El cese de los responsables de la Caja Rural de Santander, considerado como 'benevolente'

El Ministerio de Economía no ha considerado oportuna la inhabilitación, aunque sí el cese, del presidente, director general y consejo rector de la Caja Rural de Santander, aplicando "un criterio de benevolencia", a pesar de la propuesta hecha en ese sentido por el Banco de España. La decisión no deja de ser sorprendente cuando en la resolución del citado ministerio califica de "infracciones graves" y de "poner en peligro la estabilidad de la entidad", ciertas actividades de la Caja Rural cántabra.La destitución del consejo rector de la Caja Rural, su presidente, Amós Fernández y el director general, Tomás Mier, por el Ministerio de Economía, a propuesta del Banco de España, ha sido considerada por fuentes cooperativistas ligadas a la entidad como "una medida parcial" y que al no estar acompañada de inhabilitación para el desempeño de sus cargos "podría dar lugar a que estos señores recuperen sus puestos en un futuro inmediato". La intervención, hasta tanto la asamblea general elija nuevos órganos rectores, del Consorcio Nacional de Cajas Rurales, tampoco es, en opinión de las mismas fuentes, "una solución", considerando que la intervención de este organismo en la caja cántabra en los dos últimos meses "no tuvo ninguna efectividad concreta".

La situación social y económica de la Caja Rural es, según los mismos informantes, tan grave que se hace necesaria la intervención del Banco de España, "si se quiere evitar la bancarrota de la entidad y que miles de ganaderos cántabros pierdan sus ahorros".

En medios de la Diputación Regional se estima que esta posibilidad de intervención podría estar en el origen de "la lucha denodada, recurriendo a toda clase de métodos de presión, e involucrando en ello a la dirección nacional de UCD" por la presidencia de la Asamblea Regional, llevada a cabo por el parlamentario ce:ntrista Justo de las Cuevas. Como se recordará, éste, que sigue negando su vinculación a la Caja Rural, dispone, de acuerdo con los documentos que obran en poder de la "comisión de seguimiento de las irregularidades de la Caja Rural", de más de 170 millones de pesetas en créditos, de los que algunos se encuentran vencidos y otros no han sido devengados sus intereses.

Los hechos probados que se recogen en el expediente del Banco de España y que han dado lugar a la resolución del Ministerio de Economía de cesar en sus cargos de presidente, director general y consejeros de la entidad, abarcan desde el falseamiento de las cuentas de resultados en los últimos tres años, las concesiones de créditos a empresas no agrarias, que además han causado grave perjuicio económico a la entidad, pisando por el pago de extratipos con cargo a cuentas abiertas a nombre de cooperativas inexistentes y el traspaso de un inmovilizado de más de 105 millones a una cooperativa no registrada.