El fiscal anuncia que recurrirá la sentencia sobre el aborto del tribunal de Bilbao

Fermín Hernández Villarroya, que actuó como fiscal en el juicio celebrado el pasado día 16 en Bilbao contra once mujeres acusadas de varios delitos relacionados con el aborto, anunció ayer su intención de recurrir la sentencia dictada por la sección segunda de la Audiencia de Bilbao, que absuelve libremente si nueve de las acusadas y rebaja sensiblemente la pena solicitada para la principal encausada, Julia García, acusada de haber realizado "manipulaciones tendentes a interrumpir el embarazo de las otras nueve".

Fuentes jurídicas de la defensa consultadas opinaron al respecto que "por lamentable que pueda resultar este recurso, en la medida en que alarga aún más un proceso que dura ya seis años, y en el que se juzgan hechos ocurridos en ocasiones hace catorce años, su efecto puede ser positivo en el sentido de generalizar un debate urgente en el seno de la sociedad española. Sea cual fuere la postura que adopte el Tribunal Supremo, los argumentos incluidos en la sentencia de Bilbao permiten recurrir, a través del recurso de amparo, al Tribunal Constitucional, lo que situará el debate en un nivel que, en la práctica, estaba inédito hasta el presente, cual es el reconocimiento de los derechos constitucionales de la mujer a su libertad, su salud y su intimidad. De esta manera, lo que no hubiera pasado de ser una admirable sentencia para estudio de los especialistas se convierte, gracias al recurso de casación que prepara el fiscal, en factor desencadenante de un debate que, sin duda, influirá en los planes de modificación del Código Penal y en la discusión parlamentaria de la ley sobre el aborto". Hernandez Villarroya ha declarado que prepara un recurso de casación y un informe para enviarlo al Supremo.Los jueces se han limitado a hacer lo que debían

La intención del fiscal, conocida a primera hora de la tarde de ayer, enfrió un tanto el optimismo de las encausadas absueltas que, en una conferencia de Prensa celebrada la víspera, habían expresado su satisfacción ante la decisión del tribunal de Bilbao, si bien opinaron que "los jueces se han limitado a hacer lo que tenían que hacer, sobre todo por lo evidente que es eso que dice la sentencia sobre lo cerquita que está la frontera para las que tienen dinero para ir a abortar al extranjero".

En opinión de una de las juzgadas, la sentencia absolutoria debería haberse extendido a la mujer acusada de haber realizado los abortos, ya que "también para ella valía lo de estado de necesidad porque si lo hacía era debido a que sabía que nosotras, sus vecinas, a las que nos conocía, no teníamos otra salida que recurrir a ella. Además, no es cierto que Io hiciera por dinero, cuando se sabe que en las clínicas donde se realizan abortos cobran 50.000 pesetas y a nosotras nos cobró entre 800 y 5.000 pesetas, según los casos".

"Concretamente a mí", dijo una de las ;acusadas ahora absuelta, "me dijo que si no tenía dinero me lo haría gratis, porque sabía que andábamos mal. Luego, cuando me lo hizo, algo después, me dijio que ella también necesitaba el dinero y le pagué, pero eso no quita para que se hubiera ofrecido a hacerlo gratis".

Por lo demás, las portavoces de la "Asamblea de Mujeres", colectivo feminista que ha venido coordinando la campaña de solidaridad 31 que fue quien convocó la conferencia de Prensa, resaltaron, por una parte, la importancia que habían tenido las acciones de sensibilización y movilización popular realizadas, en el cambio de mentalidad de una parte importante de la población sobre el tema del aborto y, por otra, que algunos considerandos de la sentencia aproximan el punto de vista judicial al que desde hace años, vienen defendiendo el movimiento feminista. Tal sería el caso, en particular, de la mención hecha en la sentencia a la ausencia de centros de formación e información sexual, o la consideración que se hace a la libertad de la mujer para elegir si quiere o no proseguir su embarazo como criterio decisivo a la hora de la valoración final del supuesto delito.

Por su parte, el jesuita Antonio Beristain, catedrático de Derecho Penal de la facultad de Derecho de San Sebastián y autor de unas "Reflexiones teológicojurídicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo", publicadas en el anuario de Derecho Penal (diciembre de 1981), expresó a EL PAIS su satisfacción ante una sentencia que "globalmente es la más sensata producida hasta el momento en España respecto al tema del aborto". Tal sentencia "interpreta correctamente documentos jurídicos como la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, el texto de la Convención europea de 1950 o el reciente del Consejo de Europa -tan maliciosamente interpretado, sin embargo, por ciertos sectores reaccionarios-, que desde luego, al igual que la Constitución, no condenan el aborto, y en los que la cualidad de persona no se hace depender de presuntos criterios médicos, sino de criterios antropológicos y filosóficos: existe persona cuando existe relación personal entre el yo y el tú".

Aplicación de la eximente de estado de necesidad

Por lo demás, encuentra Beristain "plenamente justificada la aplicación al caso de la eximente de estado de necesidad ya que el juez no puede prescindir, al juzgar, de la situación social en que se produce el presunto delito, e incluso de la cosmovisión de las procesadas en el momento de producirse los hechos". El "carácter arcaico de un código que data de 1848, y que en lo relativo a la sexualidad recoge criterios más bien propios del siglo XVII obliga, por lo demás, a reinterpretar la norma a la luz de los principios constitucionales, aspecto éste en el que la sentencia no hace sino recoger la recomendación incluida en la memoria del fiscal general remitida al Gobierno el pasado 15 de septiembre".

En un terreno más general, Antonio Beristain, -que considera severa la pena impuesta a la abo rtera, y se muestra en abierto desacuerdo con que, en cualquier caso, la pena impuesta para este tipo de delitos sea la privación de libertad- piensa que la severidad de la normativa penal sobre el aborto constituye "una suprema muestra de hipocresía cuando, por ejemplo, se considera normal el armamentismo, es decir, la política deliberada de desviar recursos necesarios para que los niños no mueran de hambre hacia la fabricación de máquinas mortíferas".