El Gobierno busca un consenso sobre seguridad social

El Gobierno de UCD se ha mostrado dispuesto a consensuar sus planes racionalizadores de la Seguridad Social. Por acuerdo del último Consejo de Ministros, acaba de aceptar el debate parlamentario que propuso el PSOE hace casi dos meses, al enviar al Congreso en las últimas horas el material necesario: una comunicación y un libro amarillo que desarrolla las 63 medidas presentadas ayer a la Prensa por el vicepresidente económico, García Díez, y los ministros de Sanidad y Trabajo y Seguridad Social, Manuel Nuñez y Rodríguez Miranda.

De dichas medidas, que profundizan por concreción las propuestas el 9 de diciembre en las conversaciones con CEOE y sindicatos, terminadas el 31 de enero sin acuerdo, parece que sólo dos necesitarían el carácter de ley; es decir, respaldo parlamentario. Se trata, en primer lugar, del aumento de la financiación estatal desde el actual 15% al 17% por los Presupuestos para 1983 (en 1984 llegaría al 20%, con la implantación del Impuesto sobre el Valor Añadido); y, en segundo, de transformación del Instituto Nacional de Empleo (INEM) en órgano de promoción de empleo, transfiriendo a los Ministerios sus otras competencias.Sin embargo, al acogerse al artículo 198 del nuevo reglamento del Congreso y enviar las 63 medidas a examen en comisión y posterior debate en pleno, el Gobierno busca una resolución general aprobatoria, como en la reforma sanitaria de marzo 1980. Por ser actualmente precaria su mayoría, requerirá el apoyo de otros grupos. Según el ministro de Sanidad, la intención es que el debate no pase de mayo.

El asunto resulta de gran trascendencia, pues una de las medidas anuncia un sistema para actualizar anualmente todas las pensiones, "en función de los precios esperados para el ejercicio económico". El propio vicepresidente económico respondió a una pregunta que en 1983 subirán el porcentaje del Indice de Precios al Consumo esperado (en principio, el 10%). Las pensiones absorben más de la mitad de los gastos de la Seguridad Social, y su incremento se disparó en 1977 y 1979, años de anteriores elecciones generales. Hay, como se sabe, cinco millones de pensionistas.

El paquete de medidas no incluye cuadro alguno de proyecciones macroeconómicas, como recogía el documento de síntesis presentado al final de dichas conversaciones tripartitas por el profesor Fuentes Quintana (véase EL PAIS del domingo 7 de febrero). Pero sí toma de éste, entre otras ideas, el objetivo general de que en los próximos años el aumento de gastos de la Seguridad Social sea la suma de la inflación y el crecimiento económico; es decir, que se mantenga la actual participación del sistema en el Producto Interior Bruto (en torno al 16% de la producción y servicios nacionales). Igualmente, se deja la reforma en profundidad hasta que sea. definida por una comisión de expertos apartidistas.

Cinco ejes

Los ejes de la racionalización, según expuso el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Santiago Rodríguez Miranda, serán cinco: búsqueda del equilibrio económico del sistema, que tiene un déficit anual superior a los 100.000 millones de pesetas y si no se hiciera nada podría llegar en 1985 al billón, según estimaciones oficiales; clarificación y reordenación del sistema de pensiones para acercarlo al de la Comunidad Económica Europea; mejora de la gestión, para reducir costes y ganar eficacia; mayor disciplina financiera en los gastos, a través de la lucha contra el fraude y la reestructuración de prestaciones; y aproximación al sistema financiero de la CEE, con reducción del peso de las aportaciones empresariales para que no actúen de impuesto sobre el empleo.La menor presión contributiva se conseguirá vía aportaciones del Estado, ahorros por las reestructuraciones y estudio para la mejor equidad.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Manuel Núñez, dijo que la racionalización sanitaria pretende elevar el nivel de vida de la población acogida: 31.716.000 personas, el 83,41% de la población total.

De acuerdo con la resolución parlamentaria de marzo de 1980, la reforma será progresiva, para atender el objetivo de extenderla a todos los ciudadanos y acelerar el calendario inicial de 8 años. Para mejorar la calidad de los servicios y evitar desequilibrios territoriales y sociales, se reforzará la asistencia primaria.