumpirle- parece que estamos volviendo otra vez a las Cortes orgánicas. La primera ley de la universidad que quiere hacer el Estado democrático, unas Cortes democráticas, no se puede hacer, y ¿cuál es la salida? ¿Una serie de medidas urgentes, como usted las ha llamado, vía decreto, pactadas puntualmente con todas y cada una de las corporaciones afectadas?

R. No hay que olvidar que las actuales universidades, sin excepción alguna, tienen una representación plenamente democrática. Es decir, que los rectores representan a las universidades. No estamos ni mucho menos en el supuesto de la democracia orgánica. Efectivamente, las leyes las hace el Parlamento, pero yo creo que después de todo lo que ha pasado con la ley anterior, lo que hay que hacer es volver a la inspiración inicial y esta inspiración tienen que darla unas corporaciones que en estos momentos son plenamente democráticas.

P. El artículo segundo del proyecto ahora retirado decía, de forma casi ofensiva para los universitarios, que la universidad no es propiedad de quienes en un momento determinado están en ella. Al final, uno tiene la impresión de que ese artículo tenía todo su sentido.

R. Yo creo que la universidad es una gran institución que cumple una función de primera magnitud, pero no caben ironías a este respecto. Desde luego, ese artículo habrá que mantenerlo en el nuevo proyecto, porque es cierto que hay algunos que piensan que la universidad es de ellos y además de forma exclusiva. Lo que no puede hacerse en modo alguno es escandalizarse porque ahora entremos en un proceso de consulta a las organizaciones y coordinadoras de profesores.

P. No quisiera que el ministro sacara la conclusión de que se esté criticando la apertura de un proceso de consultas con los profesores para resolver sus problemas. Lo que interesa saber es por quiénes y por qué se ha armado el gran escándalo en el momento en que se incorporaron al proyecto de ley algunas fórmulas que parecían intentar resolver el problema del profesorado no numerario.

R. No sería justo decir que sólo fue por el problema de los no numerarios. Es cierto que ha sido uno de los temas más polémicos, porque aquí caben todos los puntos de vista. Tenemos que leer con más frecuencia la Constitución, y no perder de vista que ella reconoce la autonomía de la universidad, pero también dice cómo debe ejercerse la función pública.

P. Pero si tantas suspicacias ha despertado la solución que se daba en la última redacción del proyecto a este problema y tanta virulencia ha suscitado, ¿quién asegura que por la vía de decreto se va a resolver y que la solución que se encuentre no vaya a generar mayores conflictos?

R. Porque es una solución más inmediata, porque una de las razones de que yo haya dicho al Gobierno que se había perdido el hilo conductor de esta ley era precisamente porque no se podía retrasar ni por un día más la solución de un problema que afecta a un colectivo cuyos contratos vencen anualmente. Eso por una parte y, por otra, como se trataba de soluciones propias de disposiciones transitorias, la nueva vía puede ser incluso más efectiva. Y tenemos que replantearnos el problema general del profesorado a la luz de lo que indica la Constitución. Porque cuando el artículo 103 dice que se accede a la función pública y ésta, como dice el artículo 3, es una función pública.

P. Yo le rogaría que me respondiese muy concretamente a esta pregunta: ¿Se puede hacer en este país una ley para la enseñanza, para la educación, que no esté mediatizada exclusivamente por los intereses Corporativos?

R. Sí, se puede hacer. Yo he demostrado que el Gobierno puede escuchar pero no seguir necesariamente las presiones de un lado y de otro y en un momento muy delicado para el destino de la LAU; yo hubiera podido utilizar la presión extraparlamentaria y no la utilicé. He consultado al Consejo de Rectores en un momento delicado, y al terminar, a pesar de que fue mayoritariamente favorable a la posición que yo en aquellos momentos representaba, precisamente por respeto al Parlamento dije que no quería que se hiciese público. Ya se encargaron, precisamente por estos intereses corporativos a los que usted alude, de hacerlo público, pero yo no lo hice. Yo tengo bien claro que en estos temas que tienen un profundo trasfondo técnico es necesario escuchar a todo el mundo, pero no dejarse llevar por presiones corporativas. Tiene usted toda la razón. Me he pasado todo un mes escuchando constantemente presiones y las que han predominado son las encaminadas a la defensa de los intereses corporativos, pero en esta defensa no me encontrarán nunca.