Definitivamente aprobada la ley de privatización de la cadena de periódicos del Estado .

El Pleno del Senado aprobó ayer el proyecto de ley de supresión del organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado (MCSE). En el debate fueron rechazadas todas las enmiendas planteadas por los socialistas, por lo que el proyecto queda definitivamente aprobado y listo para sanción real y publicación en el Boletín Oficial del Estado. La ley permitirá la enajenación de veintisiete periódicos propiedad del Estado, mediante subasta o adjudicación a los trabajadores que, constituidos en cooperativa, abonen la totalidad del valor peritado en el plazo de un mes.

El debate del proyecto comenzó en la sesión del Pleno del Senado del miércoles por la tarde. Los senadores de los grupos socialista, Cataluña, Democracia y Socialismo y socialistas andaluces pidieron el veto al proyecto, al comienzo del debate, argumentando que su texto vulnera el artículo 20 de la Constitución, que presupone la existencia de periódicos de titularidad estatal. Asimismo, consideraron los portavoces del PSOE que la ley imposibilita de hecho el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios, y que no se contempla ninguna medida para evitar que los periódicos vayan a parar a manos de grupos de presión, según informa Europa Press.Por su parte, los portavoces de UCD fundamentaron su apoyo a la ley en razones económicas, aduciendo las pérdidas de más de 2.000 millones anuales que ha tenido la cadena en los dos últimos años, y políticas, porque a juicio de los centristas carece de justificación el mantenimiento del organismo estatal de Prensa en un contexto pluralista y democrático. Todas las enmiendas fueron rechazadas con los votos de UCD, apoyados en la mayoría de los casos por los senadores vascos.

El articulado de la ley dispone que en un período de dos años se liquidarán los MCSE mediante subasta. Previamente a la celebración de ésta, los trabajadores de cada medio que, en una proporción igual o superior a los tres quintos de la plantilla, se constituyan en cooperativa o sociedad anónima laboral, podrán adquirir el periódico de que se trate por el valor peritado como base para la subasta. La adquisición deberá hacerse en el plazo de un mes y abonando la totalidad del importe.

La enajenación no supondrá alteración de las relaciones laborales e implicará la prórroga de los contratos de arrendamiento. Los medios de Prensa que no encuentren compradores en la subasta se cerrarán y liquidarán. El diario madrileño Pueblo queda excluido de esta ley, y será objeto de tratamiento separado.

No al Estado editor

Tras la aprobación del proyecto, la ministra de Cultura, Soledad Becerril, pronunció un discurso en el que abundó en las razones expuestas por los senadores de UCD. Entre otras cosas, afirmó que la ley "responde a una visión de la sociedad que intenta evitar que el estatismo ahogue la libertad individual", y sostuvo que "un Estado editor acabaría restringiendo el pluralismo informativo".

Soledad Becerril dijo que la libertad de expresión y el pluralismo resultarían dañados por la intervención del Estado, y que Ia continuidad de la herencia dejada por el régimen anterior nos parece una incoherencia con nuestra democracia". La ministra destacó que los trabajadores tienen prioridad para comprar los medios, y se opuso a la creación de una línea especial de crédito para ello, ya que se podría condicionar el estudio de la viabilidad económica del medio, aparte de que ya existen líneas de crédito para las cooperativas, a las que podrían acogerse estos trabajadores.

Por su parte, el Grupo Socialista hizo público al finalizar el Pleno un comunicado en el que señala que se ha aprobado "el proyecto ideal de la derecha: privatizar los medios en las mejores condiciones posibles y cargar sobre los Presupuestos del Estado los gastos de reconversión tecnológica y de la reestructuración del personal". Añaden los socialistas que la ley imposibilita que concurran a la subasta las comunidades autónomas, entes preautonómicos, diputaciones y ayuntamientos.

La nota socialista considera una falacia "presentar como incompatibles la coexistencia de Prensa pública al lado de la privada y el pluralismo democrático". El comunicado insiste en que los trabajadores no tienen posibilidad real de comprar los medios, al no facilitárseles líneas de crédito, y finalmente denuncia lo que entiende es "tergiversación de los resultados económicos", ya que "se ha tratado de presentar como déficit lo que en su mayor parte han sido gastos de inversión, sueldos de los trabajadores de los medios cerrados y que están adscritos a la Administración e incluso indemnizaciones a los trabajadores, sin contar con las deficiencias de su propia administración".